EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Abogacía General del Estado ha presentado la demanda para extinguir la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) al amparo de la Ley de Memoria Democrática. El Tribunal de Instancia de Madrid la ha admitido a trámite.
- ¿Quién está detrás? El Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, con el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez.
- ¿Qué impacto tiene? La jueza decidirá sobre la suspensión provisional de actividades tras la vista del 18 de diciembre, antes de que se constituya el nuevo Gobierno.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha activado la vía judicial para la extinción de la Fundación Francisco Franco. La Abogacía General del Estado presentó a comienzos de septiembre la demanda que arranca el procedimiento, y el Tribunal de Instancia de Madrid, en su Plaza nº58 de la Sección Civil, la admitió a trámite la pasada semana.
La medida llega seis meses después de que el Ministerio de Cultura instase formalmente la disolución de la entidad al calor de la Ley de Memoria Democrática. El expediente administrativo concluyó en abril con una resolución tajante: quedaba acreditado que el fin principal de la fundación era la apología del franquismo.
Qué pide la Abogacía del Estado y cuándo se decide
Los servicios jurídicos del Estado han solicitado la suspensión provisional de las actividades de la fundación hasta que se dicte sentencia, así como cuantas medidas resulten necesarias para asegurar la eficacia de esa interrupción. La vista de medidas cautelares ya tiene fecha: 18 de diciembre.
Una vez celebrada, la Ley de Enjuiciamiento Civil concede al tribunal cinco días para resolver mediante auto. Si se respetan los plazos, la decisión judicial se conocerá antes de que las Cortes salidas de las elecciones del 29N se constituyan, el próximo 23 de diciembre. El calendario no es casual: el Gobierno busca un pronunciamiento antes de que el nuevo Ejecutivo tome posesión.
La demanda se apoya en la disposición adicional quinta de la Ley de Memoria Democrática, que establece como causa de extinción de las fundaciones la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes. El texto completo está publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Una democracia que se respete no puede tolerar que una fundación privada enaltezca el golpe de Estado y la dictadura con respaldo legal.
La fundación nació cuando ni siquiera se había cumplido un año del fallecimiento del dictador. Se constituyó formalmente el 8 de octubre de 1976 sobre 226 fundadores, según consta en el Ministerio de Justicia. Entre ellos figuraban Carmen Franco Polo, hija del dictador y presidenta de honor hasta su muerte, Pilar Primo de Rivera y un nutrido grupo de empresarios, religiosos, militares, diplomáticos, y ministros del régimen.
Por qué la fundación nacida en 1976 afronta ahora su extinción
Sus fines declarados eran contribuir a la proyección del ideario del dictador, la exaltación de su vida como modelo de virtudes y la preservación de su legado. La Secretaría de Estado de Memoria concluyó en su informe que los fines culturales y educativos de la entidad eran meramente instrumentales de uno principal: dar una visión inequívocamente positiva de la dictadura.
La cautelar es solo el comienzo. La sentencia del tribunal de instancia podrá recurrirse ante la Audiencia y, después, en casación ante el Tribunal Supremo, último escalón al que la fundación ya ha mostrado disposición a llegar, igual que hizo para intentar frenar la exhumación del dictador. El precedente de la Fundación Arnedo Medina, en Valencia, se demoró casi cuatro años hasta que el Alto Tribunal dio la razón a la Generalitat.
El Eje del Poder Socialista
Ferraz y La Moncloa han convertido la memoria democrática en una de las patas centrales de la legislatura. La extinción de la Fundación Franco es el último capítulo de una estrategia que arrancó con la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos en 2019 y que ha continuado con la Ley de Memoria Democrática de 2022. El movimiento encaja en el argumentario que Sánchez ha repetido en cada cita institucional: la dignidad de las víctimas no admite excepciones.
El frente interno socialista permanece alineado. No hay fisuras visibles entre los barones autonómicos, y el Grupo Parlamentario Socialista ha respaldado sin matices la ofensiva memorialista cada vez que Vox la ha llevado al Pleno del Congreso. La oposición del PP y de Vox a la ilegalización de la fundación se convierte, en la lectura de Ferraz, en un aval indirecto del legado del franquismo.
El aterrizaje territorial es determinante. La Generalitat Valenciana ya marcó el camino con la Fundación Arnedo Medina, y los gobiernos autonómicos del PSOE han incorporado la memoria democrática a sus programas de educación y cultura. El riesgo, en cambio, es real y tiene fecha: si el PP y Vox suman mayoría absoluta el 29N, el próximo Ejecutivo podría desistir de la demanda y cerrar la causa. Solo el Protectorado puede pedir una extinción judicial, y ninguna asociación memorialista tendría legitimación activa para reactivar el procedimiento.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La dignidad de las víctimas del franquismo no admite excepciones ni plazos; la ley se aplica.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Vista de medidas cautelares el 18 de diciembre en el Tribunal de Instancia de Madrid.
