EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros ha encadenado en las últimas semanas decretos y anuncios —vivienda, salario mínimo, pensiones, 500 plazas de jueces, universidades y 45,3 millones para Ceuta— a seis semanas del 29N.
- ¿Quién está detrás? Pedro Sánchez, con Yolanda Díaz en Trabajo, Félix Bolaños en Justicia, Diana Morant en Universidades y Carlos Cuerpo en Economía.
- ¿Qué impacto tiene? El Ejecutivo quiere llevar las medidas a la Diputación Permanente para que lleguen aprobadas al arranque de la campaña; el resultado afecta a millones de trabajadores, pensionistas y familias inquilinas.
Pedro Sánchez convierte el Consejo de Ministros en el escaparate de la precampaña: decretos, plazas judiciales y subidas del SMI camino del 29N. La Moncloa ha decidido que la acción de gobierno sea el eje del último tramo y que cada martes quede una medida firmada antes de que arranque la campaña electoral.
La ofensiva se mide en calendario. Vivienda, salario mínimo, pensiones, educación, refuerzos judiciales y un real decreto-ley de 45,3 millones de euros para Ceuta componen el catálogo con el que el Ejecutivo quiere reivindicar gestión. Lo que la oposición llama decretos de campaña electoral, en Ferraz se describe como el cumplimiento del programa de coalición firmado en 2023 y, sobre todo, como la prueba de que el Gobierno no ha levantado el pie del acelerador en ocho años de legislatura.
El PP habla de electoralismo y de un Ejecutivo en precampaña permanente. La respuesta socialista es otra: un Gobierno no suspende su capacidad normativa porque haya elecciones. Ferraz sostiene que las medidas responden a problemas reales —el precio de la vivienda, la brecha salarial, la carga de los juzgados— y que renunciar a ellas por el calendario sería la verdadera irresponsabilidad.
Del salario mínimo a las plazas de jueces: el contenido del escaparate
La subida del salario mínimo es la pieza con más recorrido político. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acelerado la negociación para cerrar su etapa al frente del departamento con un incremento que su equipo califica de histórico, mientras en el espacio situado a la izquierda del PSOE las piezas no terminan de encajar: los herederos de Sumar y el Frente Amplio llegan al 29N sin acuerdo con Podemos. Cada euro de SMI beneficia de forma directa a los hogares con rentas más bajas y a los sectores con mayor presencia de mujeres y de jóvenes.
En el ámbito de la Justicia, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027, una ampliación que Moncloa presenta como respuesta a la sobrecarga de los tribunales. En paralelo, el Ministerio de Universidades que dirige Diana Morant prepara una nueva regulación después de que el Tribunal Supremo anulara el texto anterior sobre criterios de creación de universidades privadas; el departamento trabaja ya en un articulado que resista el escrutinio judicial.
Gobernar hasta el último día no es un ardid electoral: es la única forma de que una medida llegue a tiempo a quien la necesita.
El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó el real decreto-ley de apoyo a Ceuta, presentado por el ministro Arcadi España, para financiar medidas extraordinarias y urgentes tras meses de colapso en la gestión de los menores migrantes. A eso se suma el debate de las pensiones: el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha abierto la puerta a que la revalorización se tramite incluso con el Gobierno en funciones. La revalorización automática por ley es, para Ferraz, la línea roja que separa un modelo de otro.
Por qué la Diputación Permanente se convierte en la autopista del último tramo
El instrumento tiene nombre técnico y poca prensa: la Diputación Permanente, el órgano que asume las funciones del Pleno cuando la Cámara está disuelta o fuera de periodo de sesiones. Según las informaciones publicadas en las últimas semanas, el Ejecutivo confía en que la nueva composición de ese órgano le permita llevar por esa vía todos los decretos que pueda y que lleguen votados, no prometidos, al arranque de la campaña. El reglamento de la Cámara permite consultar su composición y sus funciones en la web del Congreso de los Diputados.
El terreno de la vivienda es el más delicado. El Congreso tumbó los decretos de vivienda y el asunto se ha complicado con las informaciones publicadas sobre la pareja de la portavoz socialista Montse Mínguez y sobre un desahucio vinculado al ministro Óscar López. El partido afronta el reto de reconducir ese ruido y de devolver el foco al parque público de alquiler y a los avales para jóvenes, que es donde el PSOE quiere que se dirima la campaña.
El aterrizaje territorial marcará el relato. Las comunidades gobernadas por el PSOE —Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y Cataluña, esta última a través del PSC— aplican ya programas propios de vivienda y de de rentas medias que Ferraz utilizará como espejo. La conferencia de presidentes autonómicos socialistas se perfila como el escenario donde Emiliano García-Page, Adrián Barbón y María Chivite fijen una posición compartida antes del 29N. Son los colectivos de siempre —pensionistas, trabajadores con salario bajo, familias inquilinas— los que terminan midiendo el resultado.
El Eje del Poder Socialista
La dirección federal afronta el último tramo con el flanco interno razonablemente cerrado. García-Page mantiene su distancia habitual y su voz crítica en financiación autonómica; Salvador Illa y Jaume Collboni defienden el perfil propio del PSC desde la Generalitat y la alcaldía de Barcelona. La relación con Sumar funciona por intereses compartidos más que por afectos, y los socios parlamentarios —ERC, EH Bildu, Junts, PNV, BNG y Coalición Canaria— llegan a esta fase con la vista puesta en sus propios calendarios. El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y el del Senado sostienen el argumentario con una idea sencilla: cada veto del PP en la Cámara Alta se convierte en material de campaña.
La lectura territorial es la misma en cada federación. Lo que se apruebe en octubre llega a los ciudadanos antes de que se constituya el nuevo Congreso, y eso vale igual para la revalorización de las pensiones que para las plazas judiciales o el refuerzo del alquiler asequible. En clave de doctrina, el PSOE vuelve a hacer de la acción ejecutiva su mejor argumento frente a una oposición que, en los territorios donde gobierna, administra con el marco presupuestario que diseña el propio Gobierno central.
El riesgo inmediato tiene nombre: bloqueo. Un decreto que decae en la Diputación Permanente se convierte en una derrota en directo y en un titular de campaña para el adversario. Ya ocurrió en el otoño de 2019, cuando el PSOE afrontó una repetición electoral con la subida del salario mínimo como bandera de gestión: aquello funcionó mejor en el relato que en las urnas. La diferencia ahora es la prisa. El Consejo de Ministros del martes 20 de octubre será la próxima prueba de hasta dónde llega el escaparate, y la campaña arrancará con los decretos votados o con ellos pendientes. Si decaen, la culpa será del PP y de Vox, según el guion que ya se ensaya en Ferraz.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La gestión como argumento: cada medida firmada demuestra que el Gobierno socialista sigue gobernando mientras la oposición solo ofrece bloqueo.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Consejo de Ministros del martes 20 de octubre y votación de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente antes del 29N.
