El Falcon del Grupo 45 del Ejército del Aire se ha convertido en uno de los símbolos más incómodos del Gobierno de Pedro Sánchez. Sus vuelos han alimentado desde 2018 un goteo de polémicas por el uso de aeronaves oficiales en desplazamientos que mezclan agenda institucional y actividad de partido. Solo entre 2023 y 2024 se contabilizan 122 vuelos del presidente, y Moncloa nunca ha detallado quién sube a ellos ni cuánto cuestan. El PP ha registrado preguntas en el Congreso y el Senado por estos usos.
El criterio de la lista combina dos elementos: que el motivo oficial del vuelo resulte difícil de sostener y que el Ejecutivo haya preferido blindar la información —en vía administrativa o ante los tribunales— antes que desvelarla. Abre el viaje al FIB de Benicàssim en julio de 2018 para ver a The Killers, el episodio fundacional, y cierra la relación de pasajeros que Presidencia nunca entrega. No están todos los desplazamientos discutidos, solo los cinco que mejor ilustran ese patrón.
1El vuelo cuyo motivo Moncloa blindó en los tribunales antes que desvelarlo
El viaje al Festival Internacional de Benicàssim (FIB) de julio de 2018, para ver a The Killers, es el episodio que da sentido a este punto de la lista. Pedro Sánchez usó un Falcon del Grupo 45 del Ejército del Aire, acompañado de su esposa, Begoña Gómez, en una jornada en la que la reunión con Ximo Puig y la visita al Ayuntamiento de Castellón sí figuraban en la agenda oficial, pero el concierto no. El Ministerio de Presidencia llegó a tratar ese desplazamiento como «secreto oficial» y sostuvo que no podía revelarse información por ser «clasificada». Ya en los tribunales, la Abogacía del Estado defendió que la Vicesecretaría General de Presidencia no disponía de «archivo, base de datos o sistema de información» sobre los transportes empleados por el presidente, según un informe fechado el 4 de junio de 2020. El Consejo de Transparencia ya había fallado en contra de ese silencio en octubre de 2019.
La estrategia se mantuvo hasta que la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en sentencia de 6 de septiembre de 2021, ordenó a Presidencia entregar la documentación en diez días y le impuso las costas; el tribunal consideró difícil de entender que el Ejecutivo careciera de datos sobre los desplazamientos privados de su presidente. Moncloa renunció a recurrir y acabó publicando un listado en el que admitía 51 viajes privados en coche oficial y ninguno en avión o helicóptero, mientras al menos una treintena de excursiones en Falcon o Puma sin acto oficial pasaban a considerarse oficiales, con el argumento de que el presidente lo es «de forma continua e íntegra» (Real Decreto 634/2021). El coste de aquel fin de semana se estimó entre 20.000 y 24.000 euros, con unos 5.600 euros por hora de vuelo y cuatro trayectos en menos de 24 horas.
