Las inmobiliarias gallegas alertan: los decretos de vivienda del Gobierno central están retirando pisos del mercado del alquiler en Galicia. La patronal del sector describe compraventas «paralizadas» y contratos de arras congelados en las dos ciudades más tensionadas, A Coruña y Santiago de Compostela.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno central aprobó esta semana dos decretos de vivienda; el más amplio ya está en vigor desde el jueves. Las inmobiliarias gallegas detectan la retirada de pisos del alquiler y compraventas para inversión paralizadas.
- ¿Quién está detrás? La Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin) y firmas como S2M Inmobiliaria; el Ejecutivo de Pedro Sánchez; la Xunta, que recurrió la ley estatal ante el Tribunal Constitucional.
- ¿Qué impacto tiene? El freno golpea sobre todo a A Coruña y Santiago, declaradas zonas tensionadas, y amenaza con extender la escasez de oferta al resto de Galicia.
Compraventas paralizadas y arras congeladas: el frenazo del mercado gallego
El presidente de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), Emilio García, asegura que las ventas que las agencias tenían previstas para estas dos últimas semanas «se paralizaron». El golpe no es general, sino que se concentra en un perfil muy concreto: el particular que compra un piso como inversión para después alquilarlo.
«Quien iba a comprar un piso para vivir, ese no, ese sigue adelante», constata García, también director de la inmobiliaria Galician Homes. Los contratos de arras que permanecen «parados» son, dice, los que «eran para inversión». La vivienda residencial, de momento, aguanta.
El efecto aterriza con especial fuerza en las dos ciudades gallegas declaradas como zona de mercado tensionado. Son, además, dos de las plazas, con más dinamismo inmobiliario de la comunidad. Pero el aviso de las agencias alcanza, en mayor o menor grado, al resto de urbes, y localidades.
Desde S2M Inmobiliaria, Emma Martínez, hasta hace poco presidenta de Agalin, habla sin matices de «retirada masiva» de viviendas del mercado del alquiler. La gente tiene miedo y prefiere tener el piso vacío o ponerlo en compraventa», afirma. La incertidumbre se ha instalado como principal inquilino del sector.
Galicia afronta los nuevos decretos con un mercado frágil: el 98% de sus pisos en alquiler pertenece a particulares que ahora dudan si seguir alquilando.
Decretos en vigor, convalidación pendiente y una cita con las urnas
El primer decreto —el más amplio, dedicado a proteger la función social de la vivienda y a ampliar la oferta asequible— ya está en vigor desde este jueves. El segundo, orientado a reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento, aguarda su convalidación. Ningún decreto ha sido todavía ratificado por las Cortes, y ahí está, precisamente, la raíz del problema.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció su intención de legislar en la penúltima semana de septiembre, tras el desahucio, el 23 de septiembre, de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en el mismo piso. Su fallecimiento, este mismo miércoles, ha reavivado en toda España el debate sobre el acceso a la vivienda.
En Galicia, el sector apunta a dos motivos detrás del frenazo: el «miedo» y el deseo de mantener la «disponibilidad» de las propiedades. «El pequeño propietario quiere disponibilidad», insiste García. Emma Martínez lo traduce a la economía doméstica: la gente «no quiere incentivos fiscales, quiere cobrar y luego poder disponer» de su vivienda.
Los datos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) respaldan esa lectura. Su director, Heriberto García, ha cifrado en un 98% los propietarios gallegos que alquilan siendo particulares o pequeñas sociedades limitadas con dos o tres viviendas. La ley estatal de vivienda de 2023 solo considera grandes tenedores a quienes acumulan diez inmuebles, o cinco en una zona declarada tensionada.
No es un detalle menor. El Tribunal Constitucional acaba de rechazar el recurso que la Xunta de Galicia presentó contra la ley estatal y subraya, en su resolución, que los grandes tenedores gozan de «un cierto estatus de dominio» del que carecen el resto de propietarios. La Administración autonómica que preside Alfonso Rueda trató de frenar por vía judicial una norma que ya condiciona el mercado gallego.
El Laboratorio Gallego
Galicia vuelve a funcionar como banco de pruebas. El PPdeG gobierna la Xunta con mayoría absoluta ininterrumpida desde 2009, y cada política estatal que aterriza en la comunidad se convierte en un termómetro de lo que puede ocurrir en el resto de España. Ahora, ese laboratorio mide algo incómodo: cómo reacciona un mercado de alquiler atomizado —el 98% en manos de particulares— ante una norma pensada, sobre todo, para las grandes capitales.
La dimensión nacional salta a la vista. El choque entre los decretos del Gobierno de Sánchez y la estrategia judicial de la Xunta reproduce, en clave gallega, el pulso entre el PSOE y el PP por la política de vivienda. La Xunta recurrió la ley estatal ante el Constitucional y perdió; ahora son los pequeños propietarios quienes retiran sus pisos. En el Parlamento de Galicia, el BNG, primera fuerza de la oposición, y el PSdeG siguen el asunto con posiciones divergentes.
La proyección depende de dos citas. La primera, la convalidación de los decretos en el Congreso, donde cada voto cuenta. La segunda, la próxima convocatoria electoral, que añade una variable más de incertidumbre a un sector que ya reconoce que «todo el mundo está a la expectativa». Si los pisos no vuelven al mercado, la escasez que hoy golpea a A Coruña y Santiago terminará llegando a Ourense, Lugo y Pontevedra.
Ficha del Caso
- El caso: Las inmobiliarias gallegas alertan de la retirada de pisos del alquiler y la parálisis de compraventas para inversión tras los dos decretos de vivienda del Gobierno central.
- Datos importantes: El 98% del alquiler en Galicia está en manos de particulares (IGVS); la ley de 2023 define al gran tenedor por 10 viviendas, o 5 en zona tensionada; A Coruña y Santiago son zonas tensionadas; el decreto principal está en vigor desde el jueves.
- Resumen: La norma estatal llega a un mercado atomizado y ya tensiona la oferta en las dos principales ciudades gallegas. La convalidación en el Congreso y la futura cita electoral marcan el próximo paso.
