EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Canarias ha remitido al Ejecutivo central una propuesta de real decreto ley que exige diez años de empadronamiento en las islas para comprar vivienda.
- ¿Quién está detrás? El Ejecutivo autonómico de Coalición Canaria y PP, presidido por Fernando Clavijo, que cumple así parte del pacto alcanzado con el PSOE en el Congreso.
- ¿Qué impacto tiene? Las compras que incumplan el requisito serán nulas de pleno derecho y ningún comprador podrá superar las dos viviendas.
El Gobierno de Canarias propone prohibir la compra de vivienda en las islas a quien no acredite diez años de empadronamiento. El borrador de real decreto ley ya está en manos del Ejecutivo central y fija un techo de dos viviendas por comprador.
Diez años de empadronamiento y un máximo de dos viviendas
Detrás del texto hay una firma política concreta: la del Gobierno de Canarias, un Ejecutivo de Coalición Canaria y PP que pactó con el PSOE su apoyo al primero de los decretos sociales que decayeron en el Congreso, el que limitaba los desahucios de personas vulnerables. Aquel recibió el voto favorable de Coalición Canaria; el segundo, su rechazo. Ambos cayeron por los votos del PP, Vox y Junts, y el Gobierno central pretende rescatarlos en la Diputación Permanente.
Las condiciones son taxativas. Toda compra que no acredite el requisito será nula de pleno derecho y no podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad. Las empresas solo podrán adquirir viviendas si su objeto social es venderlas, o alquilarlas a personas físicas, y ningún ciudadano podrá superar los dos inmuebles, siempre en municipios distintos. Las herencias quedan al margen.
Ayuntamientos con más armas y un pulso jurídico con Bruselas
Hay una segunda pieza, esta vez sobre la Ley de Bases de Régimen Local, pensada para que los consistorios tengan herramientas propias. Los ayuntamientos podrían comprar o alquilar viviendas a ciudadanos de países ajenos a la Unión Europea que no hayan residido dos años en el municipio, una categoría que incluye al turismo británico. También se les habilitaría para crear tasas sobre pernoctaciones de no residentes y para prohibir el alquiler vacacional en zonas concretas.
El punto delicado es el encaje jurídico. Los tratados comunitarios garantizan la libre circulación de personas y capitales y prohíben distinguir por nacionalidad, así que el borrador se agarra a la residencia y no al pasaporte, e invoca el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reserva a las regiones ultraperiféricas (territorios insulares y alejados del continente a los que Bruselas reconoce un trato singular) un margen propio. Las cifras del Ejecutivo regional apuntan a que un tercio de las viviendas que cambian de propietario van a manos de ciudadanos extranjeros, y buena parte acaban en el alquiler vacacional.
La norma no mira la nacionalidad del comprador, sino su empadronamiento: es la vía que Canarias ha encontrado para esquivar la libre circulación de capitales de la Unión Europea.
Nada de esto es nuevo. Canarias ha ganado más de 500.000 habitantes en 25 años, y lo ha hecho de forma desigual: 48 de sus municipios no llegan a los 10.000 vecinos. Fernando Clavijo defendió esta semana que hay que actuar sobre la oferta y la demanda «salvo que se quiera implantar un sistema comunista dictatorial». Tampoco es la primera vez que el asunto se debate: Coalición Canaria ha votado en el Parlamento regional contra varias iniciativas para limitar la compra por extranjeros, y el propio presidente descartó gravarla 24 horas después de las elecciones europeas, en las que su partido se quedó sin escaño en Bruselas.
El Pulso Territorial
El Ejecutivo canario es una coalición de Coalición Canaria y PP que gobierna con apoyos cambiantes en un Parlamento fragmentado, y la propuesta llega en plena interinidad en Madrid: las Cortes están disueltas, las elecciones generales se celebran dentro de mes y medio y la tramitación queda en el aire. En las islas, dos comisiones parlamentarias sobre reto demográfico ya han abordado la presión sobre el mercado residencial sin acuerdo.
La comparación con Baleares tampoco cierra el debate. El otro archipiélago del país lleva años ordenando la misma tensión entre vivienda residencial y alquiler turístico, aunque por una vía distinta: regular la oferta de plazas antes que poner condiciones al comprador. Canarias, única región ultraperiférica de España, se juega ahora si su condición insular basta como argumento ante Bruselas. El riesgo es doble y ninguno es menor: que la Comisión Europea considere la medida contraria a la libre circulación de capitales, y que Coalición Canaria tenga que explicar un giro que hasta hace poco rechazaba. La próxima parada es la Diputación Permanente; el calendario electoral no espera.
Ficha Autonómica
- El caso: El Gobierno de Canarias, coalición de Coalición Canaria y PP, ha remitido al Ejecutivo central un real decreto ley para reservar la compra de vivienda a quienes acrediten una década de residencia en las islas.
- Datos importantes: Diez años de empadronamiento (quince si es discontinuo), un máximo de dos viviendas por comprador en municipios distintos, nulidad de pleno derecho para las compras irregulares y exención para las herencias.
- Resumen: La propuesta nace del pacto entre Coalición Canaria y el PSOE en el Congreso y llega a Madrid con las Cortes disueltas y elecciones a la vista. Una segunda reforma daría a los ayuntamientos margen para tasas turísticas y veto al alquiler vacacional.
