EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El FBI y el Servicio de Inspección Postal investigan una decena de cartas con polvo blanco sospechoso enviadas a oficinas del Congreso y a responsables electorales estatales. Entre los destinatarios figuran Ted Cruz, Susan Collins, Amy Klobuchar y Chuck Schumer.
- ¿Quién está detrás? Nadie ha reivindicado los envíos. Varias cartas llevaban como remitente las siglas «DSA», que podrían corresponder a los Socialistas Demócratas de América. Las autoridades no han confirmado ni la autoría ni la naturaleza de la sustancia.
- ¿Qué impacto tiene? Cierre temporal de oficinas y refuerzo del protocolo postal del Capitolio a dos semanas y media de las legislativas del 3 de noviembre. Para España reactiva el recuerdo de los sobres explosivos de 2022 y el debate sobre los protocolos de las sedes diplomáticas en EE. UU.
El FBI investiga una decena de cartas con polvo sospechoso enviadas a senadores y congresistas de EE. UU. Los envíos llegaron a oficinas legislativas y a responsables electorales estatales, según confirmó el Servicio de Inspección Postal (USPIS), la agencia federal encargada de los delitos cometidos a través del correo.
Qué se sabe: una decena de oficinas y un remitente con las siglas «DSA»
La nómina de destinatarios conocidos incluye a los republicanos Ted Cruz (Texas) y Susan Collins (Maine), que se suman a una lista que no ha dejado de crecer desde el viernes 16 de octubre.
El senador Mike Rounds (Dakota del Sur) anunció el cierre de su oficina de Sioux Falls durante el resto de la jornada: «Esta situación es profundamente preocupante y sigue una tendencia de tácticas intimidatorias que afectan a nuestro equipo», escribió. La oficina reabrirá el lunes por la mañana.
Del lado demócrata, Amy Klobuchar (Minnesota) explicó que su oficina fue avisada por la Policía del Capitolio y por los inspectores postales. «Gracias a los trabajadores postales y a los investigadores que lo identificaron e interceptaron, nadie en nuestra oficina estuvo en peligro inmediato», señaló. Un envío similar fue interceptado antes de llegar al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer.
A la lista se suman la senadora Lisa Blunt Rochester (Delaware) y los representantes Hillary Scholten (Míchigan), Analilia Mejia (Nueva Jersey), Sarah Elfreth (Maryland), Kelly Morrison (Minnesota), Ritchie Torres (Nueva York) y los floridanos Maxwell Frost y Darren Soto. En varias de las cartas, el remitente impreso eran las siglas «DSA», que podrían corresponder a los Socialistas Demócratas de América. Scholten aseguró que su sobre contenía un «polvo blanco no identificado».
Mejia habló de un «intento deliberado de causar daño» a ella y a su equipo. El inspector jefe adjunto del USPIS, Brendan Donahue, confirmó que su agencia y el FBI movilizarán «todos sus recursos» y subrayó que cualquier amenaza contra un responsable electoral es inaceptable. No hay heridos confirmados. Nadie ha reivindicado los envíos.
En Washington, una carta con polvo blanco no es una anécdota: se trata como un incidente de material peligroso hasta que el laboratorio dice lo contrario.
El calendario aprieta: legislativas de noviembre y el correo del Capitolio en alerta
Quedan 17 días para las midterms —las legislativas de mitad de mandato— del 3 de noviembre y el calendario se ha vuelto el dato más incómodo del caso. Cada cierre de oficina se traduce en audiencias aplazadas, votaciones que se estrechan, y senadores que despachan desde casa. El correo del Congreso no llega directo a los despachos: desde 2001 se criba e irradia en instalaciones externas de Ohio y Nueva Jersey. Cualquier sobre sospechoso activa un protocolo federal que cuesta horas y dinero.
El USPIS no es una pieza menor: es la policía federal del correo, con competencia sobre todo lo que viaja por el servicio postal, incluidos los envíos dirigidos a los responsables electorales de cada estado. Su procedimiento, coordinado con la Policía del Capitolio y con el FBI —y con el Servicio Secreto cuando hay un protegido implicado—, es el mismo que se activó con los sobres de ántrax de 2001.
