El PP acusa por escrito a Exteriores de desobediencia efectiva al Tribunal Supremo por la ‘ley de nietos’. El burofax, firmado por el secretario general de los populares, Miguel Tellado, advierte de multas coercitivas y de penas de cárcel de entre seis y 24 meses para las autoridades y funcionarios que no acaten lo ordenado por el alto tribunal.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press y que se dirige a la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Carolina de Manueles Álvarez, describe una conducta del Ministerio que preside José Manuel Albares como ‘pasiva y obstruccionista’. La tesis popular es que no es un retraso administrativo, sino una resistencia que produce el mismo resultado que un incumplimiento frontal.
Del burofax al 23 de octubre: qué exige el PP, punto por punto
El escrito no se queda en la denuncia. Requiere a la Dirección General para que, ‘con carácter inmediato y urgente’, dé cumplimiento ‘real y efectivo’ a los autos del Supremo de 10 de septiembre y 12 de octubre. Y fija una fecha: todo debe estar ejecutado y comunicado por escrito antes del 23 de octubre de 2026.
Tres son las peticiones. La primera, remitir a la Oficina del Censo Electoral el desglose de los inscritos en el CERA que obtuvieron la nacionalidad por la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. La segunda, ordenar a los registros consulares certificaciones de descendiente de exiliado referidas al 1 de agosto de 2026 y sin aplicar la presunción de la Instrucción de 25 de octubre de 2022.
La tercera pasa por publicar en el tablón de anuncios de cada oficina consular la parte dispositiva del auto de 12 de octubre y acreditar la fecha en que se ha practicado. El calendario no espera.
En cuanto a la base jurídica, los populares invocan el artículo 118 de la Constitución, que obliga a cumplir las resoluciones firmes de jueces y tribunales. De ahí despliegan el catálogo de consecuencias: multas coercitivas de 150 a 1.500 euros, deducción de testimonio para exigir responsabilidad penal y, en terreno electoral, el artículo de la LOREG que castiga con penas de seis meses a dos años de prisión y multa de seis a 24 meses a los funcionarios que incumplan las normas sobre el censo.
El pulso ya no es sobre quién puede votar, sino sobre quién decide cuándo se acata un auto del Supremo.
El PP va más lejos y apunta a responsabilidades personales que alcanzarían a ‘sus superiores jerárquicos’, es decir, al propio Albares, si hubiera ‘ordenado o alentado’ esa conducta, e incluso a los inferiores que ‘estuvieran colaborando’. Ahí está la carga política del burofax: convierte una discrepancia de gestión en una advertencia con nombres y apellidos.
La respuesta del departamento no se hizo esperar. Este miércoles, Albares pidió al PP que deje de ‘acosar’ y ‘amedrentar’ a los cónsules y al personal del Servicio Exterior, consideró que la amenaza de llevarles ante la justicia les hace hacer el ‘ridículo’ y acusó a Feijóo de mentir cuando sostiene que los consulados no verifican quién desciende de exiliados. Nada nuevo bajo el sol.
163.020 electores suspendidos y un calendario que aprieta
El nudo es de relojería. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General impone a las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral el envío de oficio de la documentación electoral a los inscritos en el CERA a partir del 24 de octubre. Si para esa fecha la Oficina no dispone de los datos que solo la Dirección General puede facilitarle, el PP sostiene que la documentación saldrá indistintamente hacia los 163.020 electores con efectos suspendidos y que el incumplimiento de las cautelares será ‘irreparable’ para los comicios del 29 de noviembre.
Conviene precisar qué está en juego. La ‘ley de nietos’ es el régimen que, al calor de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, ha permitido a miles de descendientes de exiliados acceder a la nacionalidad. Dos autos del Supremo han suspendido cautelarmente el voto de quienes la obtuvieron por esa vía mientras se aclara quiénes acreditan esa condición en los términos estrictos de la norma. No se discute la nacionalidad: se depura un censo de 163.020 personas a contrarreloj.
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ya había denunciado el martes que el Gobierno lleva más de un mes sin remitir ‘ni un solo dato’ a la Oficina del Censo y avisó de que exigirán ‘todas y digo todas las responsabilidades. Puro cálculo electoral.
El Eje del Poder Socialista
En Ferraz y en La Moncloa la lectura es otra. Fuentes socialistas consultadas por este medio describen el burofax como un movimiento de presión sobre el Servicio Exterior en clave de campaña, con un cálculo sencillo: instalar la sospecha de que el Gobierno desoye al Supremo y dejar que el ruido haga el resto hasta el 29N. El argumentario que se maneja en el entorno de Albares es que Exteriores cumple y seguirá cumpliendo lo ordenado, y que la acusación de desobediencia es una calificación política sin recorrido jurídico.
El precedente que se invoca en los pasillos ministeriales es el uso del terreno judicial como prolongación de la disputa parlamentaria. Ocurrió con la tramitación de la ley de amnistía y ocurre ahora con el censo: llevar al adversario a los tribunales se ha convertido en una forma barata de ocupar espacio mediático. La diferencia, subrayan las mismas fuentes, es que aquí hay un derecho en juego: el de decenas de miles de descendientes de exiliados que accedieron a la nacionalidad por una ley de memoria democrática impulsada por el PSOE y que ahora ven su voto en el aire.
El aterrizaje territorial es inmediato. Los afectados se concentran en los países donde el CERA tiene mayor peso —Argentina, Cuba, México, y Francia— y su gestión depende de una red consular que el PP sitúa en el punto de mira. El aviso de penas de cárcel no es retórica: son los encargados de los registros consulares quienes certifican y comunican. El riesgo a corto plazo está tasado en dos fechas: el 23 de octubre vence el plazo que el PP se ha autoimpuesto y el 24 arranca el envío de oficio. Si no hay respuesta, el PP ya ha anunciado que acudirá ‘a los órganos e instancias competentes’. Ahí empieza otro frente.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Cumplimiento escrupuloso de las resoluciones judiciales frente a una campaña de acoso al Servicio Exterior, con la defensa del voto de los descendientes de exiliados como bandera.
- Protagonista: José Manuel Albares (ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación).
- Próximo hito: Vencimiento del plazo del 23 de octubre y arranque del envío de documentación electoral a los residentes ausentes el 24 de octubre.
