El exsecretario de Emergencias, Argüeso, sostiene ante la jueza de la DANA que él no podía convocar el Cecopi ni enviar la alerta.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La defensa de Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, recurre la interlocutoria del 13 de octubre de la jueza Nuria Ruiz Tobarra.
- ¿Quién está detrás? Argüeso y la exconsellera Salomé Pradas son los dos únicos imputados en la causa que investiga la gestión de la DANA.
- ¿Qué impacto tiene? Por primera vez, el número dos de Interior señala a su superiora jerárquica: la defensa de los investigados deja de ser común.
El recurso que rompe la defensa común de los dos imputados
La defensa de Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, ha recurrido la última interlocutoria de la jueza instructora del caso, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, fechada el 13 de octubre. El escrito, conocido este miércoles y al que ha tenido acceso la agencia Efe, alega que la argumentación judicial vulnera el derecho de defensa y la presunción de inocencia del investigado. Y desliza, por primera vez, un nombre propio.
Ese nombre es Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior. Según el recurso, era ella, y no su número dos, quien debía ordenar el envío del ES-Alert y constituir el Cecopi, el órgano que coordina la respuesta autonómica y estatal ante una emergencia. El mensaje masivo que hace sonar todos los móviles de una zona llegó a las 20:11 de la tarde del 29 de octubre de 2024. Para entonces, la mayoría de las víctimas mortales ya se habían producido.
La interlocutoria recurrida había dado un paso que incomoda. La jueza aprecia «indicios claros» de que las trece muertes de La Torre, una pedanía del sur de València, son «una muestra evidente de las negligencias en la gestión de la emergencia». El auto menciona también «la falta y el retraso de avisos» y lo que ese retraso supuso para quienes murieron en los garajes, en sus casas o de camino, dentro del coche. La causa investiga 233 fallecimientos en la provincia de València.
Argüeso y Pradas son, por ahora, los dos únicos imputados. Hasta este miércoles, sus versiones eran compatibles: ambos sostenían un reparto de funciones que difuminaba la cadena de mando. El recurso rompe esa geometría. Al descargar la decisión sobre su superiora jerárquica, el exnúmero dos de Interior traslada el foco de la instrucción a la cúpula política de la Conselleria y deja a la jueza dos relatos que ya no encajan entre sí.
La primera grieta en la defensa del 29-O no la abre la acusación: la abre uno de los imputados señalando a su jefa.
Trece muertes en La Torre y una alerta que llegó a las 20:11
La Torre se ha convertido en el epicentro simbólico de la instrucción. Es una pedanía del sur de València, junto al nuevo cauce del Turia, y allí murieron trece personas la tarde de la barrancada. La jueza ha construido su auto sobre ese caso concreto porque permite reconstruir la cadena completa: el aviso meteorológico, la decisión política, el silencio del móvil y el agua.
Los avisos de la AEMET habían escalado a rojo desde la mañana. El ES-Alert, un sistema dependiente del Ministerio del Interior que España estrenó en 2023, lanza una alarma masiva a los móviles de una zona en segundos. Aquel 29 de octubre sonó a las 20:11. El sistema funcionó; la decisión llegó tarde.
Sobre esa secuencia se ha construido el relato político. El Consell (el gobierno autonómico valenciano) defiende que la alerta se lanzó en cuanto hubo certeza técnica sobre la gravedad; los afectados responden con la cronología, que sitúa el pico de la riada antes del mensaje. Entre ambas versiones, la jueza pide papeles y no opiniones.
El Escenario Valenciano
La causa avanza en un escenario político distinto al de la catástrofe. El president de la Generalitat es Juanfran Pérez Llorca, investido por las Corts Valencianes (el parlamento autonómico, con 99 escaños) el 27 de noviembre de 2025 con el apoyo de Vox, y en el cargo desde el 2 de diciembre. El pacto con la extrema derecha se mantiene. El expresident Carlos Mazón, que dimitió el 3 de noviembre de 2025 por su gestión de la DANA, conserva su acta de diputado y, por ahora, no figura entre los imputados.
La oposición de PSPV y Compromís sigue la instrucción escrito a escrito y ha hecho de cada auto un argumento político. Ambos reclaman que se depuren responsabilidades también en la cúpula de la Conselleria. El Consell responde con el protocolo como escudo y con la reconstrucción como horizonte.
En clave nacional, el caso tiene dos derivadas. La primera es el reparto de responsabilidades entre administraciones: el Estado canaliza parte de la ayuda a través del Consorcio de Compensación de Seguros y de las transferencias a la Generalitat, y la reconstrucción se ha instalado en el debate parlamentario sobre el sistema de protección civil. La segunda es la comparación con otros desastres, de Biescas en 1996 a las inundaciones de Murcia en 2012. La diferencia es que aquí la pregunta sobre quién avisa y cuándo se dirime en un juzgado, y con cargos autonómicos sentados en la mesa.
El recorrido procesal inmediato pasa por que la propia jueza resuelva el recurso o eleve la decisión a la Audiencia Provincial de València. La fecha pesa: el segundo aniversario de la riada se cumple el 29 de octubre, dentro de ocho días, con la reconstrucción a medias y la instrucción abierta. Ocho días y contando.
Ficha del Caso
- El caso: La jueza que instruye la gestión de la DANA investiga si las trece muertes de La Torre pudieron evitarse. Argüeso y Pradas son los dos únicos imputados.
- Datos importantes: Interlocutoria del 13 de octubre; alerta ES-Alert a las 20:11 del 29 de octubre de 2024; 233 fallecidos en la provincia de València.
- Resumen: El recurso de Argüeso rompe la defensa común y desplaza el foco hacia la exconsellera Pradas, con la instrucción aún abierta y el segundo aniversario a la vuelta de la esquina.
