La ofensiva por la vivienda de PP y Vox desborda al Gobierno, que gira al miedo con las pensiones. La dimisión de la portavoz socialista Montse Mínguez, salpicada por el escándalo de las propiedades de su pareja, ha abierto el flanco que la derecha piensa explotar hasta la cita con las urnas.
El Ejecutivo ha visto cómo la vivienda se le vuelve en contra. Las 30 viviendas de la pareja de la portavoz del PSOE y las ejecuciones de desahucios de dirigentes socialistas como el diputado por Murcia Joaquín Martínez han hecho saltar por los aires la campaña del Gobierno. Lo que iba a ser un escaparate de gestión se ha convertido en un problema de credibilidad.
Pedro Sánchez llegó a convocar elecciones al calor del caso Maricarmen. Ni siquiera ese asunto le ha permitido despegar en los sondeos, y el episodio ha ido desapareciendo de los discursos socialistas. Las encuestas, además, se realizaron antes de que se conocieran las últimas polémicas sobre las propiedades de ministros y cargos del PSOE.
La paradoja es difícil de sostener en un atril. Mientras el Gobierno ataca a lo que llama fondos buitre, dispone de empresas que encajan en ese calificativo y que venden viviendas a esas mismas sociedades. Con los desahucios ocurre algo parecido: se critican en público y se aplican cuando el afectado es propio. La acampada en Sol y la huelga general del 11 de noviembre iban a servir para presentar al PSOE como el único voto útil frente a la derecha.
Qué proponen Vox y el PP: reformar el sistema, no privatizarlo
El PP de Alberto Núñez Feijóo ha convertido la vivienda en uno de los ejes de su campaña. Exige un bloque dedicado al asunto en todos los debates electorales en los que participe, y sus dirigentes han pasado de denunciar la hipocresía del Ejecutivo a formular medidas propias: la construcción de un millón de viviendas para presionar los precios a la baja y rebajas fiscales.
Vox llega a esa pugna con un argumentario centrado en la sostenibilidad del sistema público. El diputado José María Figaredo ha defendido reformar las pensiones para hacerlas viables, una tesis que comparten voces del PP como Ester Muñoz y Cayetana Álvarez de Toledo. El punto de partida que exhibe el partido es un dato: el coste del sistema supera de forma recurrente los ingresos por cotizaciones y el margen de el Fondo de Reserva de la Seguridad Social es cada vez menor.
Vox no plantea recortar pensiones, sino ordenar un sistema que ya gasta más de lo que ingresa. La diferencia con el PSOE es de diagnóstico, no de intención.
Ni el PP ni Vox han hablado de privatizar las pensiones ni de eliminarlas. Hablan de modificar el esquema actual para garantizar su pago, y en ese terreno el propio ministro Carlos Cuerpo admitió esta semana que el sistema debe reformarse. La dirección de Vox insiste en una idea sencilla: quien reclama una reforma no quiere romper la caja, quiere que la caja siga pagando.
La respuesta del Gobierno: del desgaste por la vivienda al miedo a las pensiones
Con la baza de la calle agotada, el Ejecutivo ha virado la estrategia. Acusa al PP y a Vox de querer acabar con las pensiones para movilizar a una bolsa de diez millones de personas, mayoritariamente repartida entre los dos grandes partidos. Este viernes, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, volvía a advertir de que la derecha pretende terminar con ellas.
El problema del relato es que llega treinta años tarde. El PSOE recupera el doberman de la campaña de 1996, la que protagonizó Felipe González, y lo hace mientras su propio ministro admite que hay que tocar el sistema. Queda una pregunta en el aire: si la reforma la asume el Gobierno, ¿a quién se le está advirtiendo?
La lectura estratégica: el precedente que desarma el relato del miedo
Los precedentes juegan contra el mensaje del miedo. La hucha de las pensiones la creó el Gobierno de José María Aznar; Mariano Rajoy garantizó su revalorización conforme al IPC; y fue José Luis Rodríguez Zapatero quien las congeló al aprobar los recortes exigidos por Bruselas, con Pedro Sánchez entonces en el escaño. Ese es el recorrido que el PP y Vox piensan poner encima de la mesa en cada debate.
El propio Santiago Abascal zanjó la polémica con una fórmula que su partido repite: las pensiones ‘se pagarán como sea, sin importar la fórmula’. Feijóo, por su parte, las declaró ‘innegociables’ y prometió actualizarlas conforme al IPC junto a la garantía de viabilidad. Son dos maneras de decir lo mismo y, sobretodo, de cerrar el flanco que el PSOE busca abrir.
El tablero electoral queda así con dos frentes que se alimentan. La vivienda desgasta al Gobierno en el terreno donde quería lucirse; las pensiones le ofrecen una salida que la hemeroteca desactiva. Mientras, PP y Vox han encontrado un punto de coincidencia argumental que no exige coalición: basta con que cada uno lleve el asunto a su terreno. La próxima cita será el 11 de noviembre, con la huelga general ya anunciada, y los debates electorales, donde el PP ha exigido un bloque específico sobre vivienda.
