EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Un informe técnico delimita en 16.285,23 hectáreas la superficie del incendio que arrasó parte de la provincia de Huesca en agosto.
- ¿Quién está detrás? El documento cruza la base geolocalizada de incendios de Huesca con los seis términos municipales afectados y lo ha adelantado Aragón Digital.
- ¿Qué impacto tiene? Las Peñas de Riglos y Bailo concentran el 73,74% del área, la causa judicial sigue abierta y seis pueblos continúan sin agua potable.
El informe del incendio de Huesca delimita 16.285,23 hectáreas y concentra el 73,74% de la superficie en Las Peñas de Riglos y Bailo.
El reparto del fuego, municipio a municipio
Los números se conocieron este miércoles. El documento, elaborado sobre la base geolocalizada de incendios de Huesca, detalla por primera vez el reparto exacto entre los seis pueblos afectados. Las Peñas de Riglos encabeza la relación con 7.012,26 hectáreas, el 43,06% del total. Bailo suma otras 4.996,67, un 30,68%. Entre los dos, 12.008,93 hectáreas de pinares que tardarán décadas en parecerse a lo que eran.
En tercer lugar aparece Jaca, con 2.339,83 hectáreas, el 14,37%. Los tres primeros municipios reúnen el 88,11% del área delimitada.
El resto se distribuye entre Santa Cruz de la Serós (1.035,63 hectáreas), Santa Cilia de Jaca (653,58) y Caldearenas (247,27), que apenas representa el 1,52%. Del total, 7.556,18 hectáreas corresponden a Montes de Utilidad Pública, la figura que protege los montes de titularidad pública y que condiciona cualquier trabajo de restauración futura.
La cifra global no coincide con la que se manejó durante la emergencia. En agosto, el Gobierno de Aragón habló de un perímetro de unas 18.400 hectáreas, de las que cerca de 14.500 se daban por quemadas según las estimaciones por satélite. El nuevo informe mide la delimitación por términos municipales, no una ampliación del terreno calcinado. La precisión del dato importa más que el titular.
De las 16.285 hectáreas del incendio de Huesca, casi tres cuartas partes caben en dos nombres: Las Peñas de Riglos y Bailo.
Lo que sigue abierto: el agua, las ayudas y la causa judicial
El fuego comenzó el 10 de agosto en el entorno de Santa María de la Peña, junto a las obras de la carretera A-132, y se propagó por por una extensa zona de pinares. La virulencia obligó a desalojar a 1.046 personas de 19 núcleos de población, además de dos campings y un campamento. La emergencia se prolongó durante 34 días y no se dio por extinguida hasta el 12 de septiembre. En el operativo falleció el cabo de la Unidad Militar de Emergencias Javier García Sancho, al volcar la autobomba en la que viajaba con otros tres militares.
Dos meses después, seis municipios siguen sin agua potable. El Ejecutivo autonómico solicitó la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, la figura que abre la puerta a ayudas estatales y a compensaciones por daños en viviendas, explotaciones agrarias y bienes municipales. La restauración de los montes será el capítulo más lento.
La causa judicial avanza por otro carril. La Guardia Civil detuvo a un trabajador de 28 años vinculado a las obras de la A-132 y los investigadores revisaron imágenes de cámaras de seguridad que lo situaban cerca del foco inicial, aunque ninguna grabación recoge el instante exacto en que empezó el fuego. El único investigado sigue en libertad provisional con medidas cautelares desde que la Audiencia Provincial de Huesca acordara su excarcelación a finales de agosto.
En septiembre, la jueza de Jaca rechazó volver a enviarlo a prisión, pese a que el Gobierno de Aragón, personado como acusación particular, había pedido la cárcel o una fianza de 100.000 euros. El martes se conoció otro movimiento: el Tribunal de Instancia de Jaca archivó una pieza separada sobre una posible filtración del Ejecutivo autonómico. Ese archivo no toca la causa principal.
El Pulso Territorial
Aragón afronta el cierre administrativo de su mayor incendio reciente con un gobierno en minoría. El Ejecutivo que preside Jorge Azcón (PP) necesita apoyos externos en las Cortes de Aragón, el parlamento unicameral de la comunidad con 67 escaños, y el calendario electoral de 2027 condiciona ya cada decisión sobre ayudas y restauración.
La magnitud admite comparación. Los 162,85 kilómetros cuadrados delimitados equivalen al 0,34% de los 47.719 kilómetros cuadrados de Aragón, por debajo de las cerca de 30.000 hectáreas que arrasó la Sierra de la Culebra (Zamora) en 2022, pero con un daño concentrado en pueblos pequeños del prepirineo donde el monte es la primera actividad económica. El patrón se repite en Castilla y León y Extremadura: el fuego golpea con más dureza donde queda menos población para frenarlo.
El calendario que viene es el exigente. La declaración de zona afectada gravemente por emergencia debe traducirse en un paquete de ayudas, y la restauración de 7.556,18 hectáreas de Montes de Utilidad Pública exige financiación plurianual, no un plan de choque. La causa judicial seguirá abierta meses, quizá años. El incendio se extinguió en septiembre; sus consecuencias no.
Ficha Autonómica
- El caso: Un informe técnico delimita en 16.285,23 hectáreas la superficie del incendio que arrasó el Alto Aragón en agosto, con Las Peñas de Riglos y Bailo como epicentro del daño.
- Datos importantes: 12.008,93 hectáreas en dos municipios (73,74%); Jaca 2.339,83 (14,37%); 7.556,18 hectáreas de Montes de Utilidad Pública; 1.046 desalojados de 19 núcleos; 34 días de emergencia y un fallecido.
- Resumen: El reparto por municipios queda cerrado y la declaración de zona afectada gravemente por emergencia sigue su curso. La causa por el origen del fuego continúa abierta y seis pueblos no tienen agua potable.
