La COP17 biodiversidad arranca el lunes 19 de octubre en Armenia con los gobiernos ante su prueba de fuego: cerrar la brecha de financiación que lastra la meta 2030 de frenar y revertir la pérdida de naturaleza.
Lo que se evalúa en Armenia: Kunming-Montreal y la meta 30×30
La cumbre de la ONU sobre diversidad biológica reúne a gobiernos de todo el mundo para revisar el cumplimiento del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, el acuerdo que en 2022 fijó 23 metas para 2030. La más citada es la meta 30×30: proteger el 30% de la tierra y el 30% del océano. El texto se negocia bajo el paraguas del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el tratado que sostiene todo el entramado.
El problema no es el nivel de ambición sobre el papel. Es la ejecución. Los países llegan a Armenia sin haber resuelto la pregunta que atraviesa cada borrador: quién paga la conservación y con qué reglas se controla el dinero que ya se mueve en la dirección contraria.
La financiación biodiversidad aparece en todos los diagnósticos como el cuello de botella, incluido el incumplimiento de las obligaciones de los países desarrollados. Pero hay una capa más incómoda que la cumbre tendrá que mirar de frente: el sistema financiero que los gobiernos esperan que pague la protección de la naturaleza es el mismo que está financiando su destrucción.
Seguir el dinero: 595.000 millones en la cuenta contraria
Un análisis de la coalición Forests & Finance pone cifra a esa paradoja. Desde 2020, los bancos han canalizado 595.000 millones de dólares a empresas que operan en agronegocio de alto riesgo y en minería de metales en regiones de bosque tropical. De ese total, 351.000 millones fueron a materias primas agrícolas y 244.000 millones a minería, según el informe difundido por IPS.
Seguir el dinero no es un ejercicio de transparencia: es la única forma de saber si una cumbre financia la naturaleza o su desaparición.
Tres industrias concentran el grueso: las que más deforestación, degradación del suelo, contaminación, y conflictos con comunidades generan en Sudamérica, el Sudeste Asiático y África Central y Occidental. El marco de Kunming-Montreal ya comprometió a los gobiernos a alinear los flujos financieros con los objetivos de biodiversidad. Alinear sobre el papel es fácil. Desalinear sigue saliendo gratis.
Una salvaguarda voluntaria que cae sin respuesta del financiador no era una salvaguarda: era una pausa.
Hay además un problema de método que explica por qué el sistema no corrige solo. Los marcos de riesgo financiero tratan la pérdida de naturaleza como un riesgo para el banco, no como un daño que el banco ayuda a causar. Una entidad puede calcular cómo afectará una sequía a los ingresos de un cliente sin preguntarse si ese cliente contribuyó a provocarla talando bosque o drenando humedales. Cuando el daño llega al balance, el ecosistema puede haber cruzado un umbral del que no se vuelve.
Brasil marca el ritmo de la contradicción. La banca ha aportado 83.000 millones de dólares al sector de la soja desde 2020, incluidos 6.800 millones solo este año, después de que en enero se hundiera la Moratoria de la Soja Amazónica, el pacto empresarial al que se atribuía una reducción del 69% de la deforestación asociada a la soja en las áreas monitorizadas. Los grandes exportadores se retiraron. La trazabilidad se quedó sin quien la exigiera. Y las entidades financieras no han fijado públicamente posición sobre ese colapso.
Indonesia repite el patrón. Los bancos han inyectado 67.100 millones de dólares desde 2020 en las industrias de pasta de papel y aceite de palma, incluidas compañías con incumplimientos reiterados de sus propios compromisos de no deforestar. El drenaje de turberas hace el resto: paisajes con menos capacidad de retener agua y de resistir el fuego, comunidades más expuestas a los extremos climáticos.
El litio entra en la ecuación con once veces más financiación
La financiación minera en países con bosque tropical creció un 55% entre 2016 y 2025. El litio se multiplicó por más de once y el níquel subió un 183%, empujados por la demanda de tecnologías energéticas, la competencia geopolítica y la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial. No todo mineral de transición convierte una mina en proyecto limpio: la extracción en esas regiones arrastra destrucción de ecosistemas, conflictos por la tierra y vulneraciones de derechos de los pueblos indígenas.
📊 Impacto ecológico en cifras
- Capital en la dirección contraria: 595.000 millones de dólares canalizados por la banca desde 2020 a agronegocio y minería en bosque tropical.
- Bosque en riesgo: 83.000 millones al sector de la soja en Brasil y 67.100 millones a pasta y palma en Indonesia.
- Presión minera: un 55% más de financiación entre 2016 y 2025; el litio se multiplica por más de once.
- Exigencia a la banca: nota media del 25% en políticas forestales; un 39% de entidades suspende por debajo del 20%.
De la letra pequeña a la regla vinculante
El dato que mejor mide la distancia entre promesa y práctica no es el volumen de dinero, sino la calidad de las políticas que lo acompañan. La evaluación de la coalición otorga a las políticas bancarias sobre materias primas de riesgo forestal una nota media del 25%; el 39% de las entidades analizadas no llega al 20%, y JPMorgan Chase, uno de los mayores bancos del mundo, se queda en el 18%. Años de compromisos voluntarios han producido eso: un suspenso de manual.
El precedente regulatorio ya existe en Europa. La Unión Europea ha convertido la diligencia debida en obligación legal para las grandes empresas y ha encadenado el reporte de sostenibilidad a la Taxonomía Verde y a las normas CSRD, con la Comisión Europea como referencia y el MITECO trasladando el marco a España. Lo que no existe en ningún sitio es un régimen equivalente al de las entidades de importancia sistémica aplicado a la naturaleza: nadie trata la pérdida de bosque tropical como lo que es, un riesgo que atraviesa economías enteras.
La elección que llega a Armenia es más incómoda que movilizar fondos. Es decidir si se impide que el sistema financiero reste lo que la cumbre intenta sumar. Sin reglas vinculantes, sin verificación independiente y sin derechos indígenas garantizados (incluido el consentimiento libre, previo e informado), la meta 30×30 se queda en un mapa ambicioso con presupuesto escaso. Con ellas, el dinero deja de ser el problema y pasa a ser parte de la solución.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: cada punto que suba la nota media del 25% en políticas forestales retira capital de la deforestación; el litio, con un 55% más de financiación, es el siguiente examen.
- Modelo que cambia: la salvaguarda voluntaria deja paso a la diligencia debida obligatoria y a la obligación de reportar dónde acaba cada dólar.
- Para las próximas generaciones: la meta 30×30 depende de que el flujo financiero deje de restar; sin bosque en pie no hay clima estable ni economía que lo sostenga.
