El Tribunal Supremo tiene ante sí la pregunta que decide quién manda sobre los mercados de predicción en Estados Unidos: la ley federal o los estados.
De Nueva Jersey al Tribunal Supremo: cómo se ha construido el caso
El origen es una petición presentada en septiembre por la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, que reclama al Alto Tribunal revisar la resolución judicial que sitúa a plataformas como Kalshi bajo la competencia exclusiva de la CFTC, la agencia federal que supervisa los derivados en Estados Unidos. Esa decisión deja a los estados sin margen para limitar los contratos de predicción sobre deporte, política o cualquier otro acontecimiento. Al recurso se han sumado ya cerca de cuarenta estados.
El mecanismo se llama certiorari: el Supremo no está obligado a revisar ningún caso y rechaza la mayoría sin dar explicaciones. Ahí es donde ha entrado la NFL. La liga presentó la semana pasada un amicus brief —alegaciones de un tercero interesado ante el tribunal— en apoyo de la petición de Nueva Jersey, con mención expresa a Kalshi. Su argumento central es que los mercados de contratos designados (DCM, la figura legal con la que operan estas plataformas) «no están sujetos a las mismas estructuras regulatorias rigurosas y a la supervisión que ofrecen las autoridades estatales del juego».
«La máxima prioridad de la NFL es preservar la integridad de sus partidos», insiste la liga en su escrito. Y añade una consecuencia práctica: si el Supremo no interviene, cada estado quedará atado de de pies y manos ante un mercado que se define como financiero y que, en la práctica, se comporta como una casa de apuestas global.
Los 1.800 millones del primer domingo y las apuestas que la NFL quiere vetar
Los números que maneja la liga son difíciles de ignorar. El primer domingo de la temporada 2026 de la NFL se negociaron 1.800 millones de dólares en contratos ligados al fútbol americano sobre un total de 3.300 millones en mercados de predicción: más de la mitad de todo el volumen del país, concentrado en una sola jornada.
La NFL distingue tres bloques que considera peligrosos. Primero, las apuestas «inherentemente objetables»: lesiones de jugadores, seguridad del público, conductas indebidas. Segundo, las que dependen «al cien por cien de una sola persona en una sola jugada», como un intento de gol de campo o un pase concreto. Tercero, las vinculadas a decisiones arbitrales o a resultados predeterminados, como saber si la primera jugada del partido será carrera o pase. La liga pide además elevar de 18 a 21 años la edad mínima para operar en estas plataformas.
Quien controle la puerta de entrada de las apuestas deportivas en Estados Unidos tendrá en sus manos un mercado que mueve miles de millones cada temporada.
El argumento institucional tiene peso: Nevada y Pensilvania dedican casi 400 empleados cada uno a supervisar el juego, mientras la CFTC dispone de 543 para todo el país y un catálogo de derivados que desborda con mucho el deporte. La paradoja salta a la vista.
Las plataformas sostienen que el regulador federal no está de brazos cruzados. Un portavoz de Kalshi señaló al New York Post que todas las grandes ligas —la MLB, la NHL y otras— colaboran con ellos y que la CFTC «policía activamente los mercados deportivos». Polymarket aseguró que comparte el compromiso de la NFL con la integridad. La paradoja, sin embargo, está en el patio de la liga: la NFL es socia comercial para la temporada 2026 de DraftKings, FanDuel y Fanatics Betting and Gaming, tres de los mayores operadores de apuestas del país.
La Lógica de Washington
Entender por qué Washington ha llegado hasta aquí exige retroceder tres décadas. En 1992 el Congreso aprobó la PASPA, la ley que prohibió las apuestas deportivas en casi todo el país, y en 2018 el Tribunal Supremo la tumbó devolviendo la competencia a los estados.
Sobre esa cesión se construyó un mapa de regulador estatal que hoy suma centenares de empleados y decenas de normativas distintas. Ahora, una resolución judicial advierte de que ese mapa no alcanza a los contratos de predicción, porque son derivados y dependen de un único supervisor federal. La lógica federal es coherente: un contrato financiero no puede regirse por cincuenta normativas distintas. La de los estados también: el juego siempre fue poder de policía local. Ese es el nudo.
Washington juega a largo plazo. No hay pulsión moral en el expediente: la NFL quiere vetar apuestas manipulables, los estados quieren conservar su potestad y la CFTC defiende su perímetro regulatorio. El precedente de 2018 pesa: entonces el Supremo dio la razón a los estados frente a la ley federal, y ahora esos mismos estados le piden que les proteja de la lectura financiera de los contratos de predicción.
Para España la lectura es doble. En la Unión Europea un contrato de predicción sobre un partido no es un instrumento financiero, sino una apuesta sujeta a licencia nacional: en España la concede la Dirección General de Ordenación del Juego al amparo de la ley 13/2011, y en Francia o Italia el esquema es equivalente. Si el Supremo consolida el encuadre federal de derivados, Bruselas tendrá un argumento más para revisar esa frontera. Y no es descartable que el catálogo de vetos de la NFL —lesiones, jugadas individuales, árbitros— acabe sirviendo de referencia en el debate europeo sobre integridad deportiva.
El calendario no está cerrado. El Supremo puede decidir en las próximas semanas o meses si acepta el asunto; una sentencia de fondo no llegaría antes de 2027. Si rechaza la petición, la doctrina federal quedará consolidada sin más trámite. Si la acepta, tendrá que responder a una pregunta que ninguna ley resolvió nunca: si los mercados de predicción son apuestas o son derivados. De esa respuesta dependen los 1.800 millones que se jugaron en un solo domingo.
Ficha del Caso
- El caso: El Tribunal Supremo estudia si acepta revisar la resolución que reserva a la CFTC la regulación de los mercados de predicción y deja fuera a los estados.
- Datos clave: Nueva Jersey presentó la petición en septiembre y cerca de 40 estados se han sumado; el primer domingo de la NFL de 2026 se negociaron 1.800 millones de los 3.300 millones del mercado, y la liga pide subir la edad mínima de 18 a 21 años.
- Para España: La DGOJ mantiene la apuesta bajo licencia nacional (ley 13/2011); un encuadre federal de estos contratos como derivados reabriría el debate regulatorio en Bruselas y marcaría doctrina en integridad deportiva.
