EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros aprueba un real decreto ley con una subvención directa superior a los 45 millones de euros para Ceuta y confirma el pago de unos 9 millones en ayudas a autónomos y pymes.
- ¿Quién está detrás? El ministro de Hacienda, Arcadi España, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
- ¿Qué impacto tiene? Blinda los servicios esenciales de la ciudad autónoma y la exime del plan económico-financiero si los gastos de la crisis migratoria desbordan sus cuentas.
El Gobierno aprueba en el Consejo de Ministros más de 45 millones para la financiación de Ceuta y blinda sus servicios esenciales. Un real decreto ley tramitado por la vía de urgencia articula la medida, después de semanas de diálogo con el Ejecutivo ceutí, que reclamaba un marco financiero excepcional para cerrar el ejercicio sin tensiones de tesorería.
Qué contiene el real decreto ley y por qué Ceuta queda fuera del plan económico-financiero
El texto articula una subvención directa superior a los 45 millones de euros: 40,6 millones para gastos corrientes y 4,6 millones para gastos de capital. Los fondos sufragarán servicios que la ciudad presta por mandato estatutario —medio ambiente, servicios sociales, salud pública, educación, seguridad, protección civil, abastos, mercados y lonjas entre otros—, incorporados al Estatuto de Autonomía y a la Ley de Bases del Régimen Local. Así lo ha detallado el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La segunda pata de la norma es contable. Los gastos extraordinarios derivados de la crisis se registrarán separados de los ordinarios ‘para tenerlos identificados’, en palabras del titular de Hacienda. Además, el real decreto ley exceptúa a Ceuta de formular un plan económico-financiero en 2026 o 2027 si esos desembolsos la llevan a incumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria o la regla de gasto, el límite legal al crecimiento del gasto público. ‘Con estas medidas acordadas, se garantiza la estabilidad financiera en estos meses y se podrán afrontar sin ninguna dificultad todos los gastos’, ha zanjado España.
El tejido económico ceutí recibe también oxígeno. El ministro ha cifrado en más de 1.900 las solicitudes presentadas para las ayudas a empresas y autónomos aprobadas el 1 de septiembre: 1.383 de personas físicas, en su mayoría autónomos, y 526 de personas jurídicas. Más de la mitad ya están tramitadas, y la Agencia Tributaria ingresa estos días alrededor de 9 millones de euros.
El Consejo de Ministros ha despachado además dos normas de perfil social: el II Plan de Acción de Juventud, con 12 ejes, más de 300 medidas y una inversión cercana a los 60.000 millones de euros hasta 2028, un 79% más que el plan anterior; y un real decreto que reconoce la asistencia jurídica inmediata a víctimas de violencia sexual, trata y terrorismo con independencia de su renta y sube un 50% la compensación de la abogacía y la procura.
La gestión de la crisis: playas desalojadas, 11.686 retornos y 3.019 menores atendidos
La portavoz del Gobierno ha puesto el foco en el giro operativo de las últimas semanas. Elma Saiz ha hablado de un ‘punto de inflexión’ tras el desalojo de las playas del Trampolín y de El Guano, y ha confirmado el objetivo de recuperar la franja litoral durante la primera quincena de octubre. Los datos de su ministerio, actualizados al 12 de octubre, son elocuentes: 4.432 personas han completado el triaje, 11.686 han regresado a Marruecos —10.161 por retorno voluntario y 525 por expulsión— y el Estado ha habilitado 7.477 plazas en recursos temporales de acogida.
La vía elegida no es el rescate financiero, sino el reconocimiento de que el gasto extraordinario de Ceuta no puede pagarse con recortes sociales.
En el capítulo de menores, 3.019 se encuentran atendidos en el sistema de protección autonómico. Otros 89 han sido reubicados en la Península por reagrupación familiar y 173 trasladados a distintas comunidades en aplicación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, la vía legal que permite derivar a menores no acompañados cuando un territorio supera su capacidad de acogida. Se han remitido 35 expedientes a Marruecos.
En el ámbito sanitario, 4.540 personas han sido vacunadas y siguen ocupadas 98 camas hospitalarias de las 210 disponibles, de las que solo 22 corresponden a personas inmigrantes. Saiz ha respondido también a las preguntas sobre la gestión informativa del episodio: defiende como un ‘hecho puntual’ que el Ejecutivo no comunicara en julio la presencia de buques marroquíes en aguas próximas a Ceuta, y subraya que la prioridad fue la coordinación operativa sobre el terreno. La portavoz ha calificado de ‘histórico’ el viaje de los Reyes a Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre.
El Eje del Poder Socialista
El Consejo de Ministros de este martes tiene una lectura de partido que Ferraz no ha explicitado pero que atraviesa la comparecencia entera: el Gobierno coloca a Ceuta en el centro de su relato de cohesión territorial mientras el PP intenta convertir la crisis migratoria en un pleito de gestión. La respuesta socialista llega por la vía del dinero y de la excepción normativa. Es la misma lógica que Moncloa aplicó en mayo de 2021, cuando la llegada masiva de personas a la ciudad tras la relajación de los controles marroquíes se respondió con refuerzo policial, fondos extraordinarios y visita de la cúpula del Ejecutivo. Cinco años después, el manual apenas ha variado. Primero se sostienen los servicios públicos; después, el relato. Pedro Sánchez mantiene un perfil de respuesta ejecutiva que la dirección federal ha convertido en seña de identidad.
En clave interna, la norma refuerza a los ministros que sostienen la respuesta territorial —España en Hacienda, Saiz en Migraciones— y entrega argumentos a los barones que defienden un trato singular para los territorios con sobrecoste estructural, con Emiliano García-Page como voz más reconocible. Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y la Cataluña de Salvador Illa observan con atención cualquier precedente de excepción contable: si Ceuta puede quedar fuera del plan económico-financiero por gastos extraordinarios, la pregunta de fondo es qué se considera extraordinario y quién lo certifica. Los números están sobre la mesa. El reparto de los 173 menores derivados mantiene abierto el flanco de la solidaridad interterritorial, donde Ferraz ha hecho bandera de la corresponsabilidad.
El riesgo inmediato tiene fecha. El real decreto ley (norma con rango de ley que el Gobierno aprueba en Consejo de Ministros y que el Congreso debe convalidar en un plazo de treinta días) pasará por el Pleno de la Cámara Baja con la mayoría que sostiene al Ejecutivo, y cada comparecencia sobre los buques de julio o sobre el reparto de menores será una ventana para instalar la sospecha de opacidad. Frente a eso, el argumentario de Ferraz se apoya en datos: 11.686 retornos, 7.477 plazas habilitadas, la franja litoral recuperada y más de 45 millones ya comprometidos. La próxima estación es la convalidación.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El Gobierno responde a la crisis de Ceuta con financiación y servicios públicos, no con recortes ni con bronca política.
- Protagonista: Arcadi España (ministro de Hacienda) y Elma Saiz (ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno).
- Próximo hito: Convalidación del real decreto ley en el Congreso dentro del plazo de treinta días.
