EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Tres asociaciones de usuarios de banca han escrito al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y al gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, para advertir de que el euro digital no incluirá un reembolso por fraude equiparable al de las tarjetas de crédito.
- ¿Quién está detrás? Firman CECU, Asufin y la europea BEUC. El diseño del reglamento se negocia en trílogo entre Parlamento Europeo, Comisión y Consejo.
- ¿Qué impacto tiene? Sin reembolso, la divisa digital quedaría casi limitada a los pagos entre particulares y perdería la batalla frente a Visa y MasterCard.
El euro digital no protegerá frente al fraude como lo hace una tarjeta, y los consumidores ya lo han advertido por escrito a Cuerpo y a Escrivá.
Tres asociaciones de usuarios de banca —CECU, Asufin y la europea BEUC— han remitido sendas cartas al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y al gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. El contenido es incómodo para Moncloa: el proyecto de moneda digital europea no contempla un mecanismo de reembolso equiparable al de los medios de pago privados. Las misivas han llegado también al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.
El diagnóstico que trasladan es duro. Hablan de riesgos derivados de un ‘mal diseño’ y sostienen que, de mantenerse así, la nueva divisa quedará prácticamente limitada a los pagos entre particulares, sin recorrido real en las transacciones con terceros. Un euro digital que no cubre al comprador online es, en la práctica, medio euro digital.
Qué significa exactamente que no haya reembolso
La comparación que utilizan las asociaciones es la de las tarjetas. En las operaciones con tarjeta, el usuario asume de media solo el 35% de las pérdidas en caso de fraude, según los informes de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y del Banco Central Europeo que citan en sus escritos. En el euro digital, esa red de seguridad desaparece.
La razón está en la posición del Consejo, que según los consumidores hace recaer sobre el usuario la mayor parte de las pérdidas cuando hay fraude o problemas frente a terceros, como los que surgen al pagar una compra online que nunca llega o que llega defectuosa. Al euro digital se le aplicarían las normas de la directiva de Servicios de Pago —el marco común que regula transferencias y pagos electrónicos en la UE—, un texto que deja fuera las disputas comerciales: bienes defectuosos, bienes que nunca se entregaron, o fraudes en la propia operación.
La consecuencia es doble. Primero, el nivel de protección del consumidor queda por debajo del que ya tiene con cualquier Visa. Segundo, y más grave para Bruselas, el alcance del euro digital se estrecha y su adopción se complica justo cuando el proyecto necesita masa crítica.
Un euro digital que no devuelve el dinero robado no compite con Visa ni con MasterCard: compite con la confianza del usuario, y esa batalla se pierde por la vía rápida.
El artículo 27 y el pulso entre la Eurocámara y los Estados
El Parlamento Europeo ya ha fijado posición. En el artículo 27 de su reglamento sobre el euro digital, la Eurocámara contempla el mecanismo de reembolso a un nivel similar al de los sistemas internacionales de tarjetas de pago. Es decir, el listón que reclaman CECU, Asufin y BEUC ya existe en el texto que defiende Estrasburgo.
El Consejo, en cambio, resiste. El trílogo —la negociación a tres entre Comisión, Consejo y Parlamento que fija la versión final de cada ley europea— está en su fase decisiva, y el punto del reembolso es uno de los que pueden decidir el equilibrio del conjunto. Lo que salga de ahí no es un detalle técnico menor: marca la diferencia entre una divisa que se usa y una que simplemente se instala.
Las asociaciones añaden un argumento de soberanía que incomoda especialmente en Bruselas. Advierten de un posible ‘daño reputacional al proyecto del euro digital’ si el ciudadano duda de su capacidad para competir con los sistemas internacionales de tarjetas y, por tanto, de su utilidad como solución soberana europea. La Comisión Europea y el BCE llevan años insistiendo en la necesidad de un sistema de pagos alternativo a Visa y MasterCard. Sin reembolso, ese relato se les cae.
El Eje del Poder Europeo
Aquí se cruzan dos pulsos. El primero, entre el eje franco-alemán y el resto. París lleva tiempo empujando el euro digital como pieza de autonomía estratégica; Berlín, más pendiente de los límites de tenencia y de la privacidad, no ha movido ficha con la misma convicción. Los frugales del norte —Países Bajos, Dinamarca, Austria— miran el proyecto con recelo por coste e interferencia en su banca. El Sur, con España e Italia a la cabeza, se juega más en la adopción final que en el diseño institucional.
El segundo pulso es institucional: Eurocámara contra Consejo. En el reglamento de Inteligencia Artificial o en el de Restauración de la Naturaleza vimos la misma geometría. Cuando el Parlamento sube el listón de protección y los Estados lo bajan, el trílogo se atasca o se cierra por la vía mínima. Recordemos el precedente de la directiva de Servicios de Pago revisada, donde la Eurocámara arrancó una vuelta de tuerca sobre la verificación del cliente que varios Estados habían intentado rebajar. El euro digital va camino de repetir el patrón.
Para España, el impacto tiene dos capas. La primera es de protección al consumidor: si el reglamento final se queda sin reembolso, el usuario español tendrá menos cobertura en el pago público que en el privado, algo difícil de explicar en un país donde la banca ha construido Bizum como solución doméstica de éxito y donde la cultura del pago digital ya está asentada. La segunda es competitiva: las entidades españolas tendrán que invertir en adaptarse a un instrumento cuya adopción dependerá de la confianza, y el listón del 35% de pérdidas que ya asume el usuario con tarjeta es el que nadie quiere bajar.
El riesgo inmediato es de bloqueo. Si el Consejo sostiene su línea y la Eurocámara no cede, el texto puede salir con un reembolso descafeinado, y el euro digital nacerá cojo. La próxima ventana crítica es el tramo final del trílogo, antes de que acabe el año y con la presidencia irlandesa del Consejo pilotando las reuniones técnicas. Después llegará el pleno de Estrasburgo. Y ahí ya no habrá margen para enmiendas de diseño.
