La CFE vota mañana proyectos renovables por 12.500 millones de dólares y 8,2 gigavatios. Y en ese tablero, España tiene mucho que decir.
La junta directiva de la Comisión Federal de Electricidad se reúne el 20 de octubre para dar aprobación preliminar a más de 60 proyectos, en su mayoría parques eólicos y solares. El paquete añadiría unos 8,2 gigavatios al sistema eléctrico mexicano y costaría alrededor de 12.500 millones de dólares, con los gastos de transmisión todavía por cerrar.
Conviene leerlo con prudencia. Una segunda fuente advierte de que el número de proyectos con aprobación definitiva podría ser menor, y un portavoz de la eléctrica estatal sostiene que siguen negociando los términos con las compañías. Traducido: aprobación preliminar, no contratos firmados.
Qué se decide el 20 de octubre en la junta de la CFE
Los 8,2 gigavatios son la cifra que da sentido a todo. La información original los compara con la potencia de ocho reactores nucleares funcionando a la vez, una manera rápida de entender la escala del paquete que se somete a votación.
El objetivo declarado es tapar el agujero de una red que se cae. La península de Yucatán sufre apagones estacionales cada temporada de calor por años de falta de inversión: no hay centrales suficientes ni líneas de transmisión capaces de llevar la electricidad donde se necesita.
La meta que acompaña al plan es ambiciosa: el Gobierno de Claudia Sheinbaum quiere sumar 32 gigavatios de capacidad en 2030 y que el 40% venga de fuentes renovables. La ley mexicana, eso sí, sigue exigiendo que el Estado mantenga al menos el 54% de la propiedad de todas las centrales eléctricas.
Ocho reactores nucleares en potencia renovable dentro de una sola votación: México se juega la luz y España, parte de su cartera americana.
El giro respecto al sexenio anterior es evidente. Andrés Manuel López Obrador cerró la puerta a la inversión extranjera en el sector eléctrico; Sheinbaum la entreabre porque necesita megavatios y la red no aguanta más retrasos.
Qué se juegan Iberdrola, Acciona y Repsol en México
Iberdrola México, Acciona y Repsol tienen intereses directos en ese mercado. No son tres nombres decorativos: son tres grupos con activos de generación, proyectos eólicos y solares y contratos de suministro que dependen de cómo se escriba la letra pequeña de estas autorizaciones.
Lo que se reparte en esta votación es acceso a red y PPA (contratos de compraventa de electricidad a largo plazo), la fórmula con la que un parque renovable cierra su financiación. Sin un contrato de por medio, ningún banco pone dinero. Por eso el sector mira la junta de la CFE como mira un banco central sus tipos de interés.
Hay tres condicionantes que pueden aguar la fiesta. El primero, el número final de aprobaciones. El segundo, los costes de transmisión, aún sin cerrar, que pueden comerse el margen de más de un parque. El tercero, el riesgo regulatorio: la obligación de que el Estado controle el 54% deja al socio privado en una posición que puede cambiar con una firma.
A eso se suma la experiencia acumulada. Las empresas españolas llevan una década aprendiendo que en México las reglas del juego cambian con cada sexenio, y que un proyecto aprobado hoy puede quedarse en un cajón mañana.
El precedente de 2013 que explica por qué nadie firma a ciegas
Retrocedamos un momento. La reforma energética de 2013, impulsada por Enrique Peña Nieto, abrió la generación eléctrica al capital privado y atrajo a las grandes utilities españolas a un mercado de más de 120 millones de habitantes. Seis años después, el Gobierno de López Obrador intentó revertirla, frenó permisos y subastas, y dejó a los inversores con activos construidos y sin marco estable.
Con ese historial, la junta del 20 de octubre no es un trámite: es la prueba de si el nuevo rumbo se sostiene. Y España sabe de qué habla. La propia España aplicó en 2013 un recorte retroactivo a las primas renovables que acabó en varios arbitrajes internacionales. La seguridad jurídica es el activo más caro de una reforma energética, y también el que más tarda en recuperarse.
Lo que conviene seguir no es el titular del martes, sino lo que venga después: cuántos proyectos reciben luz verde definitiva, a qué precio se cierran los contratos de transmisión y si las autorizaciones llegan con plazos largos o con revisiones anuales. Ahí se decide si México vuelve a ser plaza estable para el capital español o si el 54% estatal se convierte en el techo de cristal de la próxima década.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: La junta de la Comisión Federal de Electricidad vota el 20 de octubre más de 60 proyectos renovables, en su mayoría eólicos y solares, que buscan reforzar una red eléctrica mexicana castigada por los apagones.
- Datos importantes: 8,2 gigavatios de capacidad y unos 12.500 millones de dólares de inversión, con gastos de transmisión pendientes. El Estado mexicano debe conservar al menos el 54% de cada central.
- Resumen: Iberdrola, Acciona y Repsol se juegan el acceso a un mercado clave de su expansión americana en una votación que también mide la credibilidad regulatoria de México.
