La CRUE firma con COSCE y FACME un comunicado que exige más financiación universitaria y científica tras las elecciones del 29N.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha cambiado? La CRUE se ha adherido al comunicado «Por el impulso que la Ciencia y el Sistema de I+D español merecen», un documento que COSCE y FACME ya habían suscrito y que fija cinco prioridades para la próxima legislatura.
- ¿Quién lo ha decidido? El presidente de la CRUE y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha firmado la adhesión en nombre de la conferencia de rectores.
- ¿A quién afecta? A las universidades, que concentran más del 80% de la investigación española, y a los 46.000 investigadores representados por COSCE y los 150.000 socios de las sociedades científico-médicas de FACME.
El comunicado que une a rectores, sociedades científicas y médicas
La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) comunicó el 20 de octubre de 2026 su adhesión al documento impulsado por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) y la federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), según el texto difundido por la propia CRUE Universidades Españolas. La firma la rubricó su presidente, Julián Garde, también rector de la Universidad de Castilla-La Mancha.
El texto lleva por título «Por el impulso que la Ciencia y el Sistema de I+D español merecen» y su objetivo declarado es convertir el Sistema Español de Ciencia y Tecnología (SECTI) en el motor de progreso socioeconómico del país en la legislatura que se abrirá tras las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
Las tres entidades tienen un peso dispar pero complementario. Las universidades son responsables de más del 80% de la investigación que se realiza en España; COSCE agrupa a 90 sociedades científicas y a más de 46.000 investigadores; y FACME representa a 150.000 socios de 46 sociedades científico-médicas, de acuerdo con los datos que acompañan al comunicado.
Las cinco prioridades que se trasladarán al próximo Gobierno
El documento no se limita a una declaración de intenciones: enumera cinco líneas de actuación que las entidades trasladarán al Ejecutivo que salga de las urnas. La primera es el aumento de la financiación de los Proyectos de Generación de Conocimiento mediante una asignación de financiación suficiente, estable y sostenida que, según el texto, supere por fin el 2% de inversión del PIB.
La segunda línea reclama una normativa que aligere la carga administrativa y burocrática asociada a los proyectos y a los centros de investigacion. La tercera se centra en la carrera científica: revisión de las condiciones, con especial atención a los salarios y a los «determinantes laborales» de los investigadores.
Las universidades españolas concentran más del 80% de la investigación del país y reclaman una financiación que supere el 2% del PIB para sostenerla.
El cuarto punto pide impulsar la actividad investigadora dentro de las propias universidades, y el quinto potenciar la conexión entre la investigación universitaria y la de los centros de investigación con su transferencia al sector productivo.
Las demandas afectan de forma directa al personal docente e investigador de las universidades, a los grupos que compiten por los Proyectos de Generación de Conocimiento y a los investigadores en formación, cuyas condiciones laborales figuran entre los puntos del documento. El comunicado no incluye, sin embargo, valoraciones sobre la respuesta de las formaciones políticas.
El Marco Educativo
La investigación científica es una competencia compartida entre el Estado y las CC.AA. El artículo 149.1.15 de la Constitución atribuye al Estado el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica, mientras que el artículo 148.1.15 permite a las comunidades autónomas asumir su fomento y desarrollo.
El marco de referencia es la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que configura el Sistema Español de Ciencia y Tecnología, y la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), que regula la financiación de las universidades públicas.
En el plano institucional, el documento lo suscriben la CRUE, que actúa como interlocutora de las universidades ante el Ejecutivo; COSCE, portavoz de 90 sociedades científicas; y FACME, en representación de las sociedades científico-médicas. El destinatario formal es el gobierno que resulte de las elecciones, a través del ministerio con competencias en ciencia y universidades.
En cuanto a la proyección, la legislatura que se abrirá tras el 29 de noviembre de 2026 determinará si las cinco líneas de actuación se traducen en normativa. El documento ya contaba con el respaldo de COSCE y FACME antes de la adhesión de la CRUE, y su contenido se remitirá al nuevo Ejecutivo una vez constituido.
Claves de la Noticia
- Qué importa: La CRUE se ha adherido al comunicado de COSCE y FACME que fija cinco prioridades para el sistema de ciencia e innovación, entre ellas superar el 2% del PIB en inversión y aligerar la burocracia de los proyectos.
- Por qué importa: Las universidades ejecutan más del 80% de la investigación española, de modo que las condiciones de financiación de los proyectos y de la carrera científica condicionan la capacidad del país para retener talento y transferir conocimiento.
- A quién le importa: Al personal docente e investigador de las universidades públicas, a los 46.000 investigadores de las sociedades de COSCE, a los 150.000 socios de FACME y a los estudiantes de doctorado que aspiran a una carrera académica.
