EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo declara firme la condena de 10.000 euros impuesta al eurodiputado Alvise Pérez por lesionar el honor, la intimidad y la propia imagen del jefe superior de Policía de Canarias.
- ¿Quién está detrás? Un juzgado de primera instancia de Las Palmas de Gran Canaria, con el aval posterior de la Audiencia Provincial y el visto bueno final del alto tribunal, que inadmite el recurso de casación y carga las costas al condenado.
- ¿Qué impacto tiene? La resolución agota la vía civil, hace ejecutable la indemnización y obliga a mantener retirado el mensaje publicado en Telegram el 1 de marzo de 2023.
La condena de 10.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez por difamar al jefe superior de Policía de Canarias es ya firme. El Tribunal Supremo ha inadmitido su recurso de casación y cierra así una causa que arrancó en 2023.
El auto de inadmisión, conocido esta semana, pone fin a más de tres años de recorrido judicial. La resolución confirma íntegramente la sentencia de instancia, dictada por un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria y avalada después por la Audiencia Provincial. Al condenado le impone, además, el pago de las costas del proceso.
Todo nace de una publicación en la cuenta @AlvisePerez de Telegram, fechada el 1 de marzo de 2023. En ese mensaje aparecía la fotografía de Jesús María Gómez Martín junto al extracto de su currículum extraído de la página oficial de la Policía Nacional. A esa imagen se sumaba otra del jefe policial con con su pareja sentimental posando frente a un espejo.
Dos fotografías, un currículum y 670 comentarios
El texto que acompañaba a las imágenes no dejaba margen a la duda. “Aquí tenéis al Jefe Superior de Policía de Canarias recientemente nombrado por el PSOE junto a otra foto de alguien que ¿parece su gemelo?”, escribió. En el mismo mensaje añadía referencias a un ascenso posterior al conocido como el caso de las maletas de Delcy y Ábalos, y cerraba con una advertencia: “Vamos a por vosotros. Mañana, más”.
La publicación fue vista por decenas de miles de personas y acumuló más de 670 comentarios, muchos de ellos vejatorios, según subraya el Supremo en su resolución.
Difundir la foto y el currículum de un mando policial no es informar: es dictar una condena pública sin juicio previo.
Los tribunales canarios lo vieron igual. La primera instancia consideró que el eurodiputado había cometido una intromisión ilegítima en la intimidad y la propia imagen del mando policial, y le declaró responsable de los daños causados a su honor por los comentarios de terceros. La condena incluía retirar la publicación, difundir la sentencia y pagar 10.000 euros de indemnización.
Qué cambia ahora para el jefe superior de Policía
Con la inadmisión del recurso, la vía civil ordinaria queda agotada. El fallo es ya título ejecutivo: la indemnización puede reclamarse y la retirada del mensaje no admite más discusión. Al eurodiputado le queda, en teoría, la puerta del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, una vía reservada a la vulneración de derechos fundamentales como el derecho al honor. Que prospere es otra cosa.
La sentencia también deja un aviso para el debate público. El Tribunal Supremo distingue entre criticar a un cargo y exponer su vida privada, y recuerda que el derecho a la información no ampara la difusión de imágenes ajenas sin consentimiento. Aquí las cifras no mienten: 10.000 euros, más las costas, por un solo mensaje.
El Pulso Territorial
Canarias cierra este capítulo judicial con el foco puesto en su propio calendario. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias desde 2023, sostiene un ejecutivo de coalición.
Coalición Canaria (la formación nacionalista que ha gobernado el archipiélago durante tres décadas) y el PP comparten el ejecutivo autonómico desde 2023.
El Parlamento de Canarias (la cámara autonómica unicameral, con 70 escaños) mantiene intacto su equilibrio de fuerzas: ninguna formación ha convertido la sentencia en arma política.
La dimensión regional invita a otra lectura. Las comunidades que votaron en mayo de 2023 —entre ellas Canarias, Aragón, Asturias o Murcia— vuelven a las urnas en 2027, y cualquier fallo judicial sobre un eurodiputado se sigue con lupa desde las sedes autonómicas.
En una comunidad de más de dos millones de habitantes, el caso ha servido para medir la exposición pública de los mandos policiales: la jefatura superior coordina la seguridad en las dos provincias y su titular aparece identificado con nombre y apellidos en la resolución.
Lo que viene ahora es la ejecución de la sentencia y, si el condenado insiste, un amparo ante el Tribunal Constitucional que podría estirar el asunto más allá de 2027. Su admisión no está garantizada.
Ficha Autonómica
- El caso: El Supremo declara firme la condena a Alvise Pérez por publicar en Telegram la foto y el currículum del jefe superior de Policía de Canarias en marzo de 2023.
- Datos importantes: 10.000 euros de indemnización, retirada del mensaje, publicación de la sentencia y pago de las costas. Más de 670 comentarios acompañaron una publicación vista por decenas de miles de personas.
- Resumen: La vía civil queda agotada y la indemnización es ejecutable. Solo resta, si lo intenta, un amparo ante el Tribunal Constitucional.
