CCOO, UGT y el Sindicat de Llogateres registran este martes el preaviso de la huelga general del 11 de noviembre. El trámite, presentado en Barcelona ante el Departament d’Empresa i Treball, llega con una consigna que resume el marco del conflicto: ‘queremos vivir, no sobrevivir’.
La convocatoria no pilla a nadie por sorpresa. Las tres organizaciones llevan meses calentando la calle con la vivienda como bandera y el salario como munición. Lo que cambia desde hoy es el calendario: quedan 22 días para negociar, encajar los servicios mínimos y medir fuerzas antes de que la ciudadanía decida si secunda el paro.
Qué hay detrás del 7% que ha encendido a la patronal
La secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, puso la primera cifra sobre la mesa: desde 2013 el precio de compra de la vivienda ha subido un 96% y el del alquiler un 56%, mientras los salarios solo se han revalorizado un 26%. Aplicado sobre una renta de 700 euros en 2013, ese 56% arroja hoy más de 1.090 euros al mes.
Camil Ros, secretario general de UGT en Catalunya, ha bautizado la jornada como ‘la huelga del poder adquisitivo’. Su exigencia es concreta y tiene destinatario: un 7% de subida salarial que las centrales reclaman a la CEOE. Desde CCOO subrayan que la clase trabajadora no está dispuesta a seguir cediendo derechos mientras los precios de los alimentos, los carburantes y la energía no dan tregua.
La respuesta de la patronal no ha ayudado a rebajar la temperatura. Ros ha cargado contra el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, por calificar de ‘ocurrencia’ la propuesta del 7%. El líder sindical le reprocha haberse retractado después de haber defendido en el pasado incrementos retributivos de magnitud parecida.
La brecha entre lo que sube un alquiler y lo que sube un sueldo no es una estadística: es la razón por la que hay una huelga convocada.
El margen se estrecha.
Lo que el 11N le exige al Govern y a Moncloa
El primer trámite incómodo es competencia de la Generalitat. El Departament d’Empresa i Treball debe fijar los servicios mínimos de una huelga general y ese decreto será la primera lectura política de la convocatoria. Si los mínimos se antojan altos, las centrales hablarán de boicot; si son bajos, las patronales dirán que el Govern ha elegido bando.
El Palau de la Generalitat afronta así un mes de vértigo: paro convocado, vivienda sin resolver, y un calendario electoral que las propias centrales sitúan en el horizonte. Nadie discute el diagnóstico. El problema es la factura. Lo que observamos es una incomodidad compartida con Moncloa: la Ley de Vivienda estatal sigue siendo el único paraguas de la Generalitat —Catalunya fue la primera comunidad en aplicar el índice de referencia de precios— y las centrales no ven ningún anuncio a corto plazo capaz de descomprimir el malestar.
En la coalición convocante hay un tercer actor que incomoda a más de uno. La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha remarcado que esta es una protesta ‘del pueblo’ y ha reclamado la implicación de todo el tejido social. Su foto es la de una generación que dedica la mitad del sueldo al alquiler y el resto a suministros básicos.
Para coordinar el paro, la plataforma ha presentado TOKA, una aplicación descargable desde la web oficial de la convocatoria. No es un detalle menor: la llamada apela a un activismo digital que no pasa necesariamente por las asambleas de empresa ni por las sedes sindicales clásicas.
Una huelga de alquileres que la ley todavía no reconoce
La reclamación de fondo de Arcarazo es jurídica: equiparar los derechos de los sindicatos de inquilinas a los de los sindicatos laborales, incluida la legitimidad para convocar y para sentarse en una negociación colectiva. El marco vigente en materia de huelga sigue hablando de trabajadores por cuenta ajena. No hay encaje para una huelga de alquileres.
La ley no lo contempla. Todavía.
El precedente de 2012 y el riesgo de leerlo todo en clave electoral
La última huelga general de ámbito estatal se remonta al 14 de noviembre de 2012, con Mariano Rajoy en La Moncloa y una reforma laboral recién aprobada. En Catalunya el seguimiento fue masivo, aunque las cifras de las centrales y las de la patronal nunca cuadraron. Catorce años después el escenario es otro: no existe un texto concreto que actúe como enemigo único.
Ahí está la debilidad del 11N. Sin una norma sobre la mesa, la protesta se mide contra un malestar difuso —alquileres, nóminas, cesta de la compra— que resulta más fácil de explicar y también más fácil de desactivar con un anuncio a tiempo.
La lectura política tiene tres aristas. La primera: la Generalitat que preside Salvador Illa se juega la credibilidad de su política de vivienda, donde la promoción pública avanza a un ritmo que no altera los precios de mercado. La segunda: Moncloa mira la cita como termómetro del bloque social que sostiene al Gobierno. La tercera: la CEOE ya no es la única patronal que negocia con las centrales catalanas, y Foment del Treball tiene su propia exposición pública.
El calendario no se mueve. Queda el riesgo sindical. Si el seguimiento es alto, CCOO y UGT salen reforzadas y con capacidad de marcar la agenda del otoño. Si es bajo, el Sindicat de Llogateres y los colectivos juveniles a los que apela Arcarazo pueden leerlo como una brecha entre el mundo del trabajo y el del alquiler.
Y una huelga no se convoca dos veces. El 11 de noviembre está escrito en el calendario; antes, el Departament d’Empresa i Treball deberá publicar los servicios mínimos, las patronales tendrán que decidir si se sientan a hablar del 7% y el Govern necesitará explicar qué hace con los alquileres antes de que alguien se lo pregunte en la calle.
