El Gobierno trabaja en un nuevo real decreto sobre la financiación y los impuestos de RTVE que no tendrá que pasar por el Congreso, según ha informado Europa Press este martes 13 de octubre.
La norma es un real decreto ordinario que modifica las reglas de financiación de la corporación pública. No es un proyecto de ley ni un real decreto-ley (norma con rango de ley que el Gobierno aprueba por urgencia y que el Congreso debe convalidar): se aprueba en el Consejo de Ministros y entra en vigor tras su publicación en el BOE, sin votación previa en la Cámara Baja.
Fuentes sindicales consultadas por Europa Press han informado de que Radio Televisión Española trasladó a los trabajadores, en una reunión del Comité de Intercentros celebrada la semana pasada, que el proyecto ya ha sido aprobado por el Ministerio de Hacienda que dirige Arcadi España y que está pendiente de su paso por el Consejo de Ministros (el órgano colegiado del Ejecutivo que aprueba decretos y proyectos de ley).
Las claves del decreto: qué impuestos entran en el cálculo
El texto modifica el Real Decreto 1004/2010, de 5 de agosto, que desarrolla la Ley 8/2009 de financiación de la corporación. Su objetivo es precisar cómo se determina el coste neto del servicio público audiovisual. El trámite es reglamentario, no legislativo.
La redacción que propone el Gobierno es concreta: «formarán parte de los costes del servicio público los tributos efectivamente soportados por RTVE que no resulten deducibles, recuperables o compensables conforme a la normativa tributaria aplicable».
- Los tributos que RTVE no pueda deducirse se computan como coste del servicio público audiovisual estatal.
- El importe de esos tributos se integra en el cálculo del coste neto y se compensa según la ley de financiación.
- La compensación no puede generar sobrecompensación: el excedente se ingresa en el Tesoro Público.
El proyecto añade un segundo supuesto. También formarán parte de los costes los importes de esos tributos cuando su existencia o su cuantía se determine con posterioridad al ejercicio al que se refieren, ya sea por un cambio normativo, por un criterio administrativo, o por un pronunciamiento judicial.
Los impuestos que RTVE no puede deducirse dejan de ser gasto perdido: el decreto los reconoce como coste del servicio público y los hace compensables.
El límite es expreso. La compensación no podrá dar lugar, en ningún caso, a una sobrecompensación de las obligaciones de servicio público de RTVE. El artículo 8 fija que el excedente de ingresos que supere ese tope se ingresará en el Tesoro Público.
Por qué no pasa por el Congreso y qué intentó antes el Gobierno
La clave está en la ley que el decreto desarrolla. La Ley 8/2009 habilita al Gobierno a regularla sin votación parlamentaria, al permitirle dictar las disposiciones necesarias para su ejecución. Por esa vía, la reforma se tramita como norma reglamentaria y no requiere aprobación del Congreso.
No es el primer intento. En julio, la Cámara Baja rechazó la convalidación (el visto bueno del Congreso a un decreto-ley ya vigente) del real decreto-ley de medidas para garantizar la prestación del servicio público encomendado a RTVE. Con aquel texto, el Ejecutivo modificaba la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal.
Los próximos pasos hasta el BOE
El texto fue sometido a información pública el pasado 2 de octubre, según el expediente al que ha tenido acceso Europa Press. Según las fuentes sindicales, el Ministerio de Hacienda ya ha dado su visto bueno y el proyecto espera ahora su turno en el Consejo de Ministros.
El calendario depende de ese trámite. Una vez aprobado, el decreto entrará en vigor con su publicación en el BOE. El Gobierno sostiene que la norma responde a los principios de necesidad y eficacia de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, y que contribuye a una aplicación uniforme del régimen de determinación del coste neto.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Gobierno prepara un real decreto sobre la financiación y los impuestos de RTVE sin pasar por el Congreso.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio de Hacienda, que dirige Arcadi España, y los ministerios de Transformación Digital y de la Presidencia, que impulsan la norma.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El texto espera su aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el BOE tras pasar información pública.
