La juez María Tardón, que instruye la causa sobre la invasión de Ceuta desde el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, sopesa firmemente llamar a declarar como testigo a la actual secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, segunda al mando de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. La juez estudia esta posibilidad después de que el pasado 30 de septiembre el ex jefe de gabinete del dimitido delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, declarase que la interlocutora de su ex jefe durante los días previos a la invasión era la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo.
Según la declaración de Sanz, su ex jefe, Miguel Ángel Pérez Triano, advirtió a la Secretaría de Estado de Seguridad de los problemas a los que se enfrentaba Ceuta desde el 28 de julio. Aina Calvo no tiene la condición de aforada pues no ocupa puesto de diputada ni de senadora ni tiene la condición de ministra, lo que supone que puede ser llamada a declarar como testigo y ser declarada investigada, si la juez lo considera necesario, sin necesidad de pasar trámites parlamentarios.
Juan Jesús Vivas, presidente de la Comunidad Autónoma de Ceuta, también dijo ante la juez Tardón que telefoneó a Aina Calvo el 28 de julio y ya le pidió en esa llamada la declaración de un mando único ante la crisis migratoria que estaba padeciendo entonces la ciudad, dos días antes de la avalancha de 80.000 personas. La secretaria de Estado habría devuelto la llamada al día siguiente para negar a Vivas el mando único, apelando a los propios informes de Interior, que no habrían valorado la gravedad de los hechos en su justa medida.
El problema es que algunos de los propios servicios de Interior, tal y como reflejan algunos informes ya conocían los problemas a los que se enfrentaba la ciudad autónoma. La dirección adjunta Operativa de Policía Nacional recogía el 22 de julio los problemas de Ceuta, el informe número 29 del propio Cenif (Centro nacional de Inmigración y Fronteras) de Policía Nacional, ya advertía el 23 de julio de los crecientes problemas migratorios. También existían al menos dos notas informativas de los días 28 y 29 de julio y un informe del Centro de Coordinación de la Guardia Civil del 22 de julio.
Los informes que maneja la juez
Todos esos informes y varios más ya están siendo manejados por la juez Tardón, que además ha pedido que se desclasifiquen otros 19 mensajes del CNI a Gonzalo Sanz, jefe del gabinete del entonces delegado del Gobierno Pérez Triano. Esas comunicaciones seguirían las mismas advertencias previas que ya fueron desclasificadas por el Gobierno.
Hay que recordar que la juez ya pidió de forma oficial los informes ya desclasificados por el Gobierno y publicados en su página web sobre los días previos a la invasión de Ceuta.
«Dada cuenta; visto que se ha realizado en la página web de La Moncloa (www.lamoncloa.gob.es) la publicación de los informes y comunicaciones emitidos entre el 1 y el 31 de julio relativos a la situación de Ceuta, llévese testimonio de estos a las presentes
actuaciones y líbrese oficio al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que remita copia autenticada de las mismas», según reza la providencia de la instructora del juzgado 3 de la Audiencia Nacional.
La juez María Tardón también admitió la personación de la ciudad autónoma de Ceuta como acusación particular, por su condición de perjudicada, en la misma causa.
El pasado 8 de septiembre la juez dictaba un auto en el que no deja en un buen lugar la gestión de Marruecos a un mes visto de la invasión de Ceuta por ciudadanos de ese reino. Decía la juez, entre otras cuestiones, que en el asalto a la ciudad autónoma hubo una «gestión favorecedora del proceso desde el Reino de Marruecos». El Ministerio Fiscal ya informó favorablemente en el sentido de que procedía aceptar la competencia para instruir los hechos, objeto de denuncia presentada en primer lugar por el partido Iustitia Europa.
Recuerda la juez que se emitió informe, «a solicitud de esta Instructora, por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre el desarrollo de los hechos, las circunstancias relacionadas con la dinámica de éste, y las que permitieran acreditar las personas que, en todo
el proceso en que se produjeron, hubieran tenido algún tipo de participación en el mismo».
El examen de dicho informe, ya publicado por MONCLOA.com, «ha permitido, en primer término, concretar, en efecto, cual ha sido el desarrollo del modo en que se produjeron los hechos de la entrada masiva, en los indicados días y, además, el de aquellos otros elementos que evidencian que no nos encontramos ante unas actuaciones que no tienen una naturaleza incidental, de generación ocasional o espontánea, sino de un proceso que presenta determinados hitos previos, coetáneos y posteriores sustentados en un minucioso, preciso y detallado análisis del abundante material gráfico, documentos, infografías, cuadros y esquemas analíticos e informes técnicos sobre diferentes extremos relevantes para acreditar el modo en que se produjeron los hechos», continuaba el auto de la juez Tardón.
