La Conselleria de Educación rechaza retirar el concierto a siete colegios que separan al alumnado por sexo. Los centros perciben 72,6 millones de euros públicos en seis ejercicios pese a vulnerar, según Compromís, la normativa estatal y la autonómica de coeducación.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Conselleria de Educación, dirigida por Carmen Ortí, ha inadmitido el requerimiento de Compromís para extinguir los conciertos de siete centros que separan al alumnado por sexo.
- ¿Quién está detrás? El departamento de Carmen Ortí (PP-Vox) y el grupo parlamentario Compromís, con el síndic Joan Baldoví y el diputado Gerard Fullana.
- ¿Qué impacto tiene? Los siete centros mantendrán la financiación pública durante seis cursos más pese a que la LOE prohíbe la segregación por sexo en la enseñanza concertada.
La conselleria alega falta de pruebas y Compromís responde que investigar es su obligación
El requerimiento llegó al departamento el 4 de mayo de 2026, firmado por el síndic de Compromís, Joan Baldoví, y el diputado Gerard Fullana. Pedían la retirada de la financiación pública a siete centros privados: Altozano y Aitana en Alicante; Vilavella, El Vedat, y Guadalaviar en Valencia; y Torrenova y Miralvent en Castellón. Todos ellos escolarizaron a casi 4.000 alumnos en régimen de segregación durante el curso 2025-2026.
Ante la petición, el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, exigió a los parlamentarios documentación probatoria adicional. Al no recibirla, y tras expirar los plazos legales sin que los diputados accedieran a la notificación electrónica, la consellera Carmen Ortí firmó el 15 de julio de 2026 la resolución definitiva de inadmisibilidad. El procedimiento quedó cerrado sin expediente alguno.
La conselleria sostiene que no consta en los registros de la Generalitat ninguna denuncia formal previa por discriminación presentada por el alumnado o las familias. Y añade que la falta de aportación documental impide iniciar de oficio la tramitación sancionadora o la rescisión contractual. Sin una prueba que la propia administración no ha ido a buscar, no hay investigación posible.
Compromís rechaza ese argumento de raíz. Investigar no es una carga de la oposición, sino una obligación del departamento que paga, sostienen los valencianistas, que llevan meses denunciando la renovación de unos conciertos que consideran prohibidos por la legislación vigente. La Ley Orgánica de Educación no admite la separación del alumnado por sexo en las enseñanzas sostenidas con fondos públicos.
Quien firma un concierto de 72 millones es también quien debe comprobar si ese concierto cabe dentro de la ley.
72,6 millones, casi 4.000 alumnos y el pulso que llegó a las Corts
El asunto desembarcó en el pleno de las Corts Valencianes, donde Gerard Fullana reprochó a la titular de Educación su negativa a revisar la legalidad de los pagos. «Es usted, que paga esos centros, la que debe investigar, no los diputados de la oposición», espetó el parlamentario. La consellera replicó echando la vista atrás.
Ortí responsabilizó al anterior Govern del Botànic de haber mantenido este modelo de financiación durante ocho años, con 152 millones de euros destinados a estos mismos centros. Defendió la libertad de las familias para elegir la formación moral de sus hijos, amparándose en el artículo 27 de la Constitución, y acusó a Fullana de aplicar una «doble vara de medir». El pacto PP-Vox sostiene el criterio de la consellera sin fisuras públicas.
Mientras tanto, la formación valencianista ha llevado el caso al Tribunal de Cuentas, donde denuncia la «financiación ilegal» del Consell a los colegios que separan por sexo. Compromís sostiene que las autoridades autonómicas no pueden renovar unos conciertos que la normativa estatal y la propia ley valenciana de coeducación prohíben de forma expresa.
El Escenario Valenciano
En la Generalitat que preside Juanfran Pérez Llorca, el caso mide la temperatura del pacto PP-Vox. La consellera Carmen Ortí mantiene el criterio del departamento sin que Vox haya mostrado públicamente ninguna objeción, y el PP hace bandera de la libertad de elección de centro. Enfrente, Compromís ha convertido la coeducación en una de sus señas de identidad, mientras el PSPV observa el desgaste sin entrar de lleno en el choque. La oposición valenciana tiene ahora un argumento nuevo: una administración que dice no poder investigar lo que ella misma financia.
El debate trasciende la Comunitat. La educación concertada y la segregación por sexo son un frente abierto en toda España, con el PP defendiendo la libertad de elección y la izquierda reclamando el fin de los conciertos que separan por género. La acción de Compromís ante el Tribunal de Cuentas conecta este pulso autonómico con un debate que también resuena en el Congreso de los Diputados. Para el PP, el asunto resulta incómodo en un curso marcado por la reconstrucción DANA y por la exigencia de transparencia en el uso del dinero público.
La pelota queda ahora en el tejado de Compromís. La formación puede insistir por la vía judicial, mantener la denuncia ante el Tribunal de Cuentas o volver a plantear el asunto en el pleno de las Corts en las próximas semanas. Mientras el expediente siga cerrado, los siete colegios continuarán cobrando de las arcas autonómicas durante los seis ejercicios del concierto. Las cifras no se mueven; las preguntas, tampoco.
Ficha del Caso
- El caso: La Conselleria de Educación ha inadmitido el requerimiento de Compromís para retirar el concierto a siete colegios que separan al alumnado por sexo.
- Datos importantes: Siete centros en Alicante, Valencia y Castellón; casi 4.000 alumnos en segregación en el curso 2025-2026; 72,6 millones de euros públicos en seis ejercicios; resolución de inadmisibilidad firmada el 15 de julio de 2026.
- Resumen: La conselleria alega falta de pruebas, mientras Compromís sostiene que investigar es su obligación y eleva el caso al Tribunal de Cuentas.
