Un juzgado de Vitoria-Gasteiz obliga a Osakidetza y a Ambulancias Gipuzkoa a cubrir de forma solidaria las deudas salariales de Grup La Pau. La sentencia reconoce a un trabajador de Álava 2.595,25 euros y extiende la responsabilidad del impago a la Administración vasca y a la actual concesionaria del servicio.
Qué dice la sentencia sobre las deudas de Grup La Pau
El fallo del magistrado Ignacio Sánchez Morán confirma el derecho del demandante a ingresar esa cantidad y añade que, junto a la empresa catalana, son igualmente corresponsables la actual gestora del servicio en Álava, Ambulancias Gipuzkoa, y la propia Administración. El juez sostiene que ‘el empresario principal responde solidariamente’ de las obligaciones de una contratista y remarca que la nueva adjudicataria se subrogó a la plantilla anterior, con todas las consecuencias. Al tratarse de una resolución de instancia, el pronunciamiento es susceptible de recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
La compañía catalana, inmersa en un concurso de acreedores, no se personó en el procedimiento. Osakidetza y Ambulancias Gipuzkoa sí comparecieron y se opusieron a la demanda del empleado. El Ejecutivo autónomo está personado en esa insolvencia y reclama a la antigua adjudicataria 13,6 millones de euros.
Las cifras que maneja ESK y el calendario del nuevo contrato
El sindicato ESK eleva a un millón de euros la cantidad que podría tener que afrontar el Gobierno Vasco si el criterio del fallo se aplicara al conjunto de la plantilla afectada. En su comunicado, la central considera ‘claramente más favorable’ una publicación o una gestión directa del servicio que seguir, a su juicio, ‘despilfarrando’ recursos en cubrir los agujeros de la externalización.
Osakidetza tiene externalizadas las ambulancias programadas y urgentes en los tres territorios históricos. Su intención es contar con las nuevas contratistas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en enero de 2027, aunque el concurso se encuentra paralizado de forma cautelar por la cascada de recursos presentados ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, lo que podría alterar ese calendario.
El fallo extiende la responsabilidad del impago a la Administración y a la adjudicataria actual, un criterio que el sindicato ESK proyecta sobre el conjunto de la plantilla afectada.
ESK sostiene que este tipo de resoluciones vuelven a forzar a la Administración a asumir las deudas de una empresa privada y defiende la gestión directa del servicio. El pronunciamiento afecta por ahora a un único trabajador, de modo que su aplicación general dependerá de nuevas reclamaciones. El recurso a contratas para el transporte sanitario no es exclusivo de Euskadi: se trata de un modelo extendido en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, lo que sitúa el debate sobre la externalización más allá del caso vasco.
El precedente: dos años desde la salida de Grup La Pau
Hasta noviembre de 2024, Grup La Pau prestaba el servicio en Álava y Bizkaia, mientras que en Gipuzkoa operaba Ambulancias Gipuzkoa. La compañía catalana acumuló sanciones, irregularidades y deudas hasta que se rescindió anticipadamente su contrato. Uno de los detonantes de la marcha fue el impago del 75% de la paga extraordinaria del verano de 2024, aunque también se registraron atrasos, e impagos de nóminas ordinarias.
La salida de la firma catalana obligó a reorganizar la prestación: Ambulancias Gipuzkoa asumió también el servicio en Álava y en Bizkaia entró una nueva marca, Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) y las locales Baztan-Bidasoa. El próximo mes de noviembre se cumplirán dos años desde aquella rescisión.
La sentencia de las ambulancias de Osakidetza llega en plena tramitación del concurso para regularizar el servicio, bloqueado por las cautelares. Con el fallo ya dictado, la adjudicación definitiva del transporte sanitario en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa queda condicionada a lo que resuelva el órgano administrativo de recursos contractuales. La previsión del Servicio Vasco de Salud sigue siendo tener a las nuevas contratistas operativas en enero de 2027.
