EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Miles de personas han marchado este sábado en el centro de Londres, desde Victoria Embankment hasta el Parlamento, para exigir el embargo total de armas a Israel y el boicot comercial.
- ¿Quién está detrás? Plataformas propalestinas y activistas como Ismail Patel, de Friends of Al-Aqsa, que acusan a Downing Street de una respuesta ‘performática’.
- ¿Qué impacto tiene? Coloca a Keir Starmer ante el mismo dilema que afrontan Berlín, Roma y Madrid: hasta dónde se puede recortar el suministro sin romper la relación estratégica con Israel.
La marcha de Londres por el embargo de armas a Israel ha reunido a miles de personas frente al Parlamento británico. Los manifestantes exigen a Keir Starmer que corte el suministro militar y comercial con Israel, una demanda que Downing Street considera ya atendida en parte.
La protesta arrancó a mediodía en Victoria Embankment y avanzó hacia Westminster entre banderas palestinas, kufiyas, y pancartas con lemas como ‘End the genocide’, ‘Free Palestine’, ‘Disarm Israel, save lives’ y un irónico ‘Make empathy great again’. Entre los asistentes se coló, según las imágenes difundidas desde el centro de la capital, una pareja de recién casados que se sumó a la comitiva.
Qué exige la calle y qué concede ya Downing Street
No era una marcha más. La convocatoria llegó cuatro días después del tercer aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023 —cerca de 1.200 israelíes muertos y 250 personas tomadas como rehenes— y de la campaña militar israelí que vino después. La ONU calcula que alrededor de 1,98 millones de personas, el 90% de la población de Gaza, han sido desplazadas desde entonces, y buena parte de la infraestructura de agua y saneamiento del enclave ha quedado dañada o destruida.
Los convocantes concentran la exigencia en el cese total de las exportaciones de armamento y el boicot al comercio con Israel. ‘Las exigencias realistas son que las armas a Israel se detengan por completo y que se boicotee el comercio con Israel’, declaró a RT el periodista y comentarista político Syed Mohsin Abbas, presente en la manifestación y responsable del pódcast The Deep Dive Perspective. Abbas añadió que los manifestantes reclaman al Gobierno británico ‘esfuerzos mucho más contundentes’ para forzar a Israel a cumplir con el derecho internacional.
Downing Street sostiene que ya ha movido ficha. Mantiene suspendidas parte de las licencias de exportación de equipos que podrían emplearse en Gaza y ha restringido el comercio vinculado a los asentamientos israelíes en los territorios palestinos, negando autorizaciones a bienes que puedan contribuir materialmente a la ocupación. El paquete, sin embargo, no toca la parte más pesada del suministro, y los convocantes lo saben.
El embargo de armas ha dejado de ser una consigna de la calle para convertirse en un test de credibilidad para las capitales europeas.
Ismail Patel, responsable de la campaña británica Friends of Al-Aqsa (FOA), fue más explícito. A su juicio, las restricciones se limitan a lo vinculado a los asentamientos y evitan la decisión de fondo sobre armamento y comercio. Patel califica la postura del Ejecutivo de Starmer de ‘performática’: gestos con valor simbólico, sin consecuencias materiales para la maquinaria militar israelí.
El agujero del sistema de licencias británico
El régimen de licencias británico es, sobre el papel, uno de los más estrictos de Europa. Los criterios que el Reino Unido heredó de la Unión Europea obligan a denegar exportaciones cuando exista un riesgo claro de que el material se emplee para violar el derecho internacional humanitario.
En la práctica, ese filtro arrastra una excepción que ningún Gobierno ha querido tocar: los componentes de programas multinacionales como el caza F-35, ensamblados parcialmente en suelo británico y reinsertados después en una cadena de suministro que acaba en Israel. Se suspende la parte visible; se mantiene la invisible. El registro de transferencias internacionales que publica SIPRI permite seguir ese rastro año a año.
La comparación europea incomoda. Alemania, Italia y el Reino Unido concentran el grueso de las exportaciones europeas de defensa a Israel, mientras España mantiene desde finales de 2023 la suspensión de nuevas licencias de armamento. Bruselas tiene abierta, además, la revisión del artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel, la cláusula que subordina la relación comercial al respeto de los derechos humanos. Esa palanca sigue sin accionarse del todo.
Equilibrio de Poder
En Washington la lectura es casi opuesta. La administración de Donald Trump ha convertido el apoyo a Israel en un eje explícito de su política exterior y presiona a los aliados europeos para que no abran brechas en el suministro; cualquier restricción unilateral se interpreta como una grieta en el flanco occidental. Moscú observa el espectáculo con interés, porque cada fisura entre Europa y Estados Unidos alimenta su relato de la doble vara. Conviene retener un dato: la fuente principal de estas declaraciones, la cadena rusa RT, tiene incentivos propios para amplificar esa división. El hecho verificable es la protesta, y su tamaño.
Para España el asunto tiene dos derivaciones. La primera es de coherencia: si el Gobierno presume de un embargo de facto mientras la UE no cierra el comercio con Israel, la distancia entre el discurso y la letra del Acuerdo de Asociación reaparece en cada comparecencia parlamentaria. La segunda es industrial: los programas europeos —FCAS, Eurofighter, componentes de doble uso— operan con cadenas de suministro globales, y cualquier endurecimiento de licencias acaba repercutiendo en las empresas que participan en ellos. El precedente está en Marruecos, donde cada expediente de la JIMDDU, la junta interministerial que autoriza el material de defensa, genera meses de fricción.
A medio plazo, el movimiento que importa no está en Londres sino en Bruselas. Si la revisión del artículo 2 avanza hacia una suspensión parcial —algo que la Comisión Europea planteó formalmente hace alrededor de un año y que el Consejo nunca ha cerrado—, el marco de la relación comercial entre la UE e Israel cambiará de forma estructural, no simbólica.
Si se queda en el cajón, la marcha de este sábado se repetirá con el mismo guion el próximo otoño: la misma pancarta, el mismo recorrido, la misma respuesta. Ese es el escenario más probable. La presión existe. La mayoría, no. Hungría, la República Checa y Austria bloquean cualquier medida comercial contra Israel, y Alemania ejerce de freno silencioso.
Nadie espera que una manifestación cambie por sí sola una política de exportación. Tampoco que un Gobierno británico rompa el programa del F-35 por presión de la calle. Pero la protesta deja una fotografía útil: la sociedad civil ha entendido que la palanca no está en el discurso moral, sino en el expediente técnico de licencias. El hito a vigilar no es la próxima pancarta, sino la próxima votación del Consejo sobre el artículo 2. Ahí se decide si el embargo deja de ser un eslogan.
