Las ayudas a los combustibles en la UE han entrado en el radar de Bruselas. Ursula von der Leyen criticó esta semana ante el Parlamento Europeo las subvenciones indiscriminadas al carburante y colocó a Francia como modelo a seguir, en un aviso velado al descuento sobre el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) que aplica el Gobierno de España.
La presidenta de la Comisión Europea puso cifras al problema. ‘Desde finales de febrero, los precios del gas han aumentado un 140% y los precios del diésel se han duplicado’, señaló en el hemiciclo. En total, si hablamos de combustibles fósiles importados, este aumento cuesta a Europa 100.000 millones de euros adicionales.
Sobre esa factura energética, Von der Leyen marcó doctrina. ‘El apoyo tiene que ser específico: nada de ayudas generalizadas porque eso incrementaría la demanda, favorecería las rentas más altas y supondría unos costes enormes. En cambio, necesitamos un apoyo hecho a medida’, subrayó.
El aviso de Von der Leyen: 100.000 millones y un mensaje directo a España
El detonante del repunte fue el cierre del Estrecho de Ormuz tras la guerra en Irán, que empujó al barril de Brent a máximos y encadenó tres meses de subidas en los surtidores. Con ese telón de fondo, el mensaje de la presidenta de la Comisión no llegaba en el vacío: en abril, Bruselas ya había llamado la atención a España por aplicar un IVA del 10% en el primer paquete anticrisis, una fórmula que la Comisión consideró fuera de la normativa europea y que, a su juicio, mandaba ‘un mensaje equívoco a los ciudadanos’. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tuvo que replegarse y buscar otra vía.
La solución actual es un descuento progresivo sobre el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) que arranca en 20 céntimos por litro este mes de octubre y que se irá recortando según evolucione la inflación. Un esquema generalista, aplicable a cualquier conductor con independencia de su renta o de cuánto use el coche, que choca con la doctrina que Von der Leyen acaba de fijar en Estrasburgo.
Bruselas no prohíbe las ayudas al carburante: exige que se filtren por renta y kilometraje, y el descuento generalista español queda retratado en ese molde.
Francia cobra 100 euros por kilometraje; España descuenta 20 céntimos por litro
Francia ha optado por el cheque focalizado. Su Gobierno ofrece 100 euros a los trabajadores que necesitan el coche para ir al empleo, siempre que cumplan requisitos de kilometraje y renta. La ayuda equivale, según París, a unos 40 céntimos por litro durante seis meses. Para solicitarla hay que recorrer al menos 15 kilómetros por trayecto entre el domicilio y el trabajo, o sumar 8.000 kilómetros al año por actividad profesional. Los umbrales de renta van de los 2.035 euros netos para solteros hasta los 6.100 euros en parejas con dos hijos. París ha ampliado el programa hasta final de año.
Rumanía, el otro caso elogiado por Von der Leyen, combina revisiones fiscales periódicas con una rebaja del IVA de dos puntos. Portugal ha intervenido el impuesto sobre los productos petrolíferos, con un impacto de 23 céntimos por litro tanto en diésel como en gasolina. Alemania aprobó una bajada del impuesto energético que deja el diésel y la gasolina en unos 14 céntimos menos por litro, 17 si se cuenta el efecto del IVA, vigente hasta finales de año.
Italia es la excepción que mira al Consejo Europeo. El Ejecutivo de Giorgia Meloni no ha prorrogado las rebajas sobre el impuesto del diésel ni ha activado un mecanismo nuevo, lo que ha tensado los precios en los surtidores. Roma espera a la cumbre de líderes para mover ficha y reclama ‘indicaciones políticas claras y concretas’ antes de decidir.
El Eje del Poder Europeo
Lo que está sobre la mesa es una disputa de fondo sobre cómo se reparte el coste de la crisis energética. El eje franco-alemán defiende intervenciones acotadas a la renta y al uso real del vehículo: Berlín actúa vía impuesto energético y París, con cheques comprobables. Los países del sur, España entre ellos, tienden a la rebaja transversal porque es rápida, visible, y políticamente rentable, aunque la Comisión la considere inflacionaria. Los frugales del norte miran con desconfianza cualquier subvención al consumo: la ven como un parche que retrasa la transición y tensiona las cuentas públicas.
Para España el envite no es menor. El descuento sobre el IEH mueve cientos de millones de euros al mes y se aplica a un parque de más de 30 millones de vehículos, sin filtro de renta. Si Bruselas endurece el criterio —y el discurso de Von der Leyen apunta en esa dirección— Moncloa tendrá que rediseñar la ayuda, focalizarla y justificarla documentalmente. La oposición ya acusa al Gobierno de subvencionar a quienes más consumen, precisamente el argumento que la presidenta de la Comisión puso por escrito.
La lectura a cinco o diez años es la de una política energética europea que se desplaza del alivio universal al apoyo quirúrgico. Es el mismo patrón del Fit for 55 y del fondo social climático: menos cheque para todos, más ayuda condicionada. Si ese giro se consolida, países como España, Portugal o Italia —con un consumo más intensivo en carburante— cargarán con el coste político de explicar por qué renuncian a medidas que su ciudadanía percibe como inmediatas. Von der Leyen ha lanzado el marco; la próxima cumbre del Consejo Europeo decidirá si se convierte en norma o queda en declaración de intenciones.
