Lagarde da por inminente el euro digital y convierte la disciplina fiscal en la contrapartida para los gobiernos de la eurozona. La presidenta del Banco Central Europeo utilizó su intervención en las Reuniones Anuales del FMI, en Washington, para admitir que el 3,8% de inflación de septiembre se explica en buena medida por el coste de la energía y para avisar de que ese shock mantendrá los precios por encima del objetivo durante el primer semestre de 2027. Su receta es doble: respuesta monetaria mesurada y cuentas públicas que no aviven el fuego.
El 3,8% de septiembre no es solo energía: el shock se prolonga hasta 2027
El dato no es una sorpresa, pero sí una advertencia. Lagarde situó el origen del repunte en la factura energética y anticipó que la normalización llegará, aunque más tarde de lo que descontaba el mercado: a lo largo del próximo año, no en el primer trimestre. La consecuencia práctica es que Fráncfort pierde margen para bajar tipos al ritmo que reclaman varios gobiernos del sur.
La lectura que hacemos es que el BCE desplaza el foco desde los tipos hacia las cuentas públicas. Con el precio del dinero ya muy por debajo de los máximos de 2023 y 2024, el instrumento monetario tiene menos recorrido que hace dos años, y cada décima de inflación energética se convierte en argumento político. Traducido: quien pretenda que Fráncfort compense con tipos bajos lo que no quiere ajustar en casa se va a encontrar la puerta cerrada.
Hasta ahí, la parte previsible. Lo llamativo es que Lagarde haya unido en el mismo discurso la política monetaria y el proyecto de dinero digital, dos expedientes que hasta ahora circulaban por carriles separados dentro del BCE y que a partir de ahora se explican juntos.
Del euro digital ‘inminente’ a Pontes: quién controla la infraestructura de pagos
En el terreno minorista, la presidenta del BCE fue explícita: ‘nos estamos preparando para complementar el efectivo con su equivalente digital —el euro digital— para los pagos cotidianos’. Añadió que el proyecto estimulará la innovación y la competencia en los pagos al por menor y que la coexistencia de soluciones públicas y privadas sostendrá la autonomía estratégica de Europa en materia de pagos. La formulación no es inocente: Bruselas lleva años comprobando que las tarjetas y las pasarelas que usan los ciudadanos europeos son, en su mayoría, estadounidenses.
En el terreno mayorista, el movimiento ya está en marcha. El BCE puso en marcha Pontes, un sistema que permite a las entidades financieras liquidar operaciones de activos tokenizados en dinero del banco central, es decir, una alternativa a los activos privados de liquidación como las stablecoins. Arrancó a mediados de septiembre con un paquete básico de servicios y su despliegue completo está previsto para 2028. El calendario oficial del proyecto, recogido por el propio banco en la ficha del euro digital, confirma que la infraestructura irá por delante de la norma que debe autorizarla.
El euro digital no es un proyecto tecnológico: es la forma más silenciosa que tiene Europa de disputarle a Washington el control del dinero cotidiano.
Y ahí aparece la primera contradicción del discurso. Lagarde lo dio por inminente, pero el euro digital no puede emitirse sin un reglamento que aún deben cerrar el Consejo y el Parlamento Europeo, con el sector financiero discutiendo límites de saldo, privacidad y reparto de costes. El propio BCE ha reconocido que la aplicación del proyecto irá más allá de las normas de accesibilidad de la UE, una forma elegante de admitir que habrá exigencia extra para bancos y comercios. ‘Inminente’, en jerga comunitaria, significa que la decisión política está tomada; la técnica, no.
Para España el aterrizaje es concreto. Santander, BBVA y CaixaBank están entre las entidades que tendrán que intermediar carteras digitales, con inversión en sistemas y con un modelo de negocio —comisiones de tarjeta, depósitos— que se mueve. A eso se suma la infraestructura doméstica: Redsys y Bizum son la columna vertebral del pago minorista español y cualquier rediseño europeo les obliga a reposicionarse. La mayoría de los bancos españoles ya ha trasladado al supervisor que el coste no es el problema; el problema es el calendario.
El segundo aterrizaje es el de la factura energética y la disciplina fiscal. España llega a esta fase con crecimiento por encima de la media de la eurozona, pero con una deuda pública que ronda el 100% del PIB y un plan fiscal a varios años pactado con la Comisión que limita el crecimiento del gasto neto. Si Lagarde endurece el tono, ese margen se estrecha justo cuando Moncloa necesita espacio para defensa, pensiones y las inversiones pendientes del Mecanismo de Recuperación. Traducido a la calle: menos margen para bajar impuestos y más presión sobre el coste de la deuda, que es lo que acaba mirando el Euríbor.
El Eje del Poder Europeo
El primer eje que se mueve es el franco-alemán, y lo hace en direcciones distintas. Berlín escucha a Lagarde con alivio: tras la reforma de su freno de la deuda necesita que Bruselas no le obligue a gastar más y que el BCE no le obligue a pagar menos por su deuda. París, en cambio, convive con un procedimiento de déficit excesivo abierto y una mayoría parlamentaria fragmentada, de modo que necesita tipos bajos y reglas flexibles; es el socio que más tiene que perder si Fráncfort se pone dura. Los frugales del norte —Países Bajos, Austria, Finlandia y Dinamarca— son los más alineados con el mensaje de disciplina y los que menos entusiasmo muestran por el euro digital, al que ven como un proyecto de infraestructura pública que compite con su banca.
El eje del sur, con España e Italia a la cabeza, tiene un argumento legítimo y otro incómodo. El legítimo es que ambos crecen por encima de la media y que su deuda, siendo alta, está en trayectoria descendente. El incómodo es que ese crecimiento se apoya en fondos europeos que se agotan y en un gasto público que la nueva regla fiscal obliga a contener. En el este, Polonia utiliza el gasto en defensa como escudo argumental frente a las recomendaciones fiscales, mientras Hungría sigue jugando a otra cosa. Nadie veta nada todavía, pero la geometría ya está dibujada: los que piden rigor y los que piden aire no son los mismos que los que piden euro digital.
La lectura a cinco o diez años es la que importa. El precedente útil no es la pandemia, sino julio de 2012, cuando Mario Draghi pronunció el ‘whatever it takes’ y el BCE condicionó su red de seguridad a que los gobiernos pusieran las cuentas en orden. Aquel episodio enseñó que la potencia del banco central es real pero condicional. Ahora se repite el patrón con una vuelta de tuerca: el dinero digital añade al BCE una capacidad de infraestructura que no tenía en 2012, y con ella una responsabilidad nueva sobre la estabilidad del sistema de pagos en momentos de tensión. El propio banco ha documentado el riesgo de que, en una crisis de confianza, los depositantes muevan dinero de los bancos a la moneda digital a toda velocidad.
Queda calendario por delante y conviene fijarlo. El Eurogrupo y el ECOFIN volverán a examinar las sendas fiscales en su reunión de noviembre; el Consejo Europeo de diciembre medirá el pulso político; el Consejo de Gobierno del BCE tiene previsto pronunciarse de nuevo antes de que acabe el año; y el reglamento del euro digital seguirá su curso en las comisiones del Parlamento Europeo, con el sector financiero apretando en cada trílogo (la negociación a tres entre Comisión, Consejo y Parlamento que cierra la versión final de cada ley europea). Mientras todo eso se desatasca, Pontes ya está funcionando y 2028 figura en todos los papeles. Es la manera europea de decir que la moneda digital ya está aquí: primero la tubería, después la ley.
