La Xunta endurecerá la convivencia escolar en Galicia con el cambio forzoso de centro para los alumnos que cometan acoso o ciberacoso.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Xunta de Galicia ha anunciado la modificación de la ley de convivencia y del decreto que la desarrolla, con cambio de centro para los casos de acoso y ciberacoso y multas de 300 a 15.000 euros por agredir a un docente.
- ¿Quién está detrás? El anuncio lo hizo el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en el Consello de la Xunta, en sustitución de Alfonso Rueda, de viaje institucional en Bruselas.
- ¿Qué impacto tiene? Las medidas viajan en la ley de acompañamiento de los presupuestos, por lo que se votarán en el Parlamento de Galicia junto con las cuentas autonómicas.
Tres grados de gravedad y el cambio forzoso de centro para el acosador
El anuncio llegó el martes desde el Consello de la Xunta de Galicia, el órgano que reúne cada semana al gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela. Lo hizo el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, el cargo autonómico equivalente a un ministro, porque el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, estaba de viaje institucional en Bruselas. La intención, según sus palabras, es «fortalecer el clima de respeto, responsabilidad y convivencia» en las aulas.
Las modificaciones no tendrán norma propia: viajarán en la ley de acompañamiento, el vehículo que la Xunta usa cada año para concentrar decenas de cambios legislativos en un solo debate parlamentario, el de los presupuestos. Los cambios afectan a la ley de convivencia y al decreto que la desarrolla. La nueva redacción fija tres grados de gravedad frente a los dos actuales —leve, grave y muy gravemente perjudicial para la convivencia— y detalla qué entra en el escalón más alto: agresiones, actos violentos, amenazas, coacciones, discriminación grave, vejación, humillación, manifestaciones de odio, violencia de género y sexual, acoso, el ciberacoso, y la grabación o difusión de contenidos que vulneren gravemente el honor, la dignidad o la intimidad.
El acoso y el ciberacoso pasan a tener una respuesta tasada: el cambio de centro obligatorio. Por norma general, el alumno que los cometa en las enseñanzas obligatorias tendrá que dejar su centro. La Xunta quiere además que las conductas más graves lleven aparejadas suspensiones de asistencia más largas que las actuales o un cambio definitivo de grupo. El texto incorpora una mención expresa a la creación o manipulación mediante inteligencia artificial de contenidos que lesionen estos derechos, después de los casos conocidos en España de alumnos que difundieron imágenes sexuales generadas con IA a partir de fotos de compañeras.
Multas de 300 a 15.000 euros y una oficina para proteger al profesorado
El régimen sancionador es la otra pata. Quien agreda a un docente, sea el propio alumno o sus familiares y allegados, se enfrentará a multas de entre 300 y 15.000 euros, según la gravedad. La cuantía será compatible con las responsabilidades civiles o penales que puedan derivarse de los mismos hechos. Tocar a un profesor sale caro.
La Xunta prevé poner en funcionamiento la Oficina de apoio ao profesorado, una oficina de apoyo al profesorado que dará acompañamiento, orientación y asistencia jurídica, además de respaldo ante agresiones, amenazas, acoso o ataques físicos y en redes sociales por parte de las familias del alumnado o de sus representantes legales. La norma todavía tiene recorrido: el texto definitivo debe llegar al Parlamento de Galicia, la cámara legislativa unicameral con 75 deputados, donde el PPdeG, el Partido Popular de Galicia que gobierna con mayoría absoluta desde 2009, tiene la última palabra.
Galicia convierte el acoso escolar en una cuestión de reubicación forzosa: quien agrede pierde su aula, su grupo y su centro.
El Laboratorio Gallego
El PPdeG gobierna Galicia con mayorías absolutas consecutivas desde 2009, así que cada norma educativa llega con el aval de una mayoría que no necesita pactar. El instrumento elegido no es casual: la ley de acompañamiento permite meter decenas de cambios legales en un único paquete y someterlos a una sola votación junto a los presupuestos, de modo que el desgaste político se reparte en un solo trámite. Es una forma de legislar que la Xunta repite cada año y que deja en el hemiciclo una foto difícil de matizar.
Frente a ese rodillo, el BNG, el Bloque Nacionalista Galego que es hoy primera fuerza de la oposición, y el PSdeG, la federación gallega del PSOE, tendrán que posicionarse cuando el paquete llegue al Parlamento. La norma se aprobará con los presupuestos. La discusión, sin embargo, no termina ahí.
La lectura nacional se sostiene sola. La convivencia escolar y la autoridad docente son competencia compartida: el Estado fija las normas básicas y las comunidades autónomas las desarrollan, de modo que lo que se aprueba en Santiago termina citándose en Madrid. Galicia lleva años funcionando como banco de pruebas de políticas que después aterrizan en el debate estatal, y un régimen disciplinario más duro en las aulas encaja en esa lógica. La incógnita es doble: cuánto costará aplicarlo en los centros y cómo se compagina el cambio de centro obligatorio con el derecho a la educación de un alumno que, en algunos casos, también es víctima. El próximo examen llega con los presupuestos.
Ficha del Caso
- El caso: La Xunta modifica la ley de convivencia escolar y su decreto de desarrollo para endurecer la respuesta al acoso, el ciberacoso y las agresiones al profesorado en Galicia.
- Datos importantes: Multas de 300 a 15.000 euros, compatibles con responsabilidades civiles o penales. Tres grados de gravedad en lugar de dos. Cambio de centro forzoso en los casos de acoso y ciberacoso en enseñanzas obligatorias.
- Resumen: Las medidas viajarán en la ley de acompañamiento de los presupuestos y se votarán en el Parlamento de Galicia, donde el PPdeG tiene mayoría absoluta.