La Lógica de Washington
La reacción no es exageración. En octubre de 2001, dos cartas con esporas de ántrax dirigidas a los senadores Tom Daschle y Patrick Leahy obligaron a cerrar edificios del Congreso, mataron a cinco personas e infectaron a diecisiete. Desde entonces, el sistema federal trata cada sobre con polvo como un incidente de material peligroso hasta que un laboratorio demuestra lo contrario. La lógica es preventiva y cara, y los dos partidos la sostienen porque el coste de equivocarse es humano.
Hay una segunda lección de 2001 que explica la prudencia de estas horas. Entonces se sospechó de una red yihadista; la investigación federal concluyó años después que el autor había sido un científico del Ejército estadounidense, Bruce Ivins, muerto antes de sentarse en el banquillo. Las siglas «DSA» son una pista, no una conclusión. En Washington nadie quiere repetir un error de atribución con las cámaras a punto de renovarse.
El mensaje institucional es idéntico en los dos bandos. El demócrata Darren Soto dijo que «la violencia política no tiene cabida en nuestra democracia»; el republicano Mike Rounds, que «Estados Unidos es mejor que esto». Esa contención es transversal y responde a un interés doble: bajar la temperatura antes del 3 de noviembre y evitar que el caso se convierta en munición electoral. La investigación marcará el tono de las tres últimas semanas de campaña, y cualquier informe del FBI posterior a las urnas tendrá menos recorrido político que uno anterior.
Para España, el impacto se mide en dos planos. Madrid ya sabe lo que es recibir correspondencia hostil. Entre noviembre y diciembre de 2022, seis sobres explosivos llegaron a la Embajada de Ucrania, a La Moncloa, a la base de Torrejón de Ardoz, a la empresa Instalaza, a la Embajada de EE. UU. y al Ministerio de Defensa; la investigación concluyó con un detenido en Pamplona en enero de 2023. El segundo plano es operativo: la red consular española y las filiales de empresas españolas en EE. UU. trabajan con los mismos protocolos federales de cribado que cualquier oficina americana.
Un calendario comprimido: lo que cambia para España
El efecto inmediato sobre España es de calendario, no de caja. El calendario manda. Las compañías españolas con presencia en EE. UU. —Iberdrola a través de Avangrid, Santander, BBVA, Ferrovial, ACS o Inditex— operan con los procedimientos de cribado de cualquier corporación americana y una alerta postal no altera su actividad. Lo que sí se comprime es la agenda bilateral: cada jornada de oficinas cerradas en el Capitolio retrasa audiencias y votaciones, y con ellas los expedientes abiertos que interesan a Madrid.
La red consular española —de Washington a Nueva York, Miami, Los Ángeles, Chicago, Houston, Boston y San Juan— canaliza miles de trámites semanales y es la primera línea de contacto con los ciudadanos españoles. El criterio general que comparten las sedes europeas en EE. UU. ante correspondencia no solicitada es no abrir, aislar y avisar a seguridad, la misma secuencia que el USPIS pide a cualquier oficina americana.
Ficha del Caso
- El caso: Una decena de cartas con polvo blanco sospechoso han llegado a oficinas del Congreso y a responsables electorales de EE. UU. El FBI y el Servicio de Inspección Postal investigan los envíos, sin heridos confirmados ni reivindicación.
- Datos clave: Envíos reportados desde el viernes 16 de octubre. Entre los destinatarios figuran Ted Cruz, Susan Collins, Amy Klobuchar, Chuck Schumer, Lisa Blunt Rochester y una decena de representantes. Varias cartas llevaban el remitente «DSA». Las legislativas se celebran el 3 de noviembre.
- Para España: Sin impacto económico directo, el caso reactiva el manual de los seis sobres explosivos de 2022 y obliga a las sedes diplomáticas y a las filiales españolas en EE. UU. a extremar el cribado de correspondencia en plena campaña electoral americana.
