EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone que las universidades paguen 70.000 dólares por cada titulado internacional al que recomienden para el OPT, el programa de prácticas de los estudiantes con visado F-1, más 30.000 por cada ventana adicional. El dinero iría al Tesoro.
- ¿Quién está detrás? La administración de Donald Trump y el ala restrictiva del Partido Republicano, con el senador Eric Schmitt como promotor de la revisión desde noviembre de 2025.
- ¿Qué impacto tiene? La tasa OPT para internacionales encarece el programa hasta hacerlo inviable para la mayoría de titulados, españoles incluidos, y empuja a las empresas hacia la H-1B.
El DHS quiere cobrar 70.000 dólares a las universidades por cada titulado internacional al que recomienden para el OPT. La propuesta no deroga el programa de prácticas que sostiene el primer empleo de miles de estudiantes con visado F-1: lo encarece hasta dejarlo casi sin uso.
Qué propone el DHS: 70.000 dólares por avalar a un titulado y 30.000 más por cada ventana
El Optional Practical Training (OPT, la Formación Práctica Opcional) es el cauce por el que un titulado con visado F-1 trabaja en Estados Unidos al terminar sus estudios. No es un visado en sentido estricto: es una recomendación de la universidad que habilita al estudiante para emplearse durante un periodo limitado. La propuesta convierte esa recomendación en un cheque de 70.000 dólares que firma la universidad, no el empleador.
El dinero se depositaría en el Tesoro de Estados Unidos. Si el titulado activa una segunda ventana de OPT, la institución académica suma 30.000 dólares adicionales. Un portavoz del DHS defendió que el programa ‘nunca pretendió ser una puerta trasera al mercado laboral americano, una subvención a la mano de obra barata ni un premio para quienes juegan con las reglas’.
Detrás del argumento oficial sobre el fraude están los centros de trabajo problemáticos y los esquemas de ‘pago por permanencia’ que el departamento cita en su texto. El senador Eric Schmitt lleva desde noviembre de 2025 describiendo el OPT como ‘una puerta trasera al mercado laboral’ que incentiva a las universidades a convertirse en fábricas de visados. La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, le respondió a comienzos de este año que el departamento estaba reevaluando el programa.
El expediente llevaba años abierto.
Qué cambia para los titulados españoles y para las empresas con intereses en EE. UU.
En la práctica, el efecto es más contundente que la letra. Ninguna universidad americana va a pagar 70.000 dólares por avalar a un recién titulado salvo en casos excepcionales. El abogado de inmigración Rahul Reddy lo resume así: ‘La propuesta no deroga formalmente el OPT, pero puede reducirlo drásticamente y hacerlo inviable para un gran número de titulados internacionales’. Reddy sitúa la posible entrada en vigor en torno a la temporada de graduaciones de 2027.
Washington no cierra el OPT por decreto: lo estrangula con una tasa que ninguna universidad americana va a firmar por un recién titulado.
Para los españoles que cursan un máster en Estados Unidos, el cálculo cambia de golpe. Muchos se forman, en ingenierías, datos o biotecnología, y usan el OPT como puente hacia su primer empleo cualificado; ahora dependerán de que su universidad acepte asumir el coste. Cambia el destino, no el talento, y Londres, Toronto o Zúrich ya compiten por él.
Las empresas españolas con intereses a ambos lados del Atlántico pierden la vía más barata para incorporar talento formado en el país. Es el caso de Santander y de Inditex, pero también el de los grupos energéticos y de infraestructuras que nutren sus filiales americanas con perfiles técnicos. La alternativa es la H-1B, el visado especializado que se sortea y que obliga al empleador a asumir más costes y trámites. Aquí no hay excepción europea.
La Lógica de Washington
La clave está en la naturaleza jurídica del programa. El OPT no lo creó una ley: nació y se ha ampliado por vía reglamentaria, así que el DHS puede reescribirlo sin pasar por el Congreso. Eso explica por qué la administración eligió una tasa en lugar de una reforma legal, que exigiría 60 votos en el Senado por el filibusterismo, el mecanismo que bloquea la mayoría simple de 51. La coalición que sostiene la medida une al ala restrictiva del partido con el senador Eric Schmitt, que lleva un año pidiendo el fin del programa tal y como lo conocemos.
Enfrente está el ala empresarial del Partido Republicano, las tecnológicas y las cámaras de comercio, que advierten de que el país perderá al talento que no produce. El vicepresidente JD Vance ha hecho de la sustitución de trabajadores americanos uno de sus ejes públicos. El partido quiere menos inmigración no cualificada y más ingenieros, y cada medida que encarece la primera vía encarece también la segunda. Ese equilibrio no existe.
El precedente americano que mejor explica el movimiento no está en la política comercial, sino en la inmigratoria. Cuando las grandes reformas integrales de 2007 y 2013 murieron en el Congreso, la Casa Blanca empezó a gobernar el sistema por regulación: primero con la acción diferida de 2012 y después, con el signo contrario, desde 2017. Si no hay ley, hay reglamento, y quien controla el reglamento controla el programa.
Para España, el cálculo es incómodo. Los titulados que se quedan en EE. UU. sostienen buena parte del puente tecnológico y empresarial entre los dos países, y su regreso no está garantizado. El texto puede consultarse en el Federal Register y los comentarios públicos se admiten hasta el 9 de noviembre; después, el DHS puede publicar la regla definitiva. La incógnita es judicial. Washington no pide permiso.
Ficha del Caso
- El caso: El DHS propone que las universidades paguen 70.000 dólares por cada titulado internacional al que recomienden para el OPT, el programa de prácticas posterior al título.
- Datos clave: 70.000 dólares de tasa base; 30.000 más por cada ventana adicional; el dinero va al Tesoro; comentarios públicos abiertos hasta el 9 de noviembre; aplicación posible en torno a la temporada de graduaciones de 2027.
- Para España: encarece o cierra la vía más usada por los titulados españoles en EE. UU. y complica la contratación de ese talento por parte de grupos como Santander o Ferrovial.
