El Supremo rechaza el recurso del Gobierno y confirma que los nacionalizados por la ley de nietos no podrán votar el 29-N.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado la razón a Vox. Dos autos notificados este lunes desestiman las alegaciones de la Abogacía del Estado y ratifican la suspensión cautelar que el alto tribunal adoptó el pasado 10 de septiembre, cuando paralizó de forma provisional la inscripción de estos ciudadanos en el censo. La suspensión sigue, por tanto, plenamente vigente de cara a las urnas.
El origen de estas nacionalizaciones está en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos. Ese precepto permite a los descendientes de españoles obtener la nacionalidad por opción y, con ella, entrar en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
La tesis de Vox: el censo no se puede fabricar
La formación sostiene que inscribir en el CERA a los nacionalizados por esa vía antes de las elecciones del 29 de noviembre alteraría el cuerpo electoral. Su argumento de fondo es que la ley de nietos no puede operar como una puerta abierta para engordar el censo sin las garantías que exige cualquier proceso. Fue Vox quien impulsó la medida cautelar, y el partido defiende desde entonces que el censo no puede alterarse en plena precampaña.
El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha resumido la tesis del partido: ‘El Supremo ha hecho justicia. No se puede aceptar una alteración del censo electoral’. El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha celebrado el fallo con un mensaje más político: ‘Ahora les será más difícil robar las elecciones. No se puede fabricar votantes de manera ilegítima e ilegal’.
La instrucción al Instituto Nacional de Estadística (INE), del que depende la Oficina del Censo Electoral, es tajante: no inscribir a quienes hayan obtenido la nacionalidad de origen por esa vía y aún no figuren en el CERA. Para los ya inscritos, el tribunal mantiene la suspensión de sus efectos electorales en el proceso convocado por el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre.
El Supremo no resuelve el fondo, pero fija una regla clara: el censo no se amplía por la vía de la ley de nietos antes del 29-N.
Qué ha decidido el Supremo y cómo afecta al 29-N
Los dos autos desestiman las alegaciones de la Abogacía del Estado contra la medida cautelar del 10 de septiembre. El tribunal no entra aún en el fondo del asunto, pero mantiene el criterio y ordena al INE que se atenga a lo acordado. La restricción seguirá vigente el 29 de noviembre.
El Gobierno había pedido levantar la suspensión a través de la Abogacía del Estado. El Supremo ha desestimado esa pretensión en dos resoluciones y ha confirmado que la medida se mantiene. El Ejecutivo no ha logrado su objetivo.
La lectura estratégica: censo, campaña y pulso con el Gobierno
Con la campaña del 29-N ya en marcha, el fallo coloca el censo en el centro del debate. Vox explota un terreno que considera decisivo: la limpieza del proceso electoral. En ese marco, el partido trata de marcar perfil propio frente al Gobierno y frente a un PP al que quiere arrastrar a su terreno.
No es la primera vez que Vox gana esta batalla en los tribunales. La suspensión del 10 de septiembre ya fue una victoria arrancada por vía judicial, y el intento del Gobierno de revertirla se ha saldado con dos autos en contra. Sobre ese eje, el partido ha construido parte de su discurso de campaña, con la integridad del voto como argumento recurrente.
Con el censo ya fijado por la vía cautelar, la cita del 29 de noviembre se jugará con las reglas que Vox reclamaba. El partido suma una victoria más a su cartera judicial y traslada el debate desde la sala hasta la opinión pública. Queda por ver si el Gobierno insiste por otras vías, pero de momento el tribunal le ha cerrado la puerta.
