La Comunidad de Madrid suma 132.771 altas en el CERA desde octubre de 2022, casi un tercio de las inscripciones del periodo. El voto exterior madrileño ha crecido cerca de un 40% y la Asamblea abre este jueves, 15 de octubre, una comisión de estudio para auditar el censo.
El acuerdo sale adelante con los votos del PP y Vox, la abstención de Más Madrid y el rechazo del PSOE, que además ha anunciado que no participará en los trabajos. El grupo popular sostiene que la comisión no entra a decidir quién es español, sino a aclarar el efecto de las nacionalizaciones sobre el censo electoral. Los socialistas la describen como un plató televisivo montado a costa del derecho al voto de miles de españoles.
De dónde salen las 132.771 altas que la Asamblea quiere auditar
Todo nace en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que abre la nacionalidad de origen a los descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el Franquismo. Sobre ese texto se superpuso la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que extendió la posibilidad a cualquier descendiente de español, sin importar cuándo salió el familiar del país ni cuántas generaciones hayan pasado. Ahí empieza la discrepancia: el texto legal publicado en el BOE habla de memoria histórica; la instrucción, de cualquier nieto o bisnieto.
El pasado lunes el Tribunal Supremo rechazó el recurso de la Abogacía del Estado y confirmó las cautelares que suspendían la aplicación de la ley de nietos, un aviso que PP y Vox usaron en el Pleno como argumento de autoridad. La comisión revisará el número de nacionalizaciones, su incidencia en el censo madrileño, la distribución de inscripciones por países de residencia, el peso habitual del voto CERA en las convocatorias electorales y la coordinación entre registros civiles, consulados, el INE, y la Oficina del Censo Electoral.
Tres Cantos y Madarcos, los dos casos que no cuadran
Los casos que más incomodan están en municipios pequeños. En Tres Cantos, localidad creada en 1991, aparecieron 200 personas nuevas en el censo electoral al amparo de la ley de nietos. El requisito que se les supone —acreditar arraigo en el municipio entre 1936 y 1955— es imposible de cumplir: el municipio no existía.
Nadie puede acreditar arraigo en un pueblo que nació 36 años después de la última fecha del formulario.
En Madarcos el desajuste es de otra escala: hay más inscritos en el CERA que vecinos empadronados. Son las cifras que el grupo popular llevó al Pleno, y que desde Más Madrid se leen como un ‘cuestionamiento democrático’ del sistema electoral por parte de la derecha.
El tono del debate anticipa lo que será la comisión. El PP se apoyó en el fallo del Supremo para insistir en la desconfianza hacia el Gobierno central; Vox habló abiertamente de ‘pucherazo’ y acusó a la izquierda de usar las instituciones ‘para sus propios fines. Más Madrid, que se abstuvo, sostiene que se están cuestionando todos los elementos del sistema electoral español. El PSOE no estará en la mesa.
Qué puede salir de una comisión sin el PSOE en la mesa
Una comisión de estudio no legisla ni sanciona: pide documentación, escucha comparecencias y emite conclusiones que llegan al Pleno sin fuerza normativa. Con el PSOE fuera y Más Madrid en la abstención, el relato de salida lo escriben PP y Vox, lo que limita el órgano como instrumento de control y lo acerca a un altavoz político. Eso sí, los trabajos pueden dejar cifras que hoy no están publicadas: cuántos de esos 132.771 inscritos votaron de verdad, en qué países residen y cuántos siguen de alta tras los procesos de depuración censal.
Madrid no parte de cero. Aquel octubre de 2022 coincidieron la instrucción de Seguridad Jurídica y la supresión del voto rogado, el trámite que obligaba a los residentes en el exterior a pedir el sufragio para poder ejercerlo. Dos cambios normativos en el mismo mes explican en parte que el censo exterior madrileño se haya disparado justo en esta legislatura. En una comunidad que elige 135 diputados autonómicos y 37 escaños en el Congreso, un censo que crece cerca del 40% deja de ser un asunto administrativo. Y el calendario aprieta: las próximas elecciones autonómicas llegan en 2027.
En esta redacción entendemos que el problema no es auditar el censo, sino hacerlo con el PSOE fuera de la sala. La depuración censal es una obligación legal, no una sospecha: la Oficina del Censo Electoral, adscrita al INE, revisa altas y bajas cada mes. Lo que falta no es una comisión, sino datos desagregados por municipio y por consulado, accesibles para cualquiera. El riesgo real es el contrario al que denuncia el PP: instalar la duda sobre miles de votos legítimos sin acreditar una sola irregularidad. La comisión se constituye en las próximas semanas —puedes seguir su calendario en la web de la Asamblea de Madrid— y sus conclusiones, si llegan antes de la primavera de 2027, se leerán con el censo ya cerrado para los comicios.
