La Comunidad de Madrid ha pedido al Ministerio del Interior una revisión urgente de VioGén. El argumento que sostiene esa petición es un dato incómodo: cuatro de las ocho mujeres asesinadas en la región durante el último año estaban catalogadas con riesgo bajo.
La cifra se puso encima de la mesa en la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género celebrada el viernes 9 de octubre, presidida por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y en la que también participó la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. Ambos trasladaron al Gobierno central la necesidad de revisar los cuestionarios de valoración, que siguen sin actualizarse, y los algoritmos que traducen esas respuestas en niveles de protección.
Qué significa que un expediente quede marcado con riesgo bajo
VioGén es el sistema estatal que evalúa y hace seguimiento a las víctimas de violencia de género. Su clasificación tiene consecuencias muy concretas. Un caso de riesgo extremo lleva aparejada vigilancia policial permanente. El riesgo alto implica un seguimiento frecuente, y aleatorio. Cuando la etiqueta es baja, la mujer sale de ese radar intensivo y queda con un control espaciado que depende de la carga de trabajo de cada unidad.
Ahí está el nudo. El caso de Marta, la joven de 21 años asesinada en Villaverde en octubre de 2025, lo resume: estaba incluida en el sistema, había presentado varias denuncias contra su expareja y tenía una orden de alejamiento en vigor que él había quebrantado en más de una ocasión. Su expediente seguía clasificado con riesgo bajo.
Los casos de septiembre apuntan en la misma dirección. El día 19 se localizó en Leganés el cadáver de una mujer de 34 años asesinada por su pareja, un hombre de 35 que huyó y fue detenido días después en San Juan, en la provincia de Alicante. No constaban denuncias previas. Ocho días antes, el 11 de septiembre, una mujer de 88 años fue asesinada por su marido en San Sebastián de los Reyes, donde ambos aparecieron muertos en su domicilio. Tampoco existían antecedentes por violencia de género.
Doce mil expedientes activos y solo 132 en riesgo alto o extremo
Los números que maneja la Consejería de Presidencia son elocuentes. La región tiene 12.851 casos activos registrados en VioGén y solo 132, alrededor del 1%, aparecen clasificados como riesgo alto o extremo. El resto se reparte entre las categorías intermedias y las bajas, las que no activan una vigilancia reforzada sobre la víctima.
Un sistema que acierta el nivel de peligro después del asesinato no protege a nadie: solo ordena el archivo.
A eso se suma el problema de los efectivos. Según los datos que trasladó el Ejecutivo autonómico, en España hay de media un agente por cada cien expedientes de violencia de género, una proporción que la Comunidad considera insuficiente para sostener una protección real. Y están las pulseras de control telemático: el año pasado se identificaron 40 posibles fallos en estos dispositivos en la región. Desde entonces, el Observatorio ha remitido cinco peticiones, a distintos ministerios, para exigir la sustitución de equipos, avisar del colapso de los juzgados especializados en violencia contra la mujer y revisar los protocolos de valoración del riesgo.
El pulso institucional va más allá de los protocolos. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid se ha personado hasta la fecha en 80 procedimientos judiciales relacionados con mujeres madrileñas asesinadas por sus parejas o exparejas. En paralelo, el Gobierno central ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico ejercite la acción popular que contempla el artículo 125 de la Constitución.
Por qué revisar el cuestionario no resuelve el problema de fondo
Analizamos esta petición con la perspectiva de los últimos años. El cuestionario de VioGén arrastra la misma estructura desde hace tiempo y su actualización se reclama en casi todas las mesas técnicas. Pero el instrumento no es el único cuello de botella. Un algoritmo afina la escala del peligro; lo que sostiene físicamente a una víctima es un agente con tiempo, un juzgado con capacidad y una respuesta rápida cuando la orden de alejamiento se incumple.
El precedente madrileño más claro es Villaverde. También lo es el goteo de escritos sin contestar: cuatro de las cinco peticiones remitidas por el Observatorio Regional siguen sin respuesta oficial. Otras comunidades han ido añadiendo instrumentos propios de detección, como el protocolo sanitario que se implantó primero en Lleida, aunque sin una revisión del sistema común la protección sigue pasando por el mismo embudo. Nada de eso es nuevo.
Hay un límite en la crítica que conviene señalar. La valoración del riesgo depende del Ministerio del Interior y la Comunidad gestiona los recursos de atención, acogida y asistencia jurídica, así que la reclamación autonómica es legítima pero no se puede quedar en el gesto. Y el recurso ante el Tribunal Constitucional ha convertido un asunto de seguridad en un rifirrafe competencial. Las víctimas no distinguen entre administraciones cuando marcan el 016.
El próximo hito no tiene fecha pública. El Ministerio del Interior mantiene sin responder cuatro de las cinco peticiones remitidas por el Observatorio Regional, y las consejerías implicadas sostienen que la revisión de los protocolos y de los dispositivos telemáticos no puede dilatarse más. Seguimos de cerca una cifra que, de no moverse, volverá a repetirse: la mitad de las mujeres asesinadas en la región no estaban bajo protección intensiva.
