Cuatro consejos generales han reclamado al Gobierno la aprobación del reglamento de la pasarela al RETA antes del Consejo de Ministros del próximo 20 de octubre.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué reclaman? Cuatro consejos generales piden al Ejecutivo aprobar el reglamento pendiente en el Consejo de Ministros del 20 de octubre de 2026.
- ¿Qué base jurídica invocan? La Ley 2/2026 y el informe de la Abogacía Española sobre la viabilidad del real decreto.
- ¿Qué impacto tiene? Más de 150.000 profesionales afectados, con especial incidencia entre quienes se aproximan a la edad de jubilación.
La reclamación institucional y el estado de la tramitación
La declaración institucional la suscriben el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores de España, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. El documento se dirige a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y reclama avanzar «con la máxima celeridad» en la tramitación.
Las cuatro corporaciones exigen culminar el desarollo reglamentario de la Ley 2/2026, publicada en el BOE, que articula la pasarela al RETA. El objetivo declarado es dotar de seguridad jurídica a los profesionales incluidos en su ámbito de aplicación y cerrar una reivindicación que acumula más de tres años de recorrido.
El mecanismo permite a los profesionales integrados en mutualidades de previsión social trasladarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y equiparar su protección social a la del sistema general. Se trata, por tanto, de un desarrollo normativo con efectos directos sobre la cotización y las prestaciones de colectivos que habían quedado fuera del régimen común.
Qué pide el sector y qué resta por aprobar
La declaración conjunta constituye un supuesto poco frecuente de alineación corporativa entre los colegios de abogados, la procura, la arquitectura y la arquitectura técnica. Las cuatro corporaciones coinciden en el diagnóstico y trasladan al Ministerio una posición única sobre el calendario regulatorio.
La petición señala la reunión del Ejecutivo del martes 20 de octubre como la oportunidad inmediata para elevar el texto al Consejo de Ministros. Las instituciones sostienen que aprovechar esa convocatoria permitiría acelerar un procedimiento dilatado y dar respuesta a los mutualistas que aguardan una solución.
El desarrollo reglamentario de la pasarela al RETA exige culminar la tramitación de la Ley 2/2026 para dotar de seguridad jurídica a los mutualistas afectados.
La reivindicación alcanza a más de 150.000 profesionales, según las cifras recogidas en la declaración. La iniciativa ha sido impulsada durante más de tres años por asociaciones, plataformas, colectivos y un sindicato de mutualistas.
El escrito subraya la situación de quienes se aproximan a la edad de jubilación, un colectivo que necesita certezas antes de fijar su fecha de retirada. Para estos profesionales, contar con un marco jurídico definido resulta indispensable para adoptar decisiones sobre su futuro profesional y patrimonial.
La doctrina jurisprudencial
La norma que articula la pasarela al RETA requiere un desarrollo reglamentario posterior. La potestad reglamentaria corresponde al Gobierno conforme al artículo 97 de la Constitución Española, y su ejercicio se ordena mediante el procedimiento de elaboración previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
La doctrina administrativa sostiene que la ausencia de desarrollo reglamentario no priva de eficacia a la ley, pero dificulta su aplicación homogénea. Los colegios profesionales defienden que la norma publicada ofrece margen suficiente para activar el procedimiento y convertir la habilitación legal en un marco operativo.
El principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución Española y la doctrina de la confianza legítima refuerzan la posición de los mutualistas. El retraso en la aprobación del real decreto prolonga una situación de incertidumbre sobre cotización, prestaciones y jubilación que los afectados no pueden resolver por vía particular.
El informe elaborado por la Abogacía Española sobre la viabilidad de aprobar el real decreto concluye que aún existe margen para completar la tramitación. El documento acompaña la reclamación y forma parte del expediente trasladado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El impacto del retraso recae sobre más de 150.000 profesionales, con especial incidencia en los mutualistas próximos a la jubilación. Si el Consejo de Ministros del 20 de octubre no incluye el texto, la tramitación se desplazará a convocatorias posteriores y el colectivo mantendrá su situación a la espera de un marco jurídico definido.
FICHA DEL CASO
- El caso: Reclamación institucional conjunta de cuatro consejos generales para que el Gobierno apruebe el reglamento que desarrolla la Ley 2/2026 de la pasarela al RETA.
- Datos importantes: Ley 2/2026; reglamento pendiente de aprobación; más de 150.000 profesionales afectados; declaración suscrita por cuatro corporaciones. No consta resolución judicial ni número de sentencia.
- Fecha de los juicios: No procede. Declaración institucional difundida el 16 de octubre de 2026; Consejo de Ministros señalado para el 20 de octubre de 2026.
- Personas acusadas y por qué: N/A. No existe proceso penal ni acusados. Se trata de una reclamación corporativa dirigida al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
