EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo mantiene la suspensión del censo electoral y exige depurar los expedientes de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ antes del 29-N. El Gobierno admite que la revisión individualizada es inviable en plazo.
- ¿Quién está detrás? La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, por un lado, y el Gobierno de Pedro Sánchez, con la portavoz Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
- ¿Qué impacto tiene? Unos 163.000 nacionalizados quedarían fuera del censo y no podrán votar el 29 de noviembre, según los cálculos que maneja el Ejecutivo.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha elevado el pulso con el Tribunal Supremo por la ‘ley de nietos’ tras admitir que resulta imposible depurar a mano los expedientes pendientes antes de las elecciones del 29 de noviembre. La decisión del Alto Tribunal de mantener la suspensión del censo deja en el aire el derecho al voto de unos 163.000 nacionalizados.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha sido tajante. ‘La limpieza y pulcritud en la relación de electores constituye un valor supremo del que deben despejarse las más mínimas dudas de oscuridad o irregularidad’, sostiene el fallo. Traducido al lenguaje corriente: antes de que nadie vote, hay que garantizar que quien figura en el censo tiene derecho a hacerlo.
El problema es que esa garantía, aplicada a los nacionalizados por la conocida como ‘ley de nietos’, apenas se sostiene sobre el papel. La norma, en vigor desde 2022, disparó las solicitudes de nacionalidad entre descendientes de españoles, buena parte de ellos residentes en América Latina.
En La Moncloa, el malestar es profundo. El Ejecutivo acata la decisión —no le queda otra—, pero no oculta su incomodidad con el fondo y, sobre todo, con la forma. Fuentes gubernamentales consultadas por este medio lamentan la ‘utilización política’ del asunto y acusan al Alto Tribunal de dar alas a las tesis del fraude que alientan el PP y Vox.
‘Es gravísimo intentar introducir la posibilidad de un pucherazo en un sistema tan garantista como este’, señalan. ‘Es trumpismo’, añaden. Desde el Ejecutivo consideran de ‘extrema gravedad’ trasladar incertidumbre sobre el sistema electoral y hacerlo, además, a costa del derecho al sufragio.
Restringir el voto para proteger el censo convierte una garantía democrática en un castigo colectivo para quien ya tenía su nacionalidad reconocida.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, lo expresó con claridad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: ‘Se restringe uno de los derechos fundamentales, que es el derecho al sufragio. En una democracia, el derecho a voto se garantiza, no se restringe’.
Un censo imposible de limpiar a mano antes del 29-N
El propio Ejecutivo reconoce que acatar no equivale a poder cumplir. Hasta la fecha, la Administración ha identificado a unas 70.000 personas que, en base a la instrucción del Supremo, deberían salir del censo. El resto del problema se resiste a la informática.
Quedan en torno a 90.000 expedientes que no figuran en los registros informatizados. Su localización, admiten en el Gobierno, entraña dificultades mayúsculas: exige una fiscalización casi ‘una por una’ por parte de los cónsules. ‘Es complejísimo sacar a esas personas del censo’, resumen. El calendario no espera.
El margen institucional es, además, estrecho. Las fuentes consultadas recuerdan que solo pueden acudir al Tribunal Constitucional quienes tienen legitimación para hacerlo. Y en este caso no es la Administración, sino las propias personas cuyo derecho de sufragio queda limitado. Ese es el nudo.
El calendario aprieta y Moncloa busca una fórmula sin margen
Con las elecciones del 29 de noviembre en el horizonte, el Ejecutivo dice estar ‘estudiando’ la fórmula para dar curso a lo ordenado por el Alto Tribunal. El tiempo, sin embargo, juega en contra. Cada jornada que pasa sin una solución técnica reduce el espacio para revisar expedientes que, en muchos casos, dependen de registros consulares en el extranjero.
A eso se suma el factor político. En Moncloa son conscientes de que cualquier pronunciamiento partidista desde organismos oficiales les expone al castigo de la Junta Electoral Central, el órgano que arbitra los procesos electorales. Por eso, en público se refugian en el acatamiento; en privado, son mucho más elocuentes. No es poco lo que está en juego.
El Eje del Poder Socialista
Lo que está en juego trasciende el censo. Es la relación entre el poder ejecutivo y el judicial en un año electoral, y el modo en que Ferraz y La Moncloa gestionan un choque que no eligieron. El Gobierno se mueve en una contradicción incómoda: acata el fallo, pero lo considera un error.
Hay un precedente que conviene recordar. La pugna por el censo de los nacionalizados hunde sus raíces en la batalla histórica por el voto de los emigrantes españoles y sus descendientes, un derecho que costó décadas consolidar. Revertirlo ahora, aunque sea de forma temporal, coloca al PSOE en su terreno más reconocible: la defensa de la ampliación de derechos frente a lo que Ferraz describe como un intento de sembrar dudas sobre el sistema.
El aterrizaje territorial es evidente. La ‘ley de nietos’ alimentó sobre todo la nacionalización de descendientes en Argentina, Cuba, México, o Venezuela, comunidades donde el voto exterior mueve miles de sufragios. Dejar fuera del censo a 163.000 personas no es un detalle administrativo: es una resta política.
El riesgo para Moncloa es doble. Por un lado, la percepción de un pulso con los jueces en plena carrera electoral. Por otro, la posibilidad de que el PP y Vox conviertan la ‘irregularidad’ en bandera. En Ferraz insisten en una idea fuerza: el derecho al sufragio, en una democracia, se amplía, no se recorta.
La ventana para resolver técnicamente el censo es mínima, y el Tribunal Constitucional, si entra, lo hará a instancia de los afectados, no del Gobierno. Ahí está el dilema. La próxima cita, ineludible, es el 29 de noviembre.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El derecho al sufragio se garantiza, no se restringe; Moncloa defiende la limpieza del censo sin sacrificar derechos fundamentales.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE), con Elma Saiz (portavoz del Gobierno) en la puesta en escena.
- Próximo hito: La búsqueda de una fórmula técnica para depurar el censo antes del 29-N y la eventual intervención del Tribunal Constitucional a instancia de los afectados.
