JBS, el mayor procesador de carne del planeta, afronta una demanda de Greenpeace Países Bajos por deforestación en la Amazonía mientras negocia una expansión de 5.000 millones de dólares en el Sudeste Asiático.
La compañía brasileña tiene capacidad para sacrificar decenas de miles de cabezas de ganado vacuno y porcino, y millones de pollos, cada día. Greenpeace Nordic estima que sus operaciones expulsan más metano —un gas con un potencial de calentamiento muy superior al del CO2 en el horizonte de veinte años— que ExxonMobil y Shell juntas.
El plan que ahora se conoce no es un ajuste de perímetro. Según la investigación publicada por Greenpeace International, la cárnica quiere agrupar la totalidad de sus operaciones en Australia y Nueva Zelanda en una nueva sociedad conjunta con Danantara, el fondo soberano de Indonesia, para multiplicar la producción industrial de proteína animal en la región.
Una ‘joint venture’ de 5.000 millones con el fondo soberano de Indonesia
La operación pretende levantar 5.000 millones de dólares para seguir comprando activos y abriendo plantas, con Indonesia como primer mercado y la carne de vacuno, el pollo y, posiblemente, la acuicultura como categorías de arranque. El holding se registraría en los Países Bajos, la misma jurisdicción donde JBS fijó su sede corporativa en 2025. El volumen casi duplica el mayor plan de expansión de ganadería industrial identificado hasta la fecha en el mundo, según la propia organización.
La base ya existe. Más de tres cuartas partes del ganado vivo que exporta Australia acaba en Indonesia, y JBS es el mayor procesador de vacuno del país oceánico. La nueva sociedad no parte de cero: se apoya en una cadena de suministro montada y en un flujo comercial que lleva años funcionando.
El negocio no se construye sobre suelo vacío: se construye sobre bosque, pasto y ganado que ya cruzaba fronteras antes de que existiera la ‘joint venture’.
La pregunta que Greenpeace pone encima de la mesa no es solo financiera. Danantara tutela empresas estatales implicadas en el programa Food and Energy Estate, la iniciativa con la que Yakarta ha movilizado suelo en regiones como Papúa del Sur bajo la etiqueta de seguridad alimentaria nacional.
Un fondo público, un holding privado y un bosque tropical en medio: la letra pequeña de esta alianza se dirime en hectáreas, no en comunicados.
La letra pequeña: Papúa del Sur, 560.000 hectáreas y un documental incómodo
Los documentos oficiales no nombran a JBS como socio directo del proyecto de Papúa, y la investigación lo reconoce. Pero el calendario encaja demasiado bien: el fondo que negocia con la cárnica es el mismo que supervisa las empresas estatales del programa. Comunidades indígenas han denunciado presión estatal, incluido el uso del ejército, para liberar millones de hectáreas de selva, humedales y sabana. El documental ‘Pig Feast’, coproducido por Greenpeace Indonesia, recogió esos testimonios y se proyectó en el país pese a los intentos de impedir su exhibición.
El cálculo de impacto dimensiona lo que está en juego. Un informe de Greenpeace Indonesia publicado en 2025 cifró en 221 millones de toneladas de CO2 las emisiones que liberaría la tala de apenas 560.000 hectáreas para plantaciones de caña de azúcar en Papúa del Sur. Es el equivalente a lo que emiten 48 millones de coches circulando durante un año entero.
📊 Impacto ecológico en cifras
- CO2 comprometido: 221 millones de toneladas si se talan 560.000 hectáreas de selva en Papúa del Sur.
- Capacidad: JBS faena decenas de miles de cabezas de vacuno y porcino y millones de pollos al día.
- Inversión: 5.000 millones de dólares en la sociedad con Danantara, casi el doble del mayor plan ganadero identificado.
- Equivalencia: las emisiones citadas equivalen a 48 millones de coches en circulación durante un año.
El rastro que JBS ya dejó: de Queensland a la Amazonía
Australia no es un caso aislado. Una investigación de la Australian Conservation Foundation concluye que la agricultura australiana provoca hoy más despeje de tierra que el aceite de palma en Indonesia en los últimos años. Las topadoras arrasan bosque nativo para pasto, destruyen hábitat de koalas y arrastran sedimentos hasta la Gran Barrera de Coral. El país es el segundo exportador mundial de vacuno, solo por detrás de Brasil, y el primero en carne fresca o refrigerada.
En Brasil, Greenpeace documentó un esquema de blanqueo de ganado que abastece a JBS: la gran finca Nova Orleans, marcada por embargos y deforestación ilegal, y la pequeña Chácara Rancho Alegre. La fórmula consiste en mover reses entre propiedades para que el animal que llega al matadero pierda la trazabilidad del terreno donde se crió.
El argumento corporativo de siempre es la seguridad alimentaria: hace falta escala industrial para dar de comer a una población creciente. La investigación de IPES-Food y de la Alliance for Food Sovereignty in Africa sostiene lo contrario, que un sistema concentrado en pocas manos es más frágil ante guerras comerciales, sequías o crisis de fertilizantes.
Por qué la demanda neerlandesa pesa más de lo que parece
Greenpeace Países Bajos ha llevado a JBS ante los tribunales neerlandeses para frenar una expansión que, sostiene, implica más deforestación, más emisiones y más vulneraciones de derechos. La elección de foro no es casual: el holding del nuevo negocio se registra en los Países Bajos y la cárnica tiene allí su sede corporativa. El litigio busca atacar en el domicilio social lo que ocurre a miles de kilómetros.
El precedente que incomoda al sector es el caso de Milieudefensie contra Shell, que en 2021 llevó a un tribunal de La Haya a ordenar a la petrolera recortar emisiones. Su recorrido posterior en apelación ha rebajado el alcance de aquella victoria, pero el marco ya cambió: las grandes corporaciones dejaron de ser intocables ante la justicia ordinaria por su impacto climático.
El Reglamento europeo de productos libres de deforestación (EUDR) apunta en la misma dirección: obliga a quien vende en la UE a demostrar, con geolocalización de parcela, que la carne, el aceite de palma o el cacao no proceden de tierra deforestada. Ahí está el punto débil de la operación asiática. La trazabilidad que exige Bruselas es exactamente la que Greenpeace pone en duda ante el juez.
Vamos al dato que importa. Los 5.000 millones no son una inversión verde ni pretenden serlo: no hay objetivo de reducción de emisiones asociado, ni tecnología limpia, ni compromiso de trazabilidad verificable. Es crecimiento en el segmento que más deforesta del mundo, empaquetado como seguridad alimentaria.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: frenar la sociedad con Danantara evitaría presión sobre 560.000 hectáreas y hasta 221 millones de toneladas de CO2 en Papúa del Sur.
- Modelo que cambia: la trazabilidad por parcela que exige la EUDR sustituye la promesa corporativa por el documento verificable.
- Para las próximas generaciones: la selva que no se tale esta década es el sumidero de carbono con el que contarán quienes vengan después.
