La administración Trump prepara una norma para multiplicar los permisos exprés de gasoductos y líneas eléctricas sin pasar por el Congreso. Lo confirmaron este martes en Washington los propios funcionarios federales, decididos a no esperar al Senado.
Todo ocurrió en un panel de la convención anual de la Association of the U.S. Army, donde seis responsables del Departamento del Interior, de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) y del Ejército detallaron qué papeles están a punto de firmar. La estrategia es mover por vía administrativa lo que el Congreso no termina de votar.
Permisos exprés del Ejército y la EPA mientras el Senado espera
El dato más concreto lo puso Lee Forsgren, el funcionario que ejerce como secretario adjunto del Ejército para obras civiles. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército —la rama militar que autoriza obras en ríos, humedales y cauces federales— enviará en breve a la Oficina de Gestión y Presupuesto, la OMB que revisa toda norma federal antes de publicarla, una propuesta para ampliar ‘significativamente’ el uso de de sus permisos generales (nationwide permits).
Esos permisos generales son la clave del sistema: cubren actuaciones de impacto ambiental pequeño y hoy permiten intervenir hasta media acre de humedal; la propuesta elevaría el límite hasta dos acres. El Cuerpo tramita unas 100.000 actividades al año, y más de la mitad pasan por esa vía exprés. Un permiso individual, dijo Forsgren, ‘puede tardar fácilmente un año, y con frecuencia dos’; su objetivo es resolverlo en unos 45 días, como ocurrió con una planta de fertilizantes en Luisiana.
En la EPA, el administrador adjunto David Fotouhi describió dos movimientos. El primero, ceder más programas de permisos a los estados que cumplan los requisitos federales. El segundo, cerrar la cuarta definición de ‘aguas de Estados Unidos’ en una década —la norma que decide qué arroyos y humedales caen bajo la Ley de Agua Limpia—, cuyo periodo de comentarios terminó el 9 de octubre. Las agencias quieren que sea la última.
Washington no ha cambiado de objetivo: ha cambiado de vía. Si el Senado no desatasca la ley, la administración la escribirá a golpe de reglamento.
Los números tienen otra escala. Derogar el hallazgo de peligro de 2009 —la base legal para regular gases de efecto invernadero— y las exigencias para vehículos implica, según Fotouhi, un ahorro proyectado de 1,2 billones de dólares. Eliminar los límites a centrales eléctricas, una norma cerrada el 14 de septiembre, añade 310.000 millones. La agencia ha recortado unos 5.000 empleados y se ha quedado en 12.500.
La vía legislativa existe, pero va más lenta. Los negociadores del Senado cerraron el mes pasado un acuerdo bipartidista para limitar los litigios contra proyectos energéticos: los opositores tendrían 150 días para demandar en lugar de seis años. El texto también obligaría a los centros de datos a pagar las mejoras de red que necesitan.
El problema es el calendario. La votación no llegará antes del lame-duck, el periodo de sesiones que discurre entre las elecciones de medio mandato de noviembre y la constitución del nuevo Congreso. El senador republicano por Utah Mike Lee, presidente del comité de Energía, se ha mostrado convencido de que saldrá adelante; los demócratas condicionan su apoyo a que la administración deje seguir proyectos eólicos ya aprobados.
Qué gana España con la tramitación exprés
La lectura desde Madrid tiene un nombre propio: Iberdrola. La eléctrica es uno de los mayores operadores de redes de distribución y renovables de Estados Unidos a través de su filial Avangrid, y cada mes ahorrado en la tramitación de una línea de transmisión es capital que no queda inmovilizado.
El mismo cálculo hacen Ferrovial y ACS, dos de los grandes constructores de infraestructura energética del país: menos litigios significa más obras adjudicadas y menos sobrecostes por retrasos.
Hay un segundo canal, menos visible y más decisivo para el bolsillo español. Una parte sustancial del gas natural licuado que llega a los puertos de España procede de plantas estadounidenses, y ampliar gasoductos y terminales en la costa del Golfo abarata el transporte. Naturgy, con contratos de largo plazo con esos operadores, gana margen. Bruselas discute, en paralelo, su propia simplificación de permisos para redes eléctricas.
La Lógica de Washington
Conviene entender el problema antes de medir la solución. Desde la Ley de Política Medioambiental Nacional de 1970, todo proyecto federal relevante pasa por una evaluación de impacto que cualquier parte con interés puede impugnar ante los tribunales. No es un defecto del sistema: es el diseño. La litigación funciona hoy como un veto de hecho.
La queja la resumió la número dos del Interior, Kate MacGregor: ‘El sistema de permisos acaba tan a menudo en litigio que las compañías no pueden asegurar a sus accionistas cuándo se entregará un proyecto.’ Su frase siguiente —’necesitamos una acción agresiva’— es la doctrina entera. Y añadió el matiz que explica la prisa: estas decisiones deben sobrevivir ‘más allá de una sola administración’.
No es un invento de 2026. Trump ya ordenó en su primer mandato comprimir en dos años los estudios de las grandes obras bajo el principio de ‘un solo trámite federal’, y el precedente profundo es la desregulación energética de los años ochenta, cuando Washington abrió los gasoductos a terceros y el capital privado construyó la red que hoy mueve el gas de esquisto. La coalición que sostiene la medida no es solo republicana: incluye senadores de estados productores, fabricantes que necesitan electricidad barata y operadores de centros de datos.
Queda el riesgo. La cuarta definición de ‘aguas de Estados Unidos’ en diez años demuestra que esta arquitectura se rompe en los tribunales cada vez que cambia el inquilino de la Casa Blanca. Si la norma del Cuerpo de Ingenieros llega al registro federal antes de que acabe el año, los primeros litigios dirán si el permiso exprés de dos acres resiste. El pacto del Senado, en el lame-duck, sigue siendo la única pieza que un juez no puede tumbar.
Ficha del Caso
- El caso: La administración acelera por reglamento los permisos de gasoductos y líneas eléctricas mientras el acuerdo bipartidista del Senado espera al periodo de sesiones posterior a las elecciones de medio mandato.
- Datos clave: Los permisos generales del Cuerpo de Ingenieros podrían pasar de media acre a dos acres y resolverse en 45 días; la EPA calcula 1,2 billones de dólares de ahorro por derogar el hallazgo de peligro de 2009 y 310.000 millones por los límites a centrales.
- Para España: Iberdrola, Ferrovial, ACS y Naturgy operan en el mercado energético americano, y una parte sustancial del gas natural licuado que llega a los puertos españoles procede de plantas estadounidenses.
