EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El PP anuncia una reforma de la Ley de Extranjería para ejecutar devoluciones en un máximo de 48 horas en cuanto Feijóo presida el Gobierno y reclama a Moncloa el decreto con los 40 millones comprometidos para Ceuta.
- ¿Quién está detrás? La dirección de Alberto Núñez Feijóo, con Ester Muñoz y Borja Sémper en el argumentario, y el Ejecutivo ceutí que preside Juan Jesús Vivas.
- ¿Qué impacto tiene? Ceuta, que se declara en quiebra financiera, entra en el centro de la campaña del 29-N y el PP convierte la frontera sur en su primera carpeta de Gobierno.
El PP anuncia una reforma exprés de la Ley de Extranjería para Ceuta y reclama a Moncloa los 40 millones pendientes. La dirección de Alberto Núñez Feijóo sitúa la crisis de la ciudad autónoma como la primera carpeta de un hipotético Consejo de Ministros popular, con devoluciones ejecutadas en un plazo máximo de 48 horas.
Una reforma de 48 horas para el primer Consejo de Ministros popular
La portavoz nacional del partido, Ester Muñoz, ha garantizado que ‘no van a volver a pasar meses hasta que la gente que entra ilegal en nuestro país se vaya. Génova sostiene que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha negado de forma deliberada a aplicar ese mecanismo exprés pese a ser ‘totalmente viable’ dentro del ordenamiento jurídico europeo.
Feijóo eligió Ceuta, el pasado martes, para lanzar su ofensiva electoral. Fue su quinta visita desde ‘la invasión’. El vicesecretario de Cultura y portavoz nacional, Borja Sémper, ha asegurado que ‘ninguna ciudad española volverá a sentirse sola si es asaltada’ y ha advertido de que ‘España no puede absorber más inmigración irregular sin trabajo.
El partido ya presentó el 16 de julio una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, antes del asalto masivo de los pasados 30 y 31 de julio. Según la dirección popular, ‘el Gobierno la dejó parada en el Congreso’ y con aquella iniciativa, sostienen, ‘se habría evitado gran parte de la invasión.
En Bruselas, el Ejecutivo central votó en contra del nuevo reglamento europeo de retornos, que buscaba agilizar las expulsiones en el conjunto de la Unión. Tampoco activó los mecanismos de respuesta rápida que la legislación comunitaria pone a disposición de los Estados ante crisis fronterizas graves, tal como denunciaron hasta 22 primeros ministros en una carta conjunta a inicios de agosto.
Cada crisis fronteriza deja el mismo rastro: una ciudad que paga la factura mientras el decreto que la aliviaría sigue esperando en el Consejo de Ministros.
La Delegación del Gobierno en Ceuta ordenó paralizar el impulso a las ‘salidas voluntarias’ hacia Marruecos, el canal que permitía descongestionar el flujo en las primeras horas. Esa directriz congeló los retornos inmediatos y empujó a la ciudad, según su presidente, Juan Jesús Vivas, a ‘una crisis acumulativa sin precedentes’.
Ceuta, en quiebra: 2.857 menores y ni una sola devolución ejecutada
Ceuta no tiene constancia de ‘ningún expediente de devolución ejecutado’ ni de un calendario de retorno a la normalidad. Tras más de dos meses de crisis y poco más de 4.000 triajes realizados, el destino de no menos de 15.000 personas sigue congelado en la ciudad.
Ni una sola devolución.
El portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez, ha alertado de una sobreocupación del 9.750% en los recursos de menores tutelados: 2.857 menas alojados en 20 centros de emergencia, a fecha oficial del 8 de octubre. El consistorio teme la reacción de quienes rechacen ser filiados cuando reciban las notificaciones de expulsión.
Sobre la mesa, además, la factura económica. El Ejecutivo local se declara ‘en situación de quiebra financiera’ porque el Consejo de Ministros sigue retrasando el decreto con los 40 millones de euros prometidos para sufragar los sobrecostes en seguridad, residuos, y la restauración ambiental de la playa del Trampolín. Génova reclama que ese dinero llegue ya, sin más demora.
El Eje del Poder Popular
Ceuta es hoy el termómetro del discurso popular sobre inmigración. La dirección nacional ha convertido la ciudad autónoma en el escaparate de una política de Estado —control de fronteras, firmeza legal y respuesta inmediata— que Feijóo quiere proyectar al conjunto del país. Vivas es el barón en primera línea, pero el marco es compartido por los ejecutivos autonómicos populares, que llevan meses reclamando al Ministerio del Interior una coordinación que, denuncian desde el Ejecutivo ceutí, nunca llegó.
El aterrizaje territorial no admite matices. Las comunidades gobernadas por el PP comparten la tesis de que la política migratoria del Gobierno ha dejado solas a las administraciones que gestionan la primera línea. En el caso de Ceuta la cuenta es doble: la humanitaria y la financiera. La presión sobre los servicios sociales, los centros de menores y el sistema de residuos recae sobre un presupuesto local que no estaba diseñado para una emergencia de esta escala.
La lectura estratégica es clara. Con las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre, Génova ha decidido que la frontera sur sea uno de los ejes de la campaña. El precedente de mayo de 2021, cuando otra entrada masiva desbordó a la ciudad, dejó en el PP la convicción de que la respuesta del Estado llegó tarde. Esta vez el partido quiere llegar al Gobierno con la ley ya preparada y el primer Consejo de Ministros decidido. El riesgo, si Moncloa mantiene el bloqueo administrativo, es que Ceuta siga pagando sola la factura de una crisis que no provocó.
El reloj sigue corriendo.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Frente a la inacción del Gobierno, el PP presenta una alternativa de Estado con control de fronteras y respuesta inmediata.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP).
- Próximo hito: Las elecciones generales del 29 de noviembre, con la crisis de Ceuta como eje de campaña popular.
