El Gobierno central ha desbloqueado las primeras ayudas del Pacto por Doñana para los agricultores de Huelva. La Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, acaba de publicar la resolución provisional de una convocatoria de 28,5 millones de euros que llega casi tres años después de la firma del acuerdo entre el Ejecutivo y la Junta.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Fundación Biodiversidad publica la resolución provisional de las ayudas para renaturalizar 407 hectáreas del entorno de Doñana, con 66 solicitudes preseleccionadas de las 118 presentadas.
- ¿Dónde y quién? Afecta a cinco municipios del Condado onubense, liderados por Lucena del Puerto y Almonte, y a la gestión del Ministerio para la Transición Ecológica.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Se abre un plazo de diez días hábiles para alegaciones y los regantes calculan que el 75% de la superficie presentada se queda fuera.
Una resolución provisional para 407 hectáreas
La propuesta del Ministerio incluye 66 solicitudes preseleccionadas de las 118 que presentaron la documentación en plazo. Las actuaciones abarcarán una superficie total de 407,14 hectáreas y movilizarán 28,5 millones de euros. A estas se suman otras once solicitudes que quedan en la lista de reserva.
Las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, persiguen un doble objetivo: reducir la presión sobre el acuífero y acompañar al sector agrario en su transición hacia un modelo sostenible. Según los cálculos del Ministerio, la renaturalización de estas 407 hectáreas permitiría recortar el consumo de agua para riego en la zona en 1,8 hectómetros cúbicos anuales. El plazo de solicitudes se cerró hace nueve meses, cuando las bases preveían resolverlo en un máximo de seis.
El reparto territorial está muy concentrado. Lucena del Puerto reúne 33 propuestas y 100,92 hectáreas, casi todas de concesionarios de derechos de canon. Almonte suma 14 solicitudes y 226,07 hectáreas. Completan el reparto Bonares (13 solicitudes y 30,62 hectáreas), Rociana del Condado (cuatro solicitudes y 42,88 hectáreas), Moguer (2,23 hectáreas) y una solicitud compartida entre Bonares y Lucena del Puerto (4,72 hectáreas).
La convocatoria estaba abierta a 14 municipios, pero las ayudas solo llegan a cinco. Se quedan fuera en esta primera resolución Bollullos Par del Condado, Hinojos, Palos de la Frontera, Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas, Villamanrique de la Condesa y Sanlúcar de Barrameda. Más de la mitad de las solicitudes afectan a menos de tres hectáreas y casi todas se sitúan en terrenos que tienen o han tenido invernaderos de fresa y frutos rojos.
El Pacto por Doñana cumple casi tres años con el primer tramo de ayudas aprobado, pero el 75% de la superficie que aspiraba a acogerse sigue esperando respuesta.
De las 66 propuestas, 43 corresponden a personas físicas y 23 a personas jurídicas. Además, 51 solicitudes incluyen 76,62 hectáreas en la Zona A, de carácter forestal, del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana, y nueve prevén renaturalizar 5,84 hectáreas de corredores ecológicos.
Los regantes del Condado hablan de insuficiencia
La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha calificado de «insuficiente» la resolución provisional y ha expresado su «decepción» al calcular que alrededor del 75% de la superficie presentada a través del colectivo ha quedado fuera. Apenas algo más de 300 hectáreas de las casi 1.200 tramitadas han resultado inicialmente beneficiarias dentro de la partida de 28,49 millones.
Su portavoz, Manuel Mora, ha advertido de que la convocatoria «se queda muy lejos de resolver el problema» por su elevada complejidad administrativa y la falta de un canal de atención técnica. Según la entidad, más de 300 hectáreas quedaron excluidas por meros desajustes documentales y requisitos registrales o societarios poco claros. Ante el plazo de diez días hábiles abierto para alegaciones, la Plataforma pide mantener «los mismos criterios, la forma de puntuación y el ámbito territorial» en las próximas convocatorias y urge al Gobierno a lanzar nuevas líneas o ampliar la dotación para atender las más de 1.000 hectáreas pendientes.
La Lectura Andaluza
El Pacto por Doñana se firmó en noviembre de 2023 para cerrar una de las mayores tensiones territoriales de Andalucía y proteger un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad. El acuerdo, suscrito por el Ejecutivo central y la Junta de Andalucía, contemplaba un paquete de medidas para reducir la presión sobre el acuífero y compensar al sector agrario del Condado onubense, la comarca que concentra buena parte de la producción española de fresa y frutos rojos. El Parque Nacional de Doñana es, además, una de las reservas ecológicas más importantes de Europa. Casi tres años después, el primer tramo de ayudas llega con el 75% de la superficie solicitada todavía fuera de la lista.
Para el lector andaluz, lo que se decide en el Condado onubense tiene un impacto directo en el empleo. La campaña de los frutos rojos da trabajo a decenas de miles de personas cada temporada y sostiene la economía de municipios como Almonte y Lucena del Puerto. Que ese motor económico pueda seguir funcionando sin comprometer el acuífero es la clave del asunto: sin agua no hay cosecha, y sin un regadío ordenado el futuro del sector queda en el aire. La resolución provisional confirma el rumbo, pero deja fuera más de 300 hectáreas por desajustes administrativos.
La proyección es clara. La resolución es provisional y el plazo de diez días hábiles de alegaciones permanece abierto. Después de resolverlas, el Ministerio ha anunciado que en los próximos meses pondrá en marcha nuevas líneas de ayuda al cultivo de secano y a la producción ecológica. La prueba de fuego será si esas convocatorias mantienen los mismos criterios y amplían la dotación para atender las más de 1.000 hectáreas que siguen aguardando. En un territorio donde el agua y el empleo van de la mano, la lectura es sencilla: el Pacto por Doñana no estará completo hasta que los agricultores que hicieron el esfuerzo vean compensado su ajuste.
