EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dado diez días al Gobierno para entregar a una senadora del PP la lista completa de perceptores de los fondos europeos Next Generation, con nombre, apellidos y DNI.
- ¿Quién está detrás? La senadora popular Eva Ortiz, que solicitó los datos en junio de 2025 y recurrió la negativa de Moncloa; el Alto Tribunal le dio la razón en una sentencia del pasado abril.
- ¿Qué impacto tiene? Refuerza la ofensiva de transparencia del PP sobre el reparto de los fondos europeos y fija un criterio que dificulta futuras negativas parciales del Ejecutivo.
El Tribunal Supremo ha dado diez días al Gobierno para entregar al PP la lista completa de beneficiarios de los fondos europeos. La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo exige que el listado incluya nombre, apellidos y DNI de cada perceptor, después de que Moncloa se limitara a remitir a la web oficial con los cien mayores.
La resolución llega tras una sentencia del Alto Tribunal fechada el pasado abril, que ya reprochó al Ejecutivo haber respondido a medias. Ahora toca ejecutar el fallo. Diez días de plazo. Ni uno más.
El pulso de la transparencia: qué exige exactamente la Sala Tercera
El requerimiento es nítido. La Sala Tercera, órgano que dirime los asuntos contencioso-administrativos, subraya que el Gobierno debe indicar ‘nombre, apellidos y DNI’ de las personas que recibieron las ayudas de los Next Generation, el fondo diseñado por la Unión Europea para paliar las consecuencias de la Covid-19 y repartido por el Ejecutivo central.
El origen es parlamentario. En junio de 2025, la senadora del PP Eva Ortiz solicitó esa información por el cauce reglamentario que permite a diputados y senadores reclamar datos a la Administración. El Gobierno denegó la petición y la dirigió a la página con los cien principales perceptores. La senadora presentó un recurso contencioso-administrativo. Y ganó.
El Supremo fue tajante. ‘Es evidente’, concluyó la Sala, ‘que no es lo mismo dar información de los 100 mayores perceptores de fondos que dar información de los perceptores de fondos por cuantía superior a 10.000 euros, que era lo solicitado’. A juicio del tribunal, ‘el Gobierno no ha facilitado la información solicitada’, y su respuesta ‘tampoco daba razón fundada en Derecho que le impidiese facilitar la concreta información solicitada’.
Moncloa no entrega lo que no quiere que se cuente, y ahora será el Supremo quien marque el ritmo de la respuesta.
De la negativa de Moncloa al recurso de una senadora del PP
El umbral importa. El PP no reclamó los grandes contratos ni los cien proyectos más voluminosos. Reclamó a todos los perceptores por encima de 10.000 euros: el mapa completo de quién cobró y con qué identidad. Un instrumento de control, no un ejercicio de curiosidad. Cosas de la letra pequeña. Y ahí, precisamente, está el problema para Moncloa.
La petición no es un hecho aislado. Responde a una línea de trabajo sostenida: el Grupo Parlamentario Popular ha convertido la transparencia sobre el reparto de los fondos europeos en una de sus banderas, con peticiones de documentación, comparecencias, y solicitudes de acceso en el Congreso y en el Senado. Cada negativa del Ejecutivo ha acabado, tarde o temprano, en los tribunales.
El Eje del Poder Popular
El movimiento encaja en la estrategia que Génova viene desplegando desde hace meses: usar los instrumentos de control parlamentario para tensar al Ejecutivo allí donde la opacidad resulta más difícil de defender. La dirección de Alberto Núñez Feijóo ha hecho de la rendición de cuentas sobre los fondos europeos una bandera de legislatura, con la secretaria general, Cuca Gamarra, y el portavoz del GPP en el Congreso, Miguel Tellado, como voces principales del argumentario. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, han reclamado en repetidas ocasiones criterios objetivos en el reparto de esos fondos. La diferencia con Moncloa, insisten desde el partido, no es de siglas: es de actitud.
En el Senado, donde el GPP cuenta con mayoría absoluta, la palanca es directa. La solicitud partió de una senadora popular y el Alto Tribunal ha terminado dándole la razón. El requerimiento no solo desbloquea una petición concreta: fija un criterio. Si la Administración debe entregar el listado completo con DNI a un parlamentario, cualquier futura negativa parcial tendrá difícil sostenerse ante la Sala Tercera. Ahí está la lectura estratégica. El uso del Senado como contrapeso ha sido una constante de esta legislatura, y el grupo popular ha aprovechado su mayoría en la Cámara Alta para frenar leyes del Ejecutivo.
Aterrizaje territorial. Los Next Generation han financiado proyectos en las diecisiete comunidades y en miles de ayuntamientos, con volúmenes muy dispares según la capacidad de gestión de cada administración. Las comunidades gobernadas por el PP —once, en torno al 60% del PIB— canalizan buena parte de esos fondos en sanidad, educación, vivienda y digitalización, y llevan años quejándose de que el reparto final se decide en Moncloa con criterios poco transparentes. La sentencia no cambia el reparto. Cambia la información disponible para auditarlo. Y eso vale más de lo que parece.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La opacidad del Gobierno en el reparto de los fondos europeos no resiste el escrutinio de los tribunales.
- Protagonista: Eva Ortiz (senadora del Partido Popular).
- Próximo hito: Vencimiento del plazo de diez días concedido por la Sala Tercera al Gobierno.
