EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El PP ha remitido un burofax a la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares exigiendo que Exteriores retire del censo CERA a los nacionalizados por la ley de nietos que no descienden de exiliados, con plazo hasta el jueves 22 de octubre, y ha anunciado acciones penales si no se cumple.
- ¿Quién está detrás? La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, con el respaldo de la dirección nacional; enfrente, el ministro José Manuel Albares y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que ha recurrido al Constitucional.
- ¿Qué impacto tiene? El sábado 24 de octubre arranca el envío del voto de los residentes en el exterior para las elecciones del 29 de noviembre, con 163.020 inscripciones ya suspendidas por el Tribunal Supremo.
El Partido Popular ha exigido este martes a Exteriores que retire del censo CERA a los nacionalizados por la ley de nietos y ha advertido de que, si no se cumple lo ordenado por el Tribunal Supremo, exigirá responsabilidades, también penales.
La advertencia llega un día después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reconociera que será ‘muy difícil’ que los consulados puedan comprobar a tiempo quiénes obtuvieron la nacionalidad por ser descendientes de exiliados antes de las elecciones del 29 de noviembre. El propio Ejecutivo admite la falta de margen.
Un burofax, un plazo de 48 horas y dos autos del Supremo
En unas declaraciones grabadas difundidas por Génova, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha detallado que la Oficina del Censo no ha recibido ‘ni un solo dato’ más de un mes después de los dos autos dictados por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. De ahí el burofax remitido a la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares.
El requerimiento tiene forma y tiene destinatario. El PP reclama cumplimiento ‘de inmediato’ y avisa de que, si Exteriores obstaculiza la retirada, acudirá a la Justicia. ‘Advertimos de que en caso de incumplimiento vamos a exigir todas y digo todas las responsabilidades de quien corresponda, también las penales’, ha subrayado la dirigente popular.
El calendario aprieta y no admite interpretaciones. Ezcurra ha fijado el jueves 22 de octubre como fecha límite porque el sábado 24 arranca el envío del voto del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), el registro que determina quién puede votar desde el extranjero en unas generales. Si para entonces no hay datos depurados, la suspensión alcanzará también a los 163.020 electores cuya inscripción ya ha quedado en el aire por mandato judicial.
El pulso no es administrativo: es la diferencia entre un censo verificado y un censo que se presume correcto a cuarenta días de las urnas.
‘No actuar es una acción deliberada de incumplir un mandato judicial y tiene que tener consecuencias’, ha añadido, antes de describir la actitud del departamento que dirige Albares como ‘pasiva, por no decir obstruccionista’. La lectura que hace Génova es sencilla: el Ejecutivo conoce la información, dispone de los mecanismos y prefiere ganar tiempo.
La maniobra del Defensor del Pueblo que el PP quiere frenar en el Constitucional
En paralelo, el PP ha anunciado que solicitará al Tribunal Constitucional su personación ‘para defender un censo íntegro como garantía electoral’ y que instará la inadmisión del recurso presentado por el Defensor del Pueblo. Ezcurra ha calificado la actuación de Ángel Gabilondo como ‘una maniobra insólita’: ‘El Defensor del Pueblo debería defender al pueblo, no al Gobierno.
El argumento jurídico popular se apoya en dos patas. La primera, que el Supremo no ha resuelto el fondo, sino que ha dictado medidas cautelares, de modo que la vía judicial no está agotada. La segunda, que el propio recurso del Defensor del Pueblo reconoce que el problema de fondo es la ineficacia administrativa del Gobierno. ‘Si se estima el recurso de Gabilondo, sería una indefensión absoluta, incluso para aquellos nietos que tienen una vía judicial abierta en el Supremo’, ha advertido.
A eso se suma el tercer frente. El PP va a denunciar los hechos conocidos en el Consulado General de España en México para que se investiguen y se depuren responsabilidades, después de detectar ‘pasaportes concedidos a personas sin padres ni abuelos españoles’. ‘Que hubiera un solo caso de concesión irregular ya sería un escándalo. Que haya decenas de miles es un fraude democrático masivo’, ha afirmado Ezcurra.
La dirección nacional enmarca la ofensiva en una idea-fuerza que repite desde hace semanas: ‘No es una ley ni es de nietos’. La nacionalidad española ‘no se regala’ y ‘las elecciones no se intentan alterar a 40 días de que se celebren’, ha remachado la vicesecretaria, que ha apuntado que el Supremo ‘ha frenado ya dos veces este atropello’. Según fuentes de Génova consultadas por este medio, el PP mantendrá la presión judicial durante todo el proceso electoral y no descarta ampliar las denuncias a otras oficinas consulares si aparecen nuevos indicios.
El Eje del Poder Popular
Observamos un movimiento que no es nuevo en la anatomía del partido. El PP ha hecho de las instituciones palanca cuando no gobierna: primero fue el Senado, con el veto a la ley de amnistía y las comisiones de investigación sobre los fondos europeos; ahora traslada esa misma lógica al terreno judicial, con personación ante el Constitucional y burofax con plazo cierto. Es la secuencia que Génova domina y que le permite fijar la agenda frente a Moncloa sin depender del calendario parlamentario.
En el plano interno, la operación está alineada con los barones autonómicos, que llevan meses exigiendo garantías sobre el voto exterior porque el CERA decide escaños en circunscripciones de margen estrecho. Las once comunidades que gobierna el PP comparten el argumentario: un censo sin depurar contamina el resultado y debilita la legitimidad de la Cámara que salga de las urnas del 29 de noviembre. Esa coincidencia evita cualquier fisura entre la cúpula y los territorios en un asunto tradicionalmente incómodo.
El riesgo inmediato es doble. Si el Constitucional admite el recurso de Gabilondo y suspende cautelarmente la retirada, el PP se quedará con la denuncia política pero sin el efecto práctico, y el envío del voto habrá comenzado ya. Si Exteriores alega imposibilidad material sin consecuencias jurídicas, la advertencia penal quedará en gesto. La próxima ventana crítica es el jueves 22 de octubre: ese día se sabrá si el Ejecutivo entrega datos o si el pulso se dirime definitivamente en los tribunales.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Un Gobierno que incumple autos judiciales para ganar tiempo no puede tutelar un censo electoral limpio.
- Protagonista: Alma Ezcurra (vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular).
- Próximo hito: Jueves 22 de octubre, fecha límite del burofax, dos días antes de que arranque el envío del voto CERA.
