PP y Vox han registrado una reforma exprés de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía en el Parlamento andaluz. La proposición de ley suprime el derecho de Adelante Andalucía a nombrar a uno de los siete consejeros del órgano fiscalizador. Los portavoces de ambos grupos, Toni Martín y Javier Cortés, firman el texto.
Qué propone la reforma y con qué argumentos la defiende Vox
El texto, registrado el 16 de octubre, elimina un solo párrafo de un solo artículo, el 24.1. Ese punto garantiza que ‘todos los grupos parlamentarios, con excepción del Grupo Mixto, tienen derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta’. Sin él, la entrada de un consejero de Adelante Andalucía pierde su anclaje legal.
El párrafo suprimido añadía un criterio de cierre: si el nuevo consejero no pudiera entrar ‘con arreglo a criterios de proporcionalidad pura, cederá un puesto la propuesta que, teniendo ya asegurada la elección de un Consejero, haya obtenido el resto menor en la aplicación de los citados criterios’. En la práctica, según fuentes parlamentarias, obligaba al PP a ceder uno de sus tres asientos.
La exposición de motivos firmada por Martín y Cortés sostiene que ese derecho es ‘una condición limitativa de la capacidad del Parlamento de designar a los miembros de dicho órgano’ y convierte a la institución en ‘una rara avis en el panorama comparado’. En 38 años y trece legislaturas, alegan, la regla no ha aportado ‘ventaja alguna’ al funcionamiento del órgano.
‘Antepone el derecho de grupos parlamentarios con muy escaso número de diputados a la voluntad del resto de la Cámara legislativa’, abunda el texto. Y remata: ‘Se está primando la opinión de unos pocos diputados frente a la opinión de la mayoría’. Para los firmantes, la pluralidad ya está garantizada en el Parlamento y no es exigible en ‘un órgano técnico que debe ejercer sus funciones con total independencia, objetividad e imparcialidad’.
La reforma no discute cuotas de reparto: discute si un grupo con ocho diputados puede condicionar el diseño del órgano que audita las cuentas de toda la Junta.
El segundo argumento es operativo. La regla vigente ‘puede llegar a bloquear la necesidad de renovación’ del órgano pese a existir un apoyo parlamentario superior a sus tres quintas partes y resultaría de ‘imposible cumplimiento si en algún momento existieran ocho grupos parlamentarios’. De ahí la petición de tramitar la proposición de ley por el procedimiento de urgencia, con los plazos reglamentarios reducidos a la mitad desde su inicio.
De dónde sale el escaño y qué mayoría queda en el órgano fiscalizador
La Cámara de Cuentas de Andalucía es un órgano blindado en el Estatuto de Autonomía que fiscaliza la actividad económica y presupuestaria de la Junta. Sus siete miembros se eligen por los partidos y el presidente, hoy Alejandro Cardenete, exconsejero de Educación del Gobierno de Moreno, lo propone el propio Ejecutivo autonómico. El reparto actual concede tres consejeros al PP, dos al PSOE, uno a Vox y uno a Por Andalucía.
El 17 de mayo lo cambió todo. Adelante Andalucía pasó de dos a ocho escaños, estrenó grupo propio y, con la ley en la mano, ganó el derecho a un consejero. La aritmética resultaba incómoda para el PP: para darle entrada debía ceder uno de sus tres puestos, el bloque conservador caía a tres y la mayoría absoluta pasaba al bloque progresista.
A eso se suma el calendario. Cuatro de los siete consejeros agotan su mandato de seis años a comienzos de 2027, tres de ellos propuestos por el PP, y la renovación, sin la reforma, amenazaba con arrebatar a los conservadores el control del órgano. El texto registrado alega que hay que actuar ‘con celeridad’ para evitar que los salientes ‘pudieran permanecer en funciones’.
La reforma se ha pactado sin contar con el resto de grupos, segun las fuentes parlamentarias consultadas, y llega al Parlamento andaluz con la mayoría simple que suman PP y Vox frente al bloque de la oposición.
La lectura estratégica: qué se juega Vox con esta reforma
Para Vox, la cuestión no es de cuotas sino de eficacia en el control del gasto público. Su tesis es que un órgano fiscalizador responde a criterios técnicos y no a la representación de siglas, incluida la del grupo que sostiene al Gobierno andaluz. En el pulso permanente con el PP, el movimiento tiene una lectura añadida: la formación vuelve a actuar como socio que condiciona el diseño institucional de la comunidad, igual que ocurrió al fijar la prioridad nacional en materia de inmigración.
Conviene recordar el precedente de julio de 2024, cuando Vox rompió los gobiernos de coalición con el PP en cinco comunidades por la política migratoria. Andalucía no estaba entre ellos, pero el marco de relación cambió: de la coalición al apoyo externo, con exigencias concretas y verificables. La operación encaja en esa lógica, porque Vox acompaña al PP en una decisión de calado mientras consolida su posición como pieza imprescindible de la mayoría.
El flanco abierto es el del PP. Su exposición de motivos defiende que la pluralidad ya está garantizada en el Parlamento, mientras la reduce justo en el órgano que audita las cuentas del Ejecutivo que preside Juanma Moreno, y cuyo presidente propuso él mismo. La oposición tiene ahí un argumento para cada comparecencia. Vox, mientras, espera la calificación de la Mesa y un debate en Pleno que, con los plazos a la mitad, podría resolverse antes de que la Cámara de Cuentas encare la renovación de marzo de 2027.
