El jurado popular ha declarado culpable de cohecho al teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava por el caso Cuarteles. El veredicto, conocido este miercoles, 21 de octubre, declara igualmente culpable al empresario Ángel Ramón Tejera de León tras el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? Un jurado popular declara culpables de cohecho al teniente general Pedro Vázquez Jarava y al empresario Ángel Ramón Tejera de León.
- ¿Dónde y cuándo? En la Audiencia Provincial de Madrid, con veredicto por unanimidad conocido este miércoles, 21 de octubre.
- ¿Qué resultado? 120 contratos menores adjudicados entre 2008 y 2019 en 13 comandancias por 3,3 millones de euros, con unos 40.000 euros en dádivas.
Un veredicto por unanimidad sobre 120 contratos y 3,3 millones
Los miembros del tribunal popular han concluido por unanimidad que todos los hechos por los que fueron acusados ambos procesados han quedado probados. La causa ha investigado si Vázquez Jarava favoreció a Tejera de León con la adjudicación irregular de 120 contratos menores entre 2008 y 2019 en 13 comandancias repartidas por toda España, por un valor total de 3,3 millones de euros.
El jurado considera probado que el teniente general recibió una cuantía aproximada de 40.000 euros en dádivas y dinero en efectivo del empresario, contratista de la Guardia Civil y conocedor de que Vázquez Jarava era el encargado de crear las partidas económicas. Las entregas se concretaron en viajes, estancias en hoteles y efectivo, según el veredicto.
El mecanismo descrito durante el juicio pasaba por la descentralización del crédito hacia las comandancias en las que previamente se habían recomendado las labores de las empresas de Tejera de León. Desde las distintas jefaturas del instituto armado, esa recomendación se interpretaba como una orden, tal y como han relatado los testigos a lo largo del proceso.
Los hechos se extendieron durante más de una década, de 2008 a 2019, con adjudicaciones menores distribuidas por la geografía española. La investigación judicial arrancó en 2019 y la defensa sostiene desde entonces que el procedimiento ha acumulado un retraso relevante, argumento sobre el que construirá sus recursos.
Las asociaciones profesionales UGC y ASESGC, ambas de la Guardia Civil, ejercen la acusación particular en la causa, el mismo papel que asume la Abogacía del Estado.
Fiscalía, Abogacía del Estado y las asociaciones del cuerpo reclaman la pena máxima
El Ministerio Fiscal ha solicitado la pena máxima de prisión prevista para este delito en el Código Penal, un año de cárcel, al considerar que las dádivas recibidas, unos 40.000 euros, han dejado en entredicho la credibilidad de la Administración y el funcionamiento del servicio público.
La Abogacía del Estado y las acusaciones particulares de las asociaciones UGC y ASESGC, integradas en el instituto armado, se han adherido en idéntico sentido a la petición del fiscal. Las defensas de Vázquez Jarava y de Tejera de León han reclamado una rebaja de la pena y han anunciado recursos por dilaciones indebidas una vez se redacte la sentencia.
El jurado ha manifestado además su oposición expresa a la suspensión de la pena y a un eventual indulto. Con el veredicto fijado, corresponde al juez instructor dictar sentencia ponderando las peticiones de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación particular y la defensa.
Esa resolución no será firme. Las defensas han anticipado recursos por dilaciones indebidas, el retraso injustificado de un procedimiento que se abrió en 2019 y que llega a juicio siete años después.
El Contexto Operativo
El caso Cuarteles afecta a un punto sensible de cualquier administración con despliegue territorial: la contratación menor, un instrumento ágil pensado para necesidades puntuales que, sin controles suficientes, puede convertirse en una vía de escape de la fiscalización. La Guardia Civil, con una plantilla cercana a los 80.000 efectivos según los datos del Ministerio del Interior, gestiona un volumen de gasto corriente repartido por todo el país que exige precisamente esos mecanismos de verificación.
La reacción institucional forma parte del dato: las asociaciones profesionales del cuerpo han ejercido la acusación particular junto a la Abogacía del Estado, y el jurado ha declarado probados los hechos por unanimidad. Los procedimientos activados en 2019 han permitido llegar a un veredicto siete años después, un plazo que las defensas consideran excesivo y que las acusaciones atribuyen a la complejidad de una causa con 120 contratos y 13 comandancias implicadas.
La proyección inmediata pasa por la sentencia del juez instructor y por los recursos que las defensas anuncian ante instancias superiores, un recorrido que puede prolongarse durante meses. El debate público, mientras tanto, se orienta hacia el control del gasto descentralizado en los cuerpos de seguridad y hacia la formación en contratación pública de los mandos que autorizan partidas. En ese terreno, la estructura del instituto armado ya aporta sus propios filtros: fiscalización económica, inspección de servicios y asociaciones profesionales personadas como acusación particular, mecanismos que la Guardia Civil mantiene activos para preservar la legalidad de su actuación en todo el territorio.