El relato de los hechos que recogía la instructora tiene mucha importancia: «Tras rodear el espigón llegan a una zona restringida de la Playa de El Tarajal, ya en territorio español, desde donde son conducidos a un “patio” delimitado por un pequeño muro donde permanecen bajo custodia de agentes de Guardia Civil. Este “patio” es un espacio intermedio entre la zona restringida de la playa y la zona de libre circulación. La salida de este “patio” al exterior, una puerta metálica de doble hoja, es abierta ante la acumulación de una gran masa de personas que provoca la saturación de la capacidad del mencionado “patio” (tal y como se observa en las diferentes imágenes)».
Pero, añadía que «es a partir de la apertura de esa puerta, cuando la entrada resulta más accesible y se extiende el mensaje, entre los que aún están en el proceso de entrada, de que se ha abierto la frontera. El día 31 de julio continuaron las entradas siguiendo una dinámica similar, si bien con una reducción del caudal del flujo de acceso a Ceuta y confluyendo estas entradas con un volumen creciente de personas que abandonan España para regresar a Marruecos tras haber entrado el día anterior. Al mismo tiempo, se producen salidas en un importante número de las personas que habían entrado en Ceuta hacia el territorio de Marruecos».
La juez configuraba todo el proceso de invasión en tres etapas que denomina antes, durante y después. Respecto al «antes» aclara que «el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), ya el día 29/07/2026, emitió una primera Alerta de Riesgo de Entrada Masiva para su difusión a los Puestos Fronterizos de Ceuta y Melilla a través del Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos de la CGEF (CEFRONT), en la que se hacía constar la previsión de un riesgo EXTREMO para un escenario de entradas a nado más salto a la valla de forma coordinada».
El momento del «durante» se resume en que «provocan un colapso de las capacidades de respuesta por parte del sistema de control fronterizo español y una violación masiva de la soberanía territorial de España».
El «después» quedaría recogido en que «se producen diversos efectos posteriores de desestabilización en el sistema de capacidades de respuesta de España que están aún en evolución y se proyectan en diferentes planos (Seguridad Pública, Sanidad, Servicios Sociales,
Defensa, etc.), otros efectos de perfil internacional o geopolítico, efectos en política interna sustentados y amplificados con algunos casos de desinformación/contranarrativa, etc.
La juez también explica en el extenso auto la «utilización y manipulación de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 814/2026, de 29/06/2026» cuando los marroquíes decidieron creer que «si entras nadando no pueden devolverte». Tardón recuerda el proceso de regularización recientemente finalizado en España del que dice que «sí debe evaluarse como un factor concurrente de carácter secundario, pues sí aprovecha una idea distorsionada que difunde el mensaje: “España está cerca de cerrar la puerta a la regularización de inmigrantes”.
«Así, durante el proceso en el que se enmarca la entrada masiva del día 30 de julio se pueden distinguir diferentes perfiles de inmigrantes a modo de una escalada de la entrada que cambia en función de los tramos horarios y, especialmente, de la evolución de los hechos en la gestión fronteriza por parte de España», continuaba Tardón, que describe hasta en tres oleadas la llegada masiva de migrantes a Ceuta.
La juez calificó los hechos de varias formas: «En primer lugar, los hechos pueden ser calificados como un delito que compromete la
paz o la independencia del Estado (…) el delito tiene una intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial como bien señaló el Presidente quien, durante su visita a Ceuta el día 31 de julio de 2026, definió los hechos como “un ataque, una violación de la integridad territorial de España”. Y ello mediante un flujo migratorio masivo que constituye uno de los métodos característicos de la “guerra híbrida” o “zona gris”, con la finalidad de alterar la vida y derechos de ciudadanos españoles, en concreto,
de toda una Ciudad Autónoma».
83 homicidios sin respuesta
«En segundo lugar, los hechos pueden constituir un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del art. 318 bis 1 y 3 en conexidad con los delitos de homicidio imprudente del artículo 142 del Código Penal respecto del fallecimiento de las, por el momento, 83 personas cuyos cadáveres han sido recuperados en las aguas territoriales españolas que, por ahogamiento o aplastamiento u otras causas relacionadas con la travesía a nado desde el territorio marroquí», continuaba.
Asimismo, la juez ve indicios del delito de «organización criminal del art. 570 bis del Código Penal que habría sido cometido en el extranjero donde operan las organizaciones criminales o parece que se hallan, en su mayor parte, las personas que las integran u otras que supuestamente hubieran participado en su comisión».
La mallorquina Aina Calvo Sastre es secretaria de Estado desde el 4 de junio de 2025. Antes fue secretaria de Estado de Igualdad, delegada del Gobierno en Baleares y subdirectora de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo). También fue concejala por el PSOE y alcaldesa de Palma de Mallorca y diputada en el Parlamento de Islas Baleares.
Es doctora en Pedagogía y fue profesa de Ciencias de la Educación en la Universidad de Baleares, hasta que en 2003 se afilió al PSOE balear siendo elegida diputada en el parlamento regional. Desde entonces no abandonó la carrera política.
