EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Audiencia Provincial de Alicante condena al exdiputado provincial del PP y exconcejal de Calp Juan Roselló a once meses de prisión por prevaricación y fraude.
- ¿Quién está detrás? También han sido condenados su cuñado, Francisco Artacho, y dos directivos de Aguas de Calpe y Aguas de Valencia.
- ¿Qué impacto tiene? Los cinco indemnizarán de forma solidaria al Ayuntamiento de Calp con 430.000 euros. La sentencia admite recurso de casación ante el Supremo.
La Audiencia de Alicante condena al exdiputado del PP Juan Roselló a once meses de prisión por el caso Aguas de Calp.
Once meses de prisión por firmar «a sabiendas» un contrato con sobreprecio
La Audiencia Provincial de Alicante considera probado que Roselló firmó el contrato de las obras de renovación de la red hidráulica de Calp «a sabiendas» de las características de la empresa subcontratada y de la existencia de un sobreprecio. El tribunal describe una «patente, flagrante y clamorosa ilegalidad».
Los hechos arrancan en 2004. El pleno del Ayuntamiento de Calp adjudicó la renovación de la red, repartida en cinco proyectos, a la empresa mixta Aguas de Calpe, participada por el consistorio, por 4,7 millones de euros sin impuestos. El coste se repercutía a los vecinos de este municipio de la Marina Alta a través del recibo del agua. La sentencia subraya que esa adjudicación fue correcta. El problema llegó después.
Porque fue la empresa mixta la que subcontrató los trabajos con Obras Hidráulicas de Levante (OHL), una sociedad en la que el cuñado de Roselló, Francisco Artacho, figuraba como administrador único y que hasta entonces se dedicaba al buzoneo y al reparto de publicidad. El tribunal sostiene que la operación se cerró «atendiendo a la relación de parentesco», con conocimiento de que el encargo superaba el coste real de la obra.
Un informe pericial de la Universidad Politécnica de Valencia cuantificó ese sobrecoste y constató que el proyecto nunca se ejecutó por completo. La sentencia describe una «trama» diseñada para que ninguna otra empresa pudiera optar a los trabajos y apoderarse así del sobreprecio. Los directivos de Aguas de Calpe y de Aguas de Valencia conocían el desfase y la incapacidad técnica de OHL, según el fallo.
La sentencia no cuestiona el pleno ni la adjudicación: el agujero apareció después, en una subcontratación que ninguna administración supervisaba.
Roselló recibe once meses de prisión por prevaricación en concurso con fraude a la Administración. Su cuñado, la misma pena, aunque solo por el fraude. Dos directivos suman idéntico castigo y el administrador único de la empresa adjudicataria ha sido condenado a siete meses. El tribunal ha absuelto a los cinco de la estafa continuada y ha exonerado a otros dos encausados.
Los condenados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria al Ayuntamiento de Calp con 430.000 euros, el 40% de las pérdidas de Aguas de Calpe. La sentencia no es firme: cabe casación ante el Tribunal Supremo en cinco días.
Por qué el tribunal habla de trama y no de simple error administrativo
La clave está en cómo se eligió a quien ejecutaría las obras. La subcontratación directa con OHL cerró el paso a cualquier otra empresa interesada en unos trabajos cuyo presupuesto ya incluía un sobreprecio de un millón de euros que los responsables de la operación conocían de sobra.
El caso dibuja además un patrón repetido en la provincia de Alicante: causas de corrupción municipal que se instruyen durante años y llegan a juicio cuando los hechos han perdido actualidad. El sumario se abrió en 2005 y la vista oral no se celebró hasta 2025.
El Escenario Valenciano
La resolución aterriza en un escenario valenciano dominado por el pacto entre PP y Vox que sostiene el Consell de Juanfran Pérez Llorca desde diciembre de 2025. El caso habla, en realidad, de otro tiempo: los hechos son de 2004 y el condenado es un exdiputado provincial. Eso sí, golpea la marca del partido en la provincia de Alicante, donde los procedimientos de corrupción municipal han lastrado su imagen. Es un argumento que la oposición de PSPV y Compromís repite cada vez que aparece una sentencia así.
La dimensión nacional tiene dos patas. La primera es el Tribunal Supremo, que puede revisar el fallo en casación. La segunda, el modelo de las empresas mixtas del agua, sociedades participadas por los ayuntamientos y financiadas con el recibo de los vecinos, un esquema extendido por toda España en el que la resolución judicial detecta un punto ciego: el control posterior de los trabajos ya contratados.
Queda por ver si el fallo se consolida. La defensa dispone de cinco días desde la notificación para preparar el recurso, de modo que el caso Aguas de Calp seguirá vivo en los tribunales. En paralelo, la legislatura autonómica afronta su último tramo antes de las elecciones de 2027.
Ficha del Caso
- El caso: Condena por los sobrecostes de un millón de euros en la renovación de la red hidráulica de Calp, adjudicada en 2004 y subcontratada a la empresa del cuñado del exdiputado.
- Datos importantes: Once meses de prisión para Roselló; 4,7 millones de adjudicación; 430.000 euros de indemnización solidaria; causa abierta en 2005 y juicio celebrado en 2025.
- Resumen: La sentencia expone el punto ciego de la subcontratación en las empresas mixtas del agua y abre la puerta a un recurso ante el Tribunal Supremo.
