EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El border czar Tom Homan ha confirmado que el plan de inspecciones laborales de HSI, el brazo investigador del ICE, ya está redactado y llegará «esta semana o la próxima» al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.
- ¿Quién está detrás? El ala dura de la política migratoria de la administración Trump, que quiere perseguir al empleador y no solo al trabajador sin papeles.
- ¿Qué impacto tiene? Hoteles, restauración, obra, agricultura y mataderos: los mismos sectores en los que operan cadenas y constructoras españolas en Estados Unidos.
Tom Homan confirma que el DHS ampliará las inspecciones laborales a las empresas que contraten a trabajadores irregulares.
Qué contiene el plan que Mullin tendrá sobre la mesa esta semana
El border czar (el cargo de facto que coordina la política migratoria de la Casa Blanca) lo explicó el domingo en Fox News: el plan de aplicación en centros de trabajo «acaba de salir la semana pasada de HSI» —Homeland Security Investigations, el brazo investigador del ICE— porque él mismo lo había pedido. «El secretario lo verá esta semana o la próxima».
Al otro lado del expediente está Markwayne Mullin, y su historial importa. El 25 de septiembre escribió en X que «el ICE no está llevando a cabo operaciones en centros de trabajo en Kansas», y subrayó que sus agentes persiguen a criminales graves y a personas con orden final de expulsión. Esa frase retrata el statu quo que Homan quiere romper.
El borrador tiene tres patas. La primera es la inspección clásica del centro de trabajo. La segunda apunta a quien usa identificaciones falsas para robar números de la Seguridad Social. La tercera, la más incómoda para el empresariado, es la responsabilidad del empleador: «No se trata solo de arrestar a extranjeros; se trata de que los empleadores respondan», dijo Homan. El objetivo declarado es secar el mercado laboral que atrae a la inmigración irregular.
Nadie en Washington discute ya si se puede hacer. La discusión es a quién se le hace primero.
Sancionar al empleador siempre fue la vía más barata y más disuasoria de la ley migratoria estadounidense. También la que menos se ha utilizado.
La mecánica es menos espectacular que una redada y bastante más eficaz. Se llama investigación I-9: revisar el formulario I-9, Employment Eligibility Verification —el documento que acredita que cada trabajador puede trabajar legalmente— y cruzarlo con los registros federales. Si aparecen documentos falsos o números duplicados, responde la empresa. Sin cámaras, sin manifestaciones y con el director financiero en el punto de mira.
Por qué la Casa Blanca frena en mataderos, hoteles y obra
Aquí está la contradicción que Homan deja entrever. El propio Donald Trump ha pedido a sus agencias que eviten operaciones en agricultura, construcción, mataderos, restaurantes, y hoteles. El motivo no es humanitario: es económico. Un parón ahí encarece la comida, retrasa la obra y enfada a donantes del Partido Republicano.
El 30 de septiembre, ante un grupo de aliados latinos, el presidente resumió la presión con franqueza: «Dirán que eres demasiado duro, o demasiado blando. ¡Más duro! ¡Más blando!». Y remató con la frase que de verdad manda en su partido: «Tenemos que tener los votos».
Mullin, empresario de éxito en Oklahoma, habla ese idioma. El 7 de octubre dijo a Breitbart News que la demografía decide la política: preguntada una inteligencia artificial cómo convertir un estado rojo en azul, «te dirá el cien por cien de las veces que hay que cambiar la demografía». Es quien debe firmar el plan. La tensión entre el donante y el votante populista se resuelve caso por caso.
Para las empresas españolas la cuestión no es ideológica sino documental. Meliá, NH Hotel Group e Iberostar operan hoteles en Florida, Nueva York y California; Ferrovial e Iberdrola, esta última a través de Avangrid, gestionan concesiones, obra y redes eléctricas. Todas son empleadores estadounidenses sujetos al mismo formulario I-9 que una empresa de Kansas.
Hay un matiz que conviene no perder. Los republicanos que han recortado la migración legal que conducía a la ciudadanía mantienen pocas restricciones sobre trabajadores contratados no votantes, como los H-1B. El profesional español con ese visado queda, en teoría, fuera del radar. En la práctica, una auditoría revisa expedientes de toda la plantilla.
La Lógica de Washington
La pregunta que se hace el Departamento de Seguridad Nacional no es cómo deportar más, sino por qué la gente sigue viniendo. La respuesta oficial tiene dos décadas: el empleo. Cerca de dos millones de personas ya han salido del país, según la cifra que maneja Homan, y el flujo no se detiene porque sigue habiendo nóminas al final del camino. Atacar la nómina es más barato que fletar aviones.
Detrás de la medida hay una coalición vieja. El IRCA de 1986, la ley de Reagan que penalizó por primera vez la contratación de indocumentados y creó el formulario I-9, nació del mismo compromiso imposible: se exigía al empresario una obligación que apenas se fiscalizó durante décadas. Lo que Homan propone no es una ley nueva. Es aplicar la de 1986.
Para España el impacto es doble. El primero es directo: las filiales estadounidenses de grupos españoles tendrán que auditar expedientes antes de la primera visita. El coste de cumplimiento no es trivial con plantillas repartidas en varios estados. El segundo es de precio: si la presión funciona en mataderos y obra, el encarecimiento llega a la alimentación y a la vivienda, y de ahí a la inflación que importa en Madrid. Bruselas negocia aranceles mientras Washington mueve su mercado laboral por vía administrativa, sin pasar por el Congreso.
La ventana es corta. Mullin podría aprobar el plan en los próximos diez días, y el calendario político no invita a la moderación: las elecciones de medio mandato se celebran el 3 de noviembre de 2026 y ningún operador republicano quiere explicar en un anuncio por qué su distrito perdió mil puestos de trabajo en la construcción. La incógnita no es si habrá inspecciones, sino cuántas y en qué sectores. Homan quiere todas; Trump quiere las suficientes.
Ficha del Caso
- El caso: El plan de inspecciones laborales de HSI llega al secretario Markwayne Mullin con la promesa de perseguir a los empleadores que contratan a trabajadores irregulares, no solo a los sin papeles.
- Datos clave: El borrador salió de HSI la semana previa al anuncio de Homan; Mullin lo revisará esta semana o la próxima. Cerca de dos millones de personas ya han sido deportadas, según el propio border czar. Las elecciones de medio mandato se celebran el 3 de noviembre de 2026.
- Para España: Las filiales estadounidenses de grupos españoles de hotelería, infraestructuras y energía operan con el mismo formulario I-9 y quedan expuestas a auditorías documentales de alcance limitado pero costoso.
