El plan de la AfD para desarmar la Unión Europea ya tiene fecha de inicio: 2029. La formación ultraderechista alemana presentó el miércoles en Estrasburgo un documento programático que no propone ajustes administrativos, sino una demolición por fases del modelo comunitario. Alice Weidel se definió ante los periodistas como ‘proeuropea’. El texto que reparte entre los suyos dice otra cosa.
No es un folleto de campaña al uso. Llega una semana después de su victoria en Sajonia-Anhalt y su función es convertir ese resultado en una hoja de ruta continental: primero erosionar, después renegociar. La Alternativa para Alemania lleva años coqueteando con la salida del euro. Ahora ha cambiado de estrategia: quedarse dentro para vaciarlo.
Qué desmonta el documento, punto por punto
El primer pilar que cae es la representación directa. La AfD quiere eliminar las elecciones europeas y convertir la Eurocámara en una asamblea de diputados delegados designados por los parlamentos nacionales. Traducido: los 720 escaños que hoy eligen los ciudadanos cada cinco años, pasarían a repartirse en Berlín, Madrid o Roma, según la correlación de fuerzas de cada capital.
El segundo es el Ejecutivo comunitario. La Comisión Europea perdería su condición de ejecutivo y quedaría reducida a una oficina de coordinación; las agencias y direcciones generales consideradas ‘superfluas’ desaparecerían. Las decisiones se tomarían únicamente entre jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo, lo que en la práctica devuelve el mando a las capitales grandes y diluye el peso de los parlamentos nacionales en la fase de aplicación.
El tercero es el orden jurídico. La AfD quiere terminar con el Tribunal de Justicia de la UE y sustituirlo por un ‘Tribunal Europeo de Arbitraje’ sin potestad sobre las constituciones nacionales. El derecho propio primaría sobre el comunitario. Es la pieza más delicada del plan, porque sin primacía del derecho europeo no existe mercado único ni reconocimiento mutuo: cada norma dejaría de valer en cuanto un Estado la declarara incompatible. Demolición por fases.
En lo económico, el texto evita la palabra salida. Ya no se dice abiertamente que se quiera abandonar el euro; se busca estrangular la solidaridad financiera desde dentro. La AfD amenaza con usar el veto alemán para bloquear cualquier ley de financiación europea si Bruselas no acepta sus reformas, exige más poder alemán en el Banco Central Europeo y quiere prohibir la emisión de deuda conjunta. ‘El euro es un constructo erróneo que le está costando a Alemania’, sostiene Weidel.
El plan de Weidel no necesita ganar en 2029 para funcionar: le basta con que Berlín llegue a esa fecha con la amenaza del veto en la mano.
El paquete se completa con el capítulo cultural y migratorio. Supresión íntegra del Pacto Verde, rechazo absoluto de las cuotas de asilo, fin de los programas de género, diversidad LGTBQ y educación sexual en los colegios, y blindaje de competencias para que Alemania pueda eximirse de las directrices comunes. El documento llega a definir la familia como ‘un hombre, una mujer y sus hijos’. La Unión que queda es un mercado de libre comercio con un puñado de competencias para rechazar migrantes en la frontera.
El calendario, en fin, es lo más revelador. Primera fase, de dos a tres años: recortar el gasto dedicado a Europa y usar el poder de veto como palanca. Segunda fase, de cinco a siete años: revisar los Tratados para blindar las exenciones alemanas. La arquitectura institucional no se toca hoy. Se desgasta primero y se reescribe después, con una mayoría distinta sentada en la sala.
El ultimátum de Weidel y la geometría variable de la ultraderecha europea
El mensaje oficial fue un ultimátum con guante blanco. Si la AfD llega al Gobierno federal y no logra ‘cambios sustanciales en la UE en beneficio de los intereses alemanes’, entonces ‘el propio pueblo alemán deberá decidir qué rumbo quiere seguir Alemania en su política europea’. No se pronuncia la palabra referéndum. No hace falta: la estructura de la frase deja la puerta abierta sin asumir el coste de empujarla.
