El PP y Vox han usado su mayoría de tres quintos para nombrar a Marta Bosquet Defensora del Pueblo Andaluz. La Comisión Consultiva de Nombramientos aprobó la idoneidad de Marta Bosquet con los votos de ambos grupos y el rechazo de la oposición. Será la primera mujer al frente de la oficina.
Los argumentos de Vox para avalar el nombramiento
La figura del Defensor del Pueblo Andaluz —y de los derechos del Menor— la designa el Parlamento de Andalucía y exige una mayoría cualificada de tres quintos. Hasta ahora todos los nombramientos se habían cerrado con acuerdo de todos los grupos. Bosquet sustituye a Jesús Maeztu, que ha ocupado el puesto durante trece años y permanecía en funciones desde 2023. Antes que él, José Chamizo estuvo diecisiete años.
Bosquet (Almería, 57 años) es abogada y presidió el Parlamento andaluz durante el primer mandato de Juanma Moreno, entre 2018 y 2022. Aquel Ejecutivo se sostenía en coalición con Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox. Después fue nombrada presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), y antes había sido patrona de Save the Children Andalucía, un aval que el PP y Vox subrayaron durante su comparecencia.
Vox ha defendido su voto en dos planos. El primero, el perfil técnico de la candidata: jurista de profesión, expresidenta de la Cámara y con trayectoria en entidades de acción social. Fue el diputado Ricardo López quien resumió su recorrido durante el examen de idoneidad: ‘Usted era de un partido ya desaparecido. Formó parte de un pacto de gobierno con el PSOE y también ha formado parte de un gobierno de coalición con el PP. Más o menos, ¿no?’.
El segundo plano es la tesis que el partido sostiene desde 2018, cuando se estrenó en el Parlamento con nueve diputados: la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz duplica la del Defensor del Pueblo estatal. Vox ha planteado su supresión en varias ocasiones —la institución está blindada en el Estatuto de Autonomía—, pero no ha bloqueado el procedimiento y ha certificado la idoneidad de Bosquet. La candidata, por su parte, defendió su ‘independencia e imparcialidad’ y se comprometió a ejercer el cargo con ‘total y absoluto rigor’.
El aval de Vox a Bosquet no desactiva su tesis de fondo: el partido sigue defendiendo que la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz es prescindible por duplicidad.
El rechazo de la oposición y la negociación que no se abrió
La oposición ha cargado contra el procedimiento y contra el perfil de la candidata. El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, rechazó su designación por no considerarla una figura apartidista. José Ignacio García, de Adelante Andalucía, reprochó a las derechas haber orillado el diálogo por primera vez en la elección del Defensor.
García recordó además que, siendo Bosquet presidenta de la Cámara, el Tribunal Constitucional sentenció que el Parlamento andaluz vulneró los derechos de los nueve diputados expulsados del grupo de Adelante Andalucía en noviembre de 2020. El socialista Rafael Recio puso en duda su conocimiento de la realidad de muchas familias andaluzas por su trayectoria profundamente política.
El PP ha respondido con dos argumentos. El diputado José Ricardo García sostuvo que la candidata acredita el rigor y la idoneidad exigidas y destacó su perfil como jurista. También lamentó que el PSOE andaluz no presentara una propuesta alternativa y recordó que existía un preacuerdo de consenso con Juan Espadas antes de la llegada de María Jesús Montero a la secretaría general del partido.
En paralelo, el PP y Vox coincidieron en señalar que el actual Defensor del Pueblo estatal, Ángel Gabilondo, fue ministro de Educación con Pedro Sánchez y candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
La lectura estratégica: Andalucía como banco de pruebas de la coalición
El nombramiento mide la mecánica de la coalición andaluza. PP y Vox suman los tres quintos que exige el Estatuto y los han utilizado sin contrapartidas. La institución que recibe nueva titular fiscaliza precisamente las políticas de la Junta de Andalucía, un detalle que la oposición no ha pasado por alto.
Para Vox se trata de un movimiento de doble filo controlado: coloca un perfil técnico al frente de un organismo cuya utilidad cuestiona desde 2018 sin renunciar a su tesis de fondo. Ese equilibrio entre aval institucional y pulso programático define el momento actual de su alianza con el PP, marcada por la exigencia de perfil propio y por la negativa a normalizar los repartos de cuotas que la dirección de Vox atribuye a populares y socialistas en los nombramientos institucionales.
El Pleno del Parlamento andaluz debe ratificar ahora el nombramiento, con la mayoría de tres quintos ya amarrada. Vox ha defendido desde 2018 la supresión de la oficina y ahora avala a quien debe dirigirla; la tensión no es nueva, pero el partido la administra sin renunciar a ninguno de sus dos compromisos, el perfil técnico del cargo y su tesis sobre el gasto institucional duplicado. El resultado de la votación está escrito. El debate sobre el papel de la institución, en cambio, acaba de empezar.
