EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Compromís presenta ante Antifraude una denuncia sobre 223 contratos de emergencia de la DANA por 584 millones, con sobrecostes de hasta el 325% y 58 millones en modificados.
- ¿Quién está detrás? Conselleria de Medio Ambiente, FGV, EPSAR y el Ayuntamiento de Montserrat; expedientes firmados por el Consell de Carlos Mazón, hoy en manos del Consell de Pérez Llorca.
- ¿Qué impacto tiene? La Agencia puede abrir diligencias y el rastro contable llega ya a la comparación con los precios que pagó el Ministerio de Transportes.
Compromís denuncia ante Antifraude sobrecostes de hasta el 325% en los contratos de emergencia de la DANA. La coalición ha llevado este martes a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF) un paquete de expedientes que, a su juicio, bordea la ilegalidad para evitar nuevos concursos públicos.
La documentación la han presentado los diputados autonómicos Joan Baldoví, Isaura Navarro y Carles Esteve en una rueda de prensa en las Corts Valencianes (el parlamento unicameral de la Comunitat Valenciana, con 99 escaños). El escrito no se queda en el caso aislado: describe un patrón de sobrecostes, fraccionamiento de facturas y elusión deliberada de la licitación.
Los números que sostienen la denuncia son estos. De los 223 contratos de emergencia iniciales, valorados en 584 millones de euros, al menos 16 han sufrido modificaciones sustanciales que elevan la factura final en más de 58 millones adicionales, un incremento superior al 10%. Los expedientes salen de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, y de entidades instrumentales como Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR).
Algunos casos hablan solos. En la gestión de residuos, los lotes adjudicados por 59,6 millones se ampliaron en 15 y 9,7 millones con el argumento de un volumen imprevisto de restos. La depuradora de Algemesí-Albalat multiplicó su precio inicial por ocho hasta los 3,6 millones. El complejo de Valencia Sud de FGV pasó de 19,2 a 28,9 millones. La Sindicatura de Comptes, órgano de fiscalización externa de la Generalitat , respalda parte de esas cifras.
La comparación más incómoda es la que mide al Consell contra el Gobierno central. Según el escrito, la Generalitat pagó materiales de construcción entre un 29% y un 325% más caros que el Ministerio de Transportes en actuaciones equivalentes: 13,68 euros por metro cuadrado de excavación mecánica frente a los 3,23 euros estatales. Mismo terreno, misma emergencia, precios muy distintos.
El dinero comprometido y el dinero ejecutado son dos cifras distintas, pero el sobrecoste es una tercera cifra que nadie firma en campaña.
El modificado del 49,99936% que rodea el límite legal
El otro frente está en los ayuntamientos. En Montserrat, la reforma del polideportivo municipal, adjudicada a la constructora Bertolín y a una asistencia técnica, aprobó un modificado de obra por un porcentaje exacto: el 49,99936%. El presupuesto inicial de 1,4 millones subió hasta los 2,1 millones, un sobrecoste de más de 703.000 euros. Ese decimal milimétrico, según el escrito, se diseñó para quedarse justo por debajo del límite del 50% y no tener que resolver el contrato ni convocar un nuevo concurso.
La Intervención Municipal emitió un informe de advertencia sobre la gravedad de la infracción, y según Compromís el modificado se ejecutó omitiendo su función fiscalizadora. A eso se suma la crítica al nuevo reglamento de la AVAF, que a juicio de los valencianistas «se carga la participación y la transparencia en el órgano» y rompe la colaboración con la Fiscalía. La coalición pide que la Agencia investigue de oficio y que se remitan los expedientes completos para depurar responsabilidades contables o penales.
El Escenario Valenciano
La denuncia aterriza en un Consell que ya no es el que firmó los contratos. El actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, heredó del Consell de Carlos Mazón un paquete de 223 expedientes de emergencia que ahora le toca defender, con el pacto PP–Vox sosteniendo el Gobierno autonómico. El expresident Mazón, hoy diputado en las Corts y con su propia causa judicial por la gestión de la catástrofe, ya no es quien responde políticamente de estos papeles. La pregunta es si el grupo popular acepta revisar la factura de la urgencia expediente a expediente o prefiere que lo decida Antifraude.
La dimensión nacional la marca el precio. El artículo 120 de la ley de Contratos del Sector Público permite tramitar por emergencia sin licitación, una excepción pensada para catástrofes y que en España se ha aplicado en la riada de Biescas de 1996, en las inundaciones de Murcia de 2012 y durante la pandemia. El problema no es la excepción: es el diferencial. Los 3,23 euros por metro cuadrado que abonó el Ministerio de Transportes son la referencia estatal contra la que se mide cada euro autonómico, y ese contraste es el material que la oposición tiene a mano para pedir explicaciones también en Madrid.
Queda la proyección. Antifraude tiene ya la documentación y debe decidir si abre diligencias de investigación; Compromís reclama además la remisión íntegra de los expedientes del Consell y del Ayuntamiento de Montserrat. Si la Agencia aprecia indicios de fraccionamiento o de una modificación diseñada para esquivar el 50%, el asunto deja de ser político y pasa a ser contable. La reconstrucción tiene un calendario de obras que no espera, y cada modificado que se apruebe a partir de ahora tendrá un ojo encima.
Ficha del Caso
- El caso: Compromís lleva a la Agencia Antifraude valenciana los contratos de emergencia tramitados tras la DANA del 29 de octubre de 2024, al detectar sobrecostes, fraccionamientos y modificados que esquivan la licitación pública.
- Datos importantes: 223 contratos iniciales por 584 millones; 16 modificados que suman más de 58 millones; sobrecostes de materiales de entre el 29% y el 325% frente al Ministerio de Transportes; modificado del 49,99936% en Montserrat.
- Resumen: El caso traslada al plano contable y posiblemente penal la gestión de la urgencia de la DANA, con el Consell de Pérez Llorca como responsable de unos expedientes firmados bajo el mandato de Mazón.