La coreografía tampoco es casual. Llega siete días después de que Marine Le Pen compareciera en Bruselas para anunciar, si gobernara, el fin de las ayudas a Ucrania. En la sala estaba Roberto Vannacci, el general ultra italiano que disputa a Giorgia Meloni el voto más extremista. Son actores distintos, con partidos distintos y electorados que no siempre se hablan, pero con una agenda convergente: menos Bruselas, menos solidaridad, menos derechos.
La AfD busca ahora puentes hacia los Patriotas, el grupo en el que se sienta Vox, y hacia los Conservadores y Reformistas. Hasta hoy, ambas familias la han considerado demasiado radical. La pregunta que se hace en los pasillos del hemiciclo es si ese cordón se sostiene cuando las encuestas alemanas consoliden a la AfD por encima del veinte por ciento.
Conviene recordar el cerrojo legal. Reformar los Tratados exige unanimidad en el Consejo Europeo y ratificación en los Veintisiete parlamentos nacionales, incluidos los de países que no van a aceptar ni de lejos este programa. Por eso el objetivo real de la AfD no es el texto de 2026, sino la aritmética de 2029, cuando coinciden las elecciones europeas con el final de la legislatura alemana. El plan no consiste en ganar la votación. Consiste en tener el veto cuando llegue.
El Eje del Poder Europeo
La lectura que hacemos en esta redacción es que el documento de la AfD funciona como espejo deformado de una discusión que ya está abierta en Bruselas: quién manda, quién paga y hasta dónde llega la solidaridad. Berlín es el mayor contribuyente neto y su veto pesa más que cualquier discurso. París reclama más deuda y más fondos comunes para financiar defensa e industria; los frugales del norte —La Haya, Viena, Copenhague, Estocolmo, Helsinki— comparten el rechazo al endeudamiento, pero desde una lógica de austeridad, no de demolición. El sur, con Madrid, Roma, Lisboa y Atenas a la cabeza, vive de la cohesión y de los fondos agrarios. Y Visegrado suscribe buena parte de la agenda cultural de Weidel, aunque Polonia, por su cuenta y por su frontera, no está hoy en la órbita de quien cuestiona la ayuda a Ucrania.
Para España el riesgo es directo y no abstracto. El próximo Marco Financiero Plurianual, que debe cerrarse antes de que expire el actual en 2027, es la negociación donde se decide el tamaño de la política de cohesión, de la PAC y de los fondos de transición energética. Un socio grande que amenaza con vetar cualquier ley de financiación no negocia un presupuesto: negocia la existencia misma del club. Eso convierte cada reunión técnica del Consejo en una prueba de resistencia y deja a Moncloa con un argumentario incómodo, porque parte de esa agenda institucional tiene eco en socios parlamentarios del Gobierno en España.
El precedente más útil no es el Brexit, aunque se le parezca en el método de los opt-outs blindados. Es la crisis del euro de 2010-2012, cuando la respuesta a la desconfianza fue más intergubernamentalismo y menos comunidad, y cada capital aprendió a extraer concesiones a cambio de firmar. Aquel giro dejó una Unión más lenta y más rehén de sus grandes socios. Este plan quiere llevar esa lógica al extremo: una Unión sin elecciones directas, sin tribunal supremo y sin deuda compartida es, en la práctica, un área de libre comercio con bandera.
A cinco y diez años, el escenario más probable no es la demolición legal, sino la parálisis selectiva. Una minoría de bloqueo bien colocada puede tumbar una ley de financiación, retrasar una ampliación o vaciar un reglamento climático sin tocar una coma de los Tratados. Ahí está el punto débil del análisis que la propia AfD hace de sí misma: su programa necesita mayorías que hoy no tiene en ningún parlamento nacional salvo el suyo. Y el punto débil del análisis contrario es creer que el cordón sanitario aguanta para siempre. No aguanta. Solo compra tiempo.
El siguiente examen llega con los números del próximo presupuesto europeo sobre la mesa y con las elecciones europeas de junio de 2029 en el horizonte. Hasta entonces, cada gesto de la AfD en Estrasburgo se mide con la misma vara: no por lo que propone, sino por lo que consigue que Bruselas deje de proponer.
