Pedro Sánchez y Giorgia Meloni han acordado estudiar el fin de los controles fronterizos que Italia aplica a los viajeros españoles. El entendimiento se cerró en los márgenes del Consejo Europeo, según fuentes del Ejecutivo, y tiene su origen en la crisis de Ceuta, un perímetro fronterizo que custodian la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Un acuerdo para desescalar los controles entre España e Italia
El acuerdo llega precedido de una prórroga. El Gobierno de Meloni anunció el viernes 16 de octubre que mantiene siete días más los controles en puertos y aeropuertos sobre los viajeros que llegan desde España. Fuentes del Ejecutivo italiano avanzaron además que los ministros de Interior de ambos países «evaluarán conjuntamente medidas de cooperación alternativas».
La delegación española desplazada a Bruselas confirmó el mismo escenario: los titulares de Interior «trabajarán a lo largo de esta semana para proceder a la eliminación» de los controles. El calendario es estrecho. La prórroga de siete días expira el viernes 23 de octubre, de modo que la negociación ministerial debe cerrarse antes de esa fecha para evitar una nueva extensión. La cita de los ministros queda fijada para la semana del 19 de octubre.
En el lado español, la medida que ahora se negocia se ejecuta en puertos y aeropuertos, no en la frontera terrestre de Ceuta. El paso de El Tarajal, principal puerta entre la ciudad autónoma y Marruecos, mantiene el control documental a cargo de la Policía Nacional, mientras que la Guardia Civil asume la vigilancia del perímetro. Fuentes del Ejecutivo no han precisado el número de efectivos afectados ni el volumen de tránsitos entre España e Italia que quedarían liberados con la supresión de los controles.
De la crisis de Ceuta al pulso por el espacio Schengen
La secuencia arranca a comienzos de agosto. Italia reintrodujo los controles en puertos y aeropuertos sobre los viajeros procedentes de España apelando a una cuestión de «seguridad nacional» y vinculándola expresamente a la «situación en el enclave español de Ceuta». España replicó con controles recíprocos sobre los viajeros que llegaban desde Italia. La medida italiana se apoya en un mecanismo excepcional del espacio Schengen: la reintroducción temporal de controles en las fronteras interiores, prevista para situaciones de orden público o seguridad.
La Policía Nacional y la Guardia Civil sostienen el control del perímetro de Ceuta y del paso de El Tarajal, principal puerta terrestre de España en África.
El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, confirmó el 30 de septiembre la continuidad de los controles y aludió a «cuestiones críticas» que aún persistían. La suspensión de la aplicación del régimen Schengen por parte de Italia expiró la noche del jueves 15 de octubre, lo que obligaba a decidir entre el levantamiento o una nueva prórroga. Roma optó por la prórroga; el acuerdo alcanzado en Bruselas abre ahora la vía inversa.
El episodio se inscribe en una discusión más amplia entre los socios comunitarios sobre cómo gestionar la inmigración irregular. Meloni figura entre los dirigentes más críticos con las políticas del Ejecutivo español en esta materia, mientras que España defiende que su modelo de control fronterizo se apoya en el trabajo diario de la Policía Nacional y la Guardia Civil en los pasos habilitados. La eliminación de los controles interiores no altera ese dispositivo: los controles que se negocian son internos, entre Estados Schengen, y no modifican la vigilancia de la frontera exterior.
El Contexto Operativo
El marco de amenaza que explica la medida italiana es el de la presión migratoria sobre la frontera sur europea y su traducción política en los Estados miembros. Ceuta y Melilla son las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano, con un perímetro de unos ocho kilómetros en el caso ceutí, y su gestión operativa corresponde al Ministerio del Interior a través de los dos cuerpos con competencias en la materia.
Ese marco excepcional tiene límites tasados. El Código de Fronteras Schengen, recogido en el Reglamento (UE) 2016/399, permite reintroducir controles en las fronteras interiores por periodos iniciales de seis meses, prorrogables en bloques sucesivos hasta un máximo de dos años, y exige que la medida sea proporcionada y esté motivada. El trabajo de la Policía Nacional en el control documental de El Tarajal y de la Guardia Civil en la vigilancia del perímetro se desarrolla bajo la coordinación del Ministerio del Interior, y sus resultados en detección de documentación falsa se incorporan a los informes que España remite a la Comisión Europea y a Frontex.
La proyección inmediata pasa por la reunión de los ministros de Interior de España e Italia en la semana del 19 de octubre. De ella debe salir el paquete de «medidas de cooperación alternativas» que sustituya a los controles y devuelva a ambos países a la normalidad Schengen. Si no hay acuerdo antes del 23 de octubre, Roma deberá elegir entre una nueva prórroga o el levantamiento unilateral. El Ministerio del Interior no ha detallado qué dispositivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional se verían afectados por la vuelta a la libre circulación.
