El consejero de Seguridad vasco, Bingen Zupiria, defiende que la Ertzaintza no podía detener el 26-S a dos presuntos terroristas de Jardun.
El material que apareció en el control de Eskoriatza
Los ertzainas identificaron a los tres ocupantes del vehículo en un control de tráfico en Eskoriatza (Gipuzkoa), en la madrugada del 26 al 27 de septiembre. En el registro hallaron dos teléfonos satelitales, mochilas y dispositivos de almacenamiento. Los tres procedían de la zona de Urbasa y dos figuraban con «antecedentes relevantes» en los registros de la Policía vasca; el tercero era Naoise O’Conarain, ciudadano irlandés al que los autos vinculan con la disidencia del IRA. Los agentes les fotografiaron junto al vehículo y les permitieron seguir el viaje.
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña concretó después en dos autos los indicios que los agentes ya tenían sobre la mesa, entre ellos material con datos sobre guardias civiles y policías y la localización de un posible zulo con armas y explosivos. Aratz Bilbao y Malen Grunig se entregaron el 17 de octubre en una comisaría de la Ertzaintza y el magistrado decretó su prisión provisional.
La versión del consejero y el desconocimiento de los mandos
«No podían ser detenidos in fraganti», ha señalado Zupiria en los jardines de Ajuria Enea, un día después de que el juez concretara por escrito los indicios. El consejero sostiene que «lo que ha hecho la Ertzaintza es garantizar los derechos de todas las personas» y que las actuaciones se ajustan a «los procedimientos establecidos en el Estado de Derecho y las órdenes de la Audiencia Nacional».
Zupiria ha trasladado al fiscal y al juez Piña toda la responsabilidad del encausamiento y de la prisión provisional. También ha evitado valorar la trascendencia del material incautado —«en los autos es el juez quien califica de graves las sospechas», ha respondido— y no ha elogiado públicamente el trabajo de sus propios agentes, pese a que la identificación partió de un control suyo.
La versión del Departamento de Seguridad contrasta con el desconocimiento que Guardia Civil y Policía Nacional tenían del operativo. Zupiria asegura que la Ertzaintza trasladó la identificación a las Fuerzas de Seguridad del Estado el 26 de septiembre, aunque no concreta a qué mandos. La Oficina de Investigación Criminal (OIC, la unidad de investigación criminal de la Ertzaintza) ordenó blindar una investigación que arrancó con la puesta en libertad de los tres sospechosos. La delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, no conoció el operativo hasta el 17 de octubre.
La identificación de Eskoriatza, el material intervenido y la entrega voluntaria del 17 de octubre han desembocado en prisión provisional para dos de los investigados.
El contexto institucional
Jardun, Jarki y Aske son, en palabras del propio consejero, «organizaciones alegales» sobre las que existe «mucha información que no es conocida públicamente». La eclosión de estos colectivos juveniles, herederos de la kale borroka, es hoy la principal amenaza de terrorismo de baja intensidad en Euskadi. Zupiria no ha aclarado si la Ertzaintza teme que otros miembros dispongan de material sensible sobre objetivos policiales y se ha limitado a reclamar la «importancia de deslegitimar y condenar el uso de la violencia».
El marco de amenaza no desapareció con el fin de ETA. España mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista, activado por el Ministerio del Interior en junio de 2015 y sostenido desde entonces, y el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el órgano que coordina la inteligencia de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías autonómicas) mantiene la monitorización de estos colectivos.
Los 853 asesinatos que ETA dejó tras de sí, según los registros del Ministerio del Interior, explican por qué el material intervenido se trata como una investigación de máxima gravedad. La Ertzaintza, policía integral de Euskadi con competencias plenas en orden público e investigación criminal, trabaja desde 2011 en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional en el seguimiento de estas estructuras. La secuencia completa —identificación, entrega, puesta a disposición judicial y prisión— es la respuesta que el sistema prevé para estos casos.
La causa sigue abierta en la Audiencia Nacional. El análisis de los dos teléfonos satelitales y de los dispositivos de almacenamiento puede derivar en nuevas diligencias y en más imputaciones en las próximas semanas. Queda por resolver el flanco de la coordinación: si la información remitida por la Ertzaintza llegó a los mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y por qué canal. Los protocolos de intercambio entre el cuerpo autonómico y las unidades centrales se revisarán previsiblemente en las próximas reuniones de coordinación.
Zupiria ha cerrado su comparecencia con una petición que comparten todas las policías: «deslegitimar y condenar el uso de la violencia». La investigación avanza por la vía judicial, con dos investigados en prisión provisional y un material que el juez considera indicio grave.
