El Gobierno Vasco recompra a Blackstone 510 viviendas protegidas en Benta Berri, en Donostia, por cerca de 100 millones.
La operación, la de mayor volumen de este tipo registrada en España, afecta a una promoción de mediados de los años noventa en la que residen alrededor de 1.700 personas. Las viviendas se construyeron con la normativa anterior a 2003, de modo que pierden la calificación protegida al cumplir los 30 años, en 2028, y podían pasar al mercado libre.
La promoción se adjudicó en su día a Metrovacesa y Vallehermoso; después pasó a Merlin y acabó en Testa Homes, filial del fondo Blackstone. La titularidad del fondo era solo del vuelo, no del suelo: las parcelas siempre han sido públicas mediante una operación de derecho de superficie, según la información publicada por elDiario.es.
Qué implica el desembolso para el presupuesto de Vivienda
Los cerca de 100 millones de euros equivalen al 15% del presupuesto total del Departamento de Vivienda para 2026, cifrado en unos 600 millones. La compra sucede a otra operación anunciada el pasado verano, por la que el Ejecutivo adquirió 100 viviendas a Kutxabank por 5,7 millones de euros.
Cada vivienda sale a unos 196.000 euros, una ratio que el departamento esgrime para sostener que la compra no resulta más cara que levantar un bloque nuevo en la misma zona.
El consejero de Vivienda, Denis Itxaso (PSE-EE), justificó el gasto en que una promoción de obra nueva para alojar a un número similar de familias tendría un coste parecido. ‘Se quedan. Es un acuerdo histórico. Es un éxito colectivo’, escribió en sus redes sociales. Su departamento ha convocado para este miércoles la comparecencia en la que detallará el plan.
La compra retiene en el parque público 510 viviendas que en 2028 quedaban liberadas de la protección y las mantiene en régimen de alquiler social en Donostia.
Las asociaciones vecinales de Benta Berri, que habían protagonizado movilizaciones y recibido cartas de no renovación de los contratos, han celebrado la decisión. Las familias afectadas sostienen que acumulaban años de promesas sin cumplir sobre el futuro de la promoción.
Las rentas en juego y el calendario de 2028
El alquiler actual en la promoción se sitúa entre 600 y 900 euros al mes. Un piso libre en la misma zona de Donostia podría alcanzar los 1.600 euros, una diferencia que habría hecho inviable la permanencia de buena parte de los residentes una vez expirara la calificación.
La compra no incrementa el parque público: retiene 510 viviendas que ya contaban con protección y que, sin la operación, habrían quedado fuera de él en 2028. El Ejecutivo pasa a ser titular del derecho de superficie, mientras el suelo continúa en manos públicas.
Los hogares afectados suman en torno a 1.700 personas, con contratos de alquiler protegido que ahora se mantendrán. El calendario, la fórmula jurídica y el encaje presupuestario de la operación se detallarán en la comparecencia de este miércoles.
El resto del parque protegido y la modificación legal pendiente
El caso de Benta Berri es una excepción dentro de un fenómeno más amplio. Por la vía de la pérdida de calificación a los 30 años han salido del parque protegido vasco alrededor de 55.000 viviendas y todavía quedan promociones en riesgo hasta 2033. Para frenarlo, el Ejecutivo prepara una modificación legislativa que incorporará a los presupuestos de 2027: las casas anteriores a 2003 no perderán la protección si se sitúan en zonas tensionadas.
La vivienda es competencia exclusiva de la comunidad autónoma desde el Estatuto de Gernika, de modo que la inversión se cubre con el presupuesto autonómico y no afecta al cálculo del cupo, la aportación que Euskadi transfiere al Estado por las competencias que no ha asumido. El cambio legal viajará en el proyecto de presupuestos de 2027, que debe aprobar el Consejo de Gobierno y tramitar el Parlamento Vasco, donde la coalición de PNV y PSE-EE suma 39 de los 75 escaños.
