Sumar encara la convalidación del decreto de vivienda la misma semana de la huelga general con una pregunta interna que nadie ha respondido todavía: hasta dónde aprieta el texto y hasta dónde aprieta el relato.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno da por hecho que la Diputación Permanente del Congreso convalidará el decreto de vivienda en la semana del 11 de noviembre, la misma en que los sindicatos han convocado la huelga general por la crisis habitacional.
- ¿Quién interviene? El Grupo Parlamentario Sumar, con 31 escaños, el PSOE y los grupos que ya tumbaron el texto el 2 de octubre: PP, Vox y Junts.
- ¿Qué importa? La votación mide la cohesión de la mayoría y el margen real del espacio de Yolanda Díaz justo antes del arranque de la campaña del 29-N.
El decreto de vivienda, la huelga general y una votación sin margen
La sesión aún no está convocada. Podría celebrarse el 12 de noviembre, un día después de la huelga general, y el Ejecutivo y los grupos dispuestos a convalidar el texto podrían presentar la votación como una respuesta directa al clamor de la calle. La campaña electoral del 29-N arranca el 13. El calendario no es un detalle: coloca el decreto de vivienda en el cruce exacto entre la protesta social, la contienda electoral y la aritmética parlamentaria.
El texto, bautizado como Maricarmen en homenaje a la anciana que falleció tras ser desahuciada en Madrid, incluye una moratoria antidesahucios y un paquete de protección para inquilinos y pequeños propietarios. No es nuevo. El pleno del 2 de octubre lo tumbó con los votos en contra del PP, Vox y Junts, y aquel rechazo fue el detonante que llevó a Pedro Sánchez a precipitar las elecciones generales. Ahora vuelve por la puerta de la Diputación Permanente, el órgano que asume las competencias parlamentarias con las Cortes disueltas.
Ahí deja de ser comparsa el Grupo Parlamentario Sumar. Sus 31 escaños lo sitúan como segundo bloque de la mayoría que sostiene al Gobierno y su voto funciona como termómetro del espacio antes de una cita electoral que no admite ensayos. No es una votación cualquiera. Es la primera prueba de fuerza tras la ruptura del 2 de octubre, y llega con las confluentes mirando cada gesto.
Hay una lectura que Sumar conoce bien: la moratoria antidesahucios es una bandera que el espacio reclama desde hace años y que ahora llega empaquetada en un decreto del ala socialista del Ejecutivo. Reivindicarla como conquista propia sin quedar como quien gestiona la emergencia en lugar de resolverla. Ahí está el equilibrio.
Sumar no se juega solo un voto: se juega que la moratoria antidesahucios no parezca una concesión tardía del PSOE en plena campaña.
El Gobierno, mientras tanto, ha decidido no soltar el marco de la vivienda. El PSOE anunció mociones en todos los ayuntamientos para exigir la convalidación del decreto y para reclamar a las comunidades autónomas que colaboren en su aplicación. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sumó el martes otra cifra a la campaña: 180 millones de euros para reforzar la promoción de vivienda en zonas de mercado tensionado de Catalunya, Navarra, Euskadi, Galicia y Asturias, más 45 millones para plazas de residencias universitarias.
Lo que esta votación mide dentro de Sumar
El mapa interno del espacio no se ha movido tanto como parece. Izquierda Unida, Catalunya en Comú, Compromís, Más Madrid y Más País comparten la bandera de la vivienda, pero no siempre el mismo grado de exigencia ni el mismo calendario. Unos miran la moratoria; otros, la regulación de precios del alquiler, una demanda que recorre todo el espacio y que ninguna de sus partes quiere ver amortizada por un decreto ajeno. La diferencia no es menor: marca hasta dónde puede Sumar presentar el texto como propio sin abrir un flanco por su izquierda.
Y luego está Podemos. Las cinco diputadas de Ione Belarra e Irene Montero concurrieron por separado en 2023 y sostienen una relación compleja con Sumar, hecha de coincidencias de fondo y de competencia en el relato. En una votación como esta, el acuerdo es casi inevitable. El problema es de propiedad: quién capitaliza el logro ante el electorado del 29-N. Ese es el pulso real.
El Consejo de Ministros quiere seguir aprobando decretos sociales cada martes hasta el 29-N, en un Ejecutivo que ya no puede sacar leyes adelante, solo decretos. Quedan pendientes una nueva subida del salario mínimo y la revalorización de las pensiones. Para Sumar son, además, el terreno donde su perfil propio se distingue mejor del PSOE. La vivienda abre el fuego; el SMI y las pensiones son el resto de la munición.
La Dinámica de Coalición
Dentro de Sumar, el equilibrio se sostiene sobre un dato incómodo: el grupo tiene 31 escaños y ninguna de sus partes puede reclamar la autoría completa de la moratoria. El texto sale del Consejo de Ministros, lo defiende el PSOE y lo votará una mayoría en la que Sumar es imprescindible pero no determinante. Eso obliga a la dirección de Yolanda Díaz a un ejercicio fino: exhibir influencia sin exagerarla, porque cada anuncio se contrasta después con el Boletín Oficial del Estado.
Con el PSOE, la relación es de utilidad mutua y desconfianza contenida. Al Gobierno le conviene que la convalidación se lea como respuesta a la huelga general del 11 de noviembre; a Sumar le conviene que se lea como una conquista del espacio arrancada a un socio que llegó tarde. Las dos lecturas son compatibles mientras el texto salga adelante. Si no sale, el reproche será cruzado y la campaña arrancará con un fracaso compartido. Las cuentas no cuadran si cada uno cuenta distinto.
La proyección es clara. La sesión de la Diputación Permanente, probablemente el 12 de noviembre, será el último gesto parlamentario relevante antes de la cita electoral, con la campaña ya abierta al día siguiente. Después, el calendario manda: el 29-N, la constitución de las nuevas Cortes y la pregunta de siempre, si Sumar sale reforzado o si el espacio vuelve a discutir su propia arquitectura. El tiempo lo dirá.
Ficha del Caso
- El caso: La Diputación Permanente del Congreso debe convalidar el decreto de vivienda, con moratoria antidesahucios incluida, en la semana del 11 de noviembre, entre la huelga general y el arranque de la campaña del 29-N.
- Datos importantes: 31 escaños del Grupo Parlamentario Sumar; el texto fue tumbado el 2 de octubre por PP, Vox y Junts; sesión posible el 12 de noviembre; 180 millones para vivienda en zonas tensionadas y 45 millones para residencias universitarias.
- Resumen: La votación funciona como test de cohesión de la mayoría y como medida del margen real de Sumar antes del 29-N, con sus confluentes y Podemos atentos al rédito político del decreto.
