El veto de EEUU a DeepSeek ya tiene firma: las agencias civiles federales deben retirar la IA china de sus sistemas.
La rúbrica es del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y lleva fecha del 24 de julio de 2026. El amparo legal es la Ley de Seguridad de la Cadena de Suministro en Adquisiciones Federales de 2018. La publicación en el Registro Federal llegó el 20 de octubre, documento 2026-21447, expediente DHS-2026-0628, según el aviso del Departamento de Seguridad Nacional. Ochenta y siete días de silencio entre la firma y el boletín oficial. En ese intervalo, las agencias afectadas tenían que cumplir un texto que no podían leer.
El documento hace dos cosas y conviene no mezclarlas. Primero, excluye de la contratación civil federal los productos y servicios de Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. y de sus entidades afiliadas. Segundo, ordena retirar de los sistemas civiles todo producto de DeepSeek —propio o ajeno— construido sobre implementaciones de la compañía china. Ahí está la parte que casi nadie está leyendo bien.
Porque la orden no define qué cuenta como ‘implementación de DeepSeek’. No hay lista, no hay versión mínima, no hay umbral técnico. Fíjese usted en el detalle: cada agencia tendrá que preguntar a sus proveedores si lo que le venden cae dentro del veto, y el proveedor que no lo sepa tiene un problema antes de tener una respuesta. La carga de la prueba cambia de lado.
La justificación oficial es un clásico de contrainteligencia. El DHS sostiene que usar estos modelos ‘puede dar lugar a la transferencia de datos sensibles a la República Popular China si los emplean funcionarios o contratistas del Gobierno de EEUU’, y que los modelos ‘pueden contener malware u otras vulnerabilidades de seguridad. La política de privacidad de la propia compañía reconoce que recopila, procesa y almacena datos personales en China. Eso no prueba delito. Explica por qué Washington trata la residencia de datos y el acceso legal extranjero como riesgo material y no como folclore.
Una herramienta que manda tus datos a otro país no es una herramienta: es una antena con interfaz amable.
El perímetro tiene costuras. El veto no alcanza a empresas privadas ni a usuarios particulares, pero sí a los contratistas federales, que no podrán emplear productos cubiertos en contratos con el Gobierno salvo excepción formal y justificada. Los contratos vivos no quedan cubiertos hasta que el oficial de contratación los actualiza por escrito. La orden se aplica hacia atrás, contrato a contrato.
Pekín respondió por la vía habitual. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, rechazó lo que describió como extralimitación del concepto de seguridad nacional y anunció que defenderá los derechos legítimos de las empresas chinas. DeepSeek no había comentado nada cuando se difundió el aviso.
El problema no es DeepSeek: es todo lo que se construyó encima
Retirar un chatbot de una intranet es fácil. Lo complicado es el inventario. La orden obliga a los proveedores a declarar qué modelos usan, dónde procesan los datos y si esa información sale del entorno del cliente. Le pongo en contexto: en la práctica eso significa revisar software de desarrollo, asistentes integrados en suites ofimáticas, herramientas de análisis, y hasta complementos que nadie recuerda haber aprobado. El shadow IT ahora se llama modelo de lenguaje.
He visto auditorías de administraciones públicas que descubren veinte implementaciones no declaradas en una sola consejería. No es un problema de Washington. Es un problema de cualquiera que haya comprado prisas y las haya pagado con integraciones opacas.
Nadie compra DeepSeek. Se encuentra.
El historial: de Kaspersky a Huawei, el mismo guion con otro envoltorio
Esto no lo inventó DeepSeek ni lo inventó la actual Casa Blanca. En septiembre de 2017, el DHS ordenó retirar el antivirus de Kaspersky de los sistemas federales mediante la directiva operativa 17-01, con el argumento de que el producto podía facilitar acceso a infraestructuras críticas. La compañía negó siempre cualquier vínculo con el Kremlin. Antes había ocurrido con Huawei y ZTE en redes de telecomunicaciones, y después con TikTok. El patrón se repite: primero se prohíbe la compra, luego el uso, luego se exige inventario.
La diferencia con un antivirus es incómoda. Un antivirus corre con privilegios de núcleo: si quiere, lo ve todo. Un modelo de lenguaje no se audita leyendo el código, porque las ponderaciones no se leen, se comportan. No se puede desmontar un modelo para buscar la puerta.
Esa opacidad es el argumento del DHS y también su punto flaco. La orden dice que los modelos ‘pueden contener’ malware. Pueden. No hay evidencia técnica pública, o al menos yo no la he visto, de un modelo de DeepSeek con puerta trasera documentada. Y una prohibición sin prueba técnica verificable es contrainteligencia legítima o proteccionismo con uniforme, según el día y según quién la firme.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
El vector no es un ataque, es una dependencia. No hay APT, ni zero-day, ni infraestructura de C2 apuntando a un ministerio. El riesgo es de exfiltración por diseño: un servicio que procesa consultas en servidores bajo jurisdicción china, y una ley de inteligencia nacional, la de 2017, que obliga a las empresas del país a colaborar con los servicios cuando se lo requieren. Eso no convierte a DeepSeek en un actor estatal. Convierte a su infraestructura en una superficie legalmente accesible para el MSS.
Las agencias se reparten el trabajo. El DHS firma y ejecuta, con CISA detrás haciendo el trabajo sucio de inventario y verificación. La comunidad de inteligencia, ODNI incluido, aporta la evaluación de amenaza. El FBI mira a los contratistas. Quien observa desde fuera es Bruselas y, de reojo, el CNI con el CCN-CERT a los mandos técnicos.
Nivel de clasificación estimado: la orden es pública, pero el inventario de implementaciones, los anexos por proveedor y los criterios de excepción no lo son. Estimo nivel Confidencial para el inventario y Reservado para las justificaciones de excepción que presenten las agencias. No es una atribución oficial; es lo que dicta el oficio cuando el papel publicado no cubre el trabajo real.
El precedente que me viene a la cabeza no es Kaspersky, sino Operación Aurora. En 2009, Google detectó una intrusión atribuida a actores chinos que buscaba código fuente y cuentas de disidentes. Entonces el problema era el ataque. Hoy el problema es la tubería que se instala voluntariamente y con factura, sin que nadie pregunte dónde termina el cable.
Lo que me chirría del aviso es la asimetría. Se exige a los proveedores declarar dónde procesan los datos, pero no se publica el criterio técnico con el que se evaluará esa declaración. Sin criterio, la auditoría se convierte en trámite, y el trámite en papel mojado. Una prohibición sin criterio se cumple de boquilla.
España debería leer esto con la calculadora en la mano. El Esquema Nacional de Seguridad y las instrucciones del CCN-CERT dan cobertura para exigir residencia de datos y trazabilidad de proveedor, pero no existe un equivalente funcional al aviso del DHS que yo conozca. Y aquí las administraciones compran IA a velocidad de presentación comercial. Lo escribí hace años en El quinto elemento: en España hay 8.000 infraestructuras críticas y atacables a través de internet. La número ocho mil uno puede ser un asistente conversacional con acceso a la intranet.
Ahí está el negocio, y ahí está el riesgo.
La orden se revisa al menos una vez al año y obliga a notificar a la empresa afectada y a las comisiones del Congreso. La primera revisión llegará en julio de 2027. Para entonces, cada agencia habrá tenido que actualizar sus contratos uno por uno y cada proveedor habrá tenido que certificar qué modelo corre debajo de su producto. Le adelanto que la mayoría no habrá terminado. Más contexto sobre la compañía, en la entrada de DeepSeek en Wikipedia.
